Jorge Gómez Barata
INTERPOL ha certificado que los ordenadores ocupados en el sitio donde fue ultimado Raúl Reyes no fueron trucados: ¿Quién certifica a INTERPOL?
Se trata de tres ordenadores, dos discos duros externos, y tres llaves o memorias USB, ocupadas el primero de marzo durante la incursión de las fuerzas armadas colombianas a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y que, presumiblemente pertenecieron a Raúl Reyes, integrante del alto mando de la organización guerrillera.
Las dudas comenzaron en el momento en que el gobierno colombiano entregó las presuntas evidencias e INTERPOL aceptó el cometido, a pesar de que expresamente sus estatutos le prohíben involucrarse en asuntos de naturaleza política o militar. Así comenzó un procedimiento irregular e insólito, en virtud del cual, en un delicado diferendo internacional, se da por bueno el dictamen de una organización dedicada a perseguir delincuentes, sin crédito en materia informática, ni mandato para resolver litigios internacionales.
No se trata sólo de poner en duda el informe de INTERPOL, sino de cuestionar toda la gestión por carecer de seriedad y estar viciada de origen. Nadie sabe por qué INTERPOL aceptó como evidencia artefactos que no fueron ocupados por ella, cuyo origen no le consta y respecto a los cuales se han violado escandalosamente los requisitos de la cadena de custodia.
Por medio de la televisión y el cine, las personas están familiarizadas con la escrupulosidad con que las organizaciones policiales, los investigadores, los forenses y los expertos en diversas disciplinas, se esmeran para preservar la escena de los sucesos criminales y su celo para dejar constancia fotográfica o fílmica de cada evidencia, huella, fragmento o artefacto y sobre todo, documentar el modo en que son ocupados, etiquetados, sellados y trasladados, única posibilidad de que una corte o un juez respetable las acepte como elemento incriminatorio.
Esas precauciones obedecen, entre otras razones, a la extendida práctica de “sembrar evidencias” en la que participan tanto los delincuentes, el crimen organizado, como los políticos, policías, detectives o agentes corruptos. La observancia de la cadena de custodia es la “prueba de las pruebas.”
El affaire se complica ahora porque se trata de lo que pudiéramos llamar delitos o experticias informáticas, una especialidad novedosa, relativamente subjetiva y para nada de exactitud milimétrica. Precisamente entre los delitos informáticos más frecuentes figuran los atentados a la integridad de equipos de computación, bases de datos, archivos y sistemas computarizados, sobre todo para falsificarlos y alterar su contenido. Según expertos, del mismo modo que no se ha inventado todavía el modo seguro de borrar un archivo después de creado, tampoco se ha logrado impedir que sean adulterados.
¿Cómo sabe INTERPOL que los ordenadores entregados por Colombia pertenecían a Raúl Reyes? ¿Si no lo puede afirmar a quién incrimina su informe? ¿Qué ocurrió con los ordenadores entre el día primero y el 3? ¿Quién o quiénes los custodiaron o manipularon antes de llegar a manos de INTERPOL y para qué? ¿Quién en INTERPOL firmó las actas donde se debería, con todo detalle, dar cuenta de las acciones realizadas para arribar a las conclusiones divulgadas? ¿Dónde están las fotografías o las cintas de video del momento de la ocupación y de las acciones posteriores realizadas con los equipos?
No basta con que una persona escriba en su computadora que Hugo Chávez y Rafael Correa son sus amigos para que en realidad lo sean. También Venezuela pudiera enviar a INTERPOL un ordenador donde un funcionario colombiano muerto rebele que Álvaro Uribe es un asalariado de la KGB o de la CIA. Cualquiera puede escribir lo que le plazca de quienquiera sin que ello constituya evidencia de nada.
En realidad el affaire de los ordenadores, más que una evidencia criminal, parece una cortina de humo, una torpe maniobra, destinada a desviar la atención del único hecho objetivo y probado y de máxima gravedad, que es la incursión de tropas de Colombia en territorio de Ecuador y la ejecución extrajudicial de un grupo de personas por tropas que se tomaron la justicia por su mano.
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