Por: Ricardo Abud
La pregunta duele porque es justa, nace desde las ruinas y no tiene una respuesta sencilla. No es una frase lanzada desde la comodidad académica ni desde la distancia ideológica: es el grito de un pueblo exhausto que ha visto cómo le arrancaron el futuro delante de sus propios ojos. Hacerla obliga a mirar hacia un espejo que nadie quiere sostener demasiado tiempo.
¿Qué crimen cometió el venezolano común el obrero de Guayana, la maestra de Maracaibo, el campesino del llano, el estudiante que soñaba con ser médico para merecer lo que le ha sido hecho? ¿Qué pecado original cargamos para que quienes juraron defender al pueblo lo hayan devorado con tanta impunidad, con tanta frialdad, con tanta sonrisa?La respuesta más honesta es también la peor: ninguno. No hemos cometido ningun crimen. No merecimos este destino. Un pueblo que ha aprendido a despedirse demasiado, despedirse de los hijos que emigran, de los padres que mueren sin medicinas, de los salarios convertidos en ceniza, de las ciudades apagadas, de la esperanza convertida en costumbre rota se enfrenta hoy a una traición profundamente obscena, perversa.
Venezuela no fue destruida únicamente por un modelo económico fracasado, ni solamente por sanciones, ni exclusivamente por conspiraciones externas. Venezuela fue devastada por una degradación moral de su dirigencia, una tragedia ética antes que ideológica. El país fue saqueado por élites que descubrieron que el poder era más rentable que la patria, convirtiendo la nación en el patrimonio privado de sus dirigentes, nunca han querido a nuestra amada patria.
Venezuela no fue destruida por una sola mano. Fue destruida por dos tendencias que, en apariencia, se odiaban, pero que en lo profundo compartían la misma hambre. Durante años, el discurso político venezolano se dividió entre consignas, himnos y banderas. Se habló de revolución, democracia, soberanía, resistencia, pueblo, libertad. Pero mientras el país discutía símbolos, una parte importante de la dirigencia convirtió a Venezuela en un gran mercado negro del poder, un territorio de negocios privados disfrazados de luchas históricas donde muchos líderes dejaron de pensar como servidores públicos y comenzaron a actuar como administradores de un botín.
Por un lado, el proyecto bolivariano que nació con la energía genuina de millones que creían que algo fundamental debía cambiar en un país donde el petróleo enriquecía a pocos mientras las barriadas crecían sobre los cerros como heridas abiertas fue secuestrado desde adentro. No por el imperialismo, aunque ese cómodo fantasma sirvió de cortina durante dos décadas. Fue secuestrado por quienes lo administraron: una burocracia revolucionaria que aprendió, con asombrosa rapidez, que la revolución era más rentable como discurso que como práctica y más útil como escudo que como proyecto.
Las mansiones en La Lagunita, los apartamentos en Madrid, las cuentas en Andorra, los contratos inflados, los dólares preferenciales desviados, PDVSA convertida en caja chica de un Estado patrimonialista: todo eso no es el resultado de una conspiración externa. Es el resultado de decisiones internas, tomadas por personas con nombres y apellidos, que eligieron el saqueo sobre la gestión, el privilegio sobre el servicio, la impunidad sobre la responsabilidad.
Mientras millones hacían colas interminables por comida o medicamentos, surgía una nueva casta obscena de funcionarios enriquecidos en tiempo récord, burócratas convertidos en magnates, militares administrando negocios y operadores políticos viajando en aviones privados mientras hablaban de bloqueo y resistencia popular. Construyeron una liturgia revolucionaria donde el sacrificio era exigido únicamente al pueblo, transformando el movimiento en una maquinaria de privilegios sostenida por el sufrimiento colectivo. Vivieron como una aristocracia tropical blindada por escoltas, privilegios y cuentas opacas.
El discurso antiimperialista que tiene raíces históricas legítimas en América Latina, y que en Venezuela encontró suelo fértil fue vaciado de contenido moral y convertido en arma retórica. Cada denuncia de corrupción se respondía con una acusación de traición a la patria. Cada señal de alarma se sofocaba con el mantra del enemigo externo. Así, mientras el Arco Minero devastaba la Amazonía venezolana esa misma naturaleza que el discurso oficial prometía defender, mientras se entregaban concesiones a empresas transnacionales sin licitación ni transparencia, y mientras el oro venezolano viajaba a países extranjeros en aviones cargados de soberanía vendida por kilo, los herederos del bolivarianismo seguían pronunciando discursos sobre dignidad nacional ante cámaras encendidas.
La contradicción no les incomodaba. Habían aprendido a vivir dentro de ella como se vive dentro de una casa en ruinas: ignorando los crujidos.
Sería deshonesto y en el fondo, cómplice detenerse ahí, porque la otra cara de esta moneda, la que se vendió durante años como alternativa moral, como esperanza democrática y como proyecto de rescate nacional, tampoco tiene las manos limpias. La oposición venezolana con sus honrosas y genuinas excepciones, que existen y merecen ser reconocidas, construyó su propia aristocracia del fracaso. Sectores que decían luchar por la democracia comenzaron a vivir de la tragedia venezolana como una industria política. Algunos transformaron el dolor nacional en carrera diplomática, en financiamiento internacional, en protagonismo mediático o en negociación personal. El país se convirtió para ellos en una escalera, acabaron con empresas venezolanas en el extranjero: Monomeros y CITGO.
Muchas veces negociaron a espaldas del pueblo que decían representar. El llamado a la calle sirvió, en no pocas ocasiones, para mejorar las condiciones de una negociación que nadie conocería hasta que fuera demasiado tarde. La denuncia del autoritarismo fue selectiva, dirigida a audiencias internacionales y financiadores externos, más que a la conciencia del venezolano común que no tenía tiempo para leer comunicados porque estaba haciendo cola para conseguir insulina.
Las sanciones económicas instrumento de presión de gobiernos extranjeros, diseñado en Washington con la bendición o el silencio cómplice de dirigentes opositores no tocaron el poder. Lo saben todos los que han estudiado el fenómeno con honestidad intelectual. Las sanciones golpearon al ciudadano. Cerraron los hospitales que ya estaban agonizando y secaron las importaciones que ya eran insuficientes. Y mientras eso ocurría, sectores importantes de la dirigencia opositora guardaban silencio sobre esos efectos o, peor, los celebraban como señales de presión efectiva. ¿Efectiva para quién? No para el niño con desnutrición en el hospital de Maturín.
Y allí apareció una de las heridas más profundas del venezolano contemporáneo: la sensación de abandono absoluto. El ciudadano común observó cómo dirigentes oficialistas y opositores podían insultarse de día y coexistir de noche dentro del mismo ecosistema de privilegios. Algunos de ellos también prepararon su exilio. También compraron propiedades en el exterior y enviaron a sus hijos a universidades europeas mientras pedían a los jóvenes venezolanos que resistieran, que no emigraran, que la lucha valía la pena. El discurso del sacrificio lo pronunciaban desde la comodidad; la resistencia se la pedían a otros.
Mientras el pueblo enterraba familiares por falta de insumos médicos o cruzaba fronteras caminando, muchos líderes preparaban discretamente su “exilio dorado”: apartamentos en Madrid, cuentas en Miami, inversiones en Panamá, hijos estudiando fuera y fortunas protegidas lejos del caos que ayudaron a crear. Eso también es una forma de traición, menos obvia que el saqueo gubernamental, pero igualmente real en sus efectos sobre la dignidad de quienes creyeron. La patria para ellos fue un negocio temporal; para el pueblo, una condena permanente.
Lo que ocurrió con Venezuela tiene un nombre preciso en la historia política: la conversión de una nación en patrimonio privado de sus élites. No es un fenómeno exclusivamente venezolano la historia latinoamericana está llena de variantes pero en Venezuela adquirió dimensiones casi bíblicas por la escala de los recursos disponibles y la velocidad de su devastación. Diversos análisis sobre Venezuela han señalado cómo la corrupción estructural, la cooptación institucional y el deterioro democrático terminaron convirtiéndose en elementos centrales de la crisis nacional, más allá de las etiquetas ideológicas. Algunos analistas han descrito el caso venezolano como una forma de “autoritarismo caótico”, donde la corrupción, el deterioro institucional y las redes de poder terminan sustituyendo el funcionamiento normal del Estado.
Las huellas de ese saqueo están por todas partes. Obras gigantescas anunciadas con cadenas y aplausos quedaron convertidas en esqueletos de concreto abandonados bajo el sol y la maleza. Hospitales inaugurados sin funcionar, puentes que no conectan nada, centrales eléctricas multimillonarias incapaces de alumbrar ciudades enteras y sistemas de agua colapsados en un país atravesado por algunos de los ríos más poderosos del continente. Venezuela terminó convertida en una amarga paradoja: un territorio rico donde la gente vive como si habitara una nación sitiada por la escasez perpetua.
El caos hídrico y eléctrico dejó de ser una emergencia para convertirse en la rutina humillante del ciudadano. La electricidad se va como si el país estuviera envejeciendo por dentro, pudriéndose lentamente desde sus entrañas institucionales. El agua llega cuando quiere, si llega. Familias enteras almacenan tobos y recipientes como si vivieran en campamentos improvisados y no en ciudades modernas. El venezolano aprendió a cocinar a oscuras, a dormir bajo apagones interminables, a perder alimentos, medicinas y tranquilidad por culpa de un Estado incapaz de sostener los servicios más básicos.
Detrás de cada apagón, detrás de cada tubería seca, detrás de cada obra inconclusa, hay fortunas desaparecidas. Miles de millones evaporados entre corrupción, sobreprecios, empresas fantasmas y complicidades políticas. El deterioro no fue accidental: fue administrado. Un país petrolero quedó reducido al colapso, con universidades vaciadas, maestros condenados al hambre e instituciones en el piso.
La contradicción más absurda aparece cuando se observa el discurso antiimperialista histórico frente a la realidad contemporánea. Durante décadas se habló de soberanía nacional como principio sagrado y se denunciaba la injerencia extranjera con fervor casi religioso. Pero luego llegaron los silencios convenientes y negociados. Mientras se pronunciaban discursos encendidos sobre independencia, el país se fue entregando pedazo por pedazo a intereses externos, alianzas opacas y dependencias económicas humillantes. Y parte de la oposición, que antes denunciaba la destrucción institucional, terminó también subordinando su agenda a cálculos internacionales, esperando salvaciones extranjeras o validaciones geopolíticas antes que reconstrucciones nacionales.
El resultado fue devastador: una nación sin conducción moral. Un país donde demasiados dirigentes dejaron de preguntarse qué necesitaba Venezuela y comenzaron únicamente a preguntarse qué podían obtener de ella.
En todo este análisis, hay un protagonista que suele aparecer como figura abstracta pero que es, en realidad, el único personaje concreto de esta historia: el venezolano de a pie. El que tomó decisiones de vida basado en promesas que no se cumplirían; el que votó creyendo que su voto importaba y que quien ganara tendría algún nivel de compromiso con su bienestar; el que se quedó cuando todos le decían que se fuera, porque amaba su tierra con esa clase de amor irracional y profundo que no admite explicación fácil.
El que finalmente se fue siete, ocho, diez millones de personas en el éxodo más grande de la historia latinoamericana reciente no porque quisiera, sino porque fue empujado por el hambre, la violencia, la enfermedad y la falta de futuro. Venezuela se convirtió en un país donde sobrevivir consume toda la energía que debería destinarse a vivir, a crear, a imaginar el futuro. Ese agotamiento no fue accidental: fue el resultado acumulado de decisiones que privilegiaron el saqueo sobre la gestión, la propaganda sobre la infraestructura, el acto inaugural sobre la obra terminada.
La profundidad de esa traición radica, precisamente, en que no fue un accidente de gestión ni una consecuencia inesperada; fue un proceso sistemático. Cuando un liderazgo político subordina el destino de una nación entera a sus propios intereses, el desmantelamiento social se convierte en una herramienta de control y enriquecimiento.
Al mirar el impacto en el núcleo de la sociedad, se hacen evidentes tres dimensiones de esta ruptura:
El desarraigo como estrategia: La migración masiva de millones de personas no sólo alivió la presión sobre un Estado incapaz de proveer servicios mínimos, sino que transformó la estructura afectiva y económica de los hogares. La distancia física rompió las redes de apoyo natural, dejando a los extremos de la vida los niños y los ancianos en una vulnerabilidad inédita.
La sustitución de la vida por la supervivencia: Cuando el día a día se consume enteramente en resolver cómo conseguir agua, luz, medicinas o alimentos, se anula la capacidad de planificar el futuro. Una sociedad agotada por la inmediatez de la subsistencia tiene menos espacio para la organización, la protesta y la exigencia de derechos.
La quiebra de la confianza histórica: Al usar discursos de redención, soberanía o democracia para camuflar el saqueo, destruyeron el pacto invisible que une a los ciudadanos con sus líderes e instituciones. Instauraron un cinismo colectivo donde la dignidad empezó a verse como una ingenuidad y la viveza como la única forma de salvarse.
Destruir los puentes, dejar los hospitales en escombros o quebrar las industrias es un daño material severo, pero reversible con recursos y tiempo. Sin embargo, fracturar el tejido afectivo de un país, dispersar a sus generaciones por varios continentes y obligar a una sociedad a aprender a quererse a la distancia es una herida antropológica que toma décadas sanar. Como bien describe el artículo, sabían perfectamente el costo humano de sus decisiones, y aun así, eligieron el botín por encima de la patria.
Mientras el pueblo se rompía emocionalmente, gran parte de la dirigencia siguió atrapada en sus disputas de poder, indiferente al daño antropológico que estaban causando. Destruir una economía puede tomar años; destruir el tejido afectivo de una nación puede tomar generaciones.
La corrupción venezolana no fue solo robo de dinero. Fue algo mucho peor: el robo de la confianza histórica. Le robaron al venezolano la fe en las instituciones, en la política, en la palabra pública, en el mérito, en la justicia y hasta en el futuro. Destruyeron el pacto invisible que sostiene a las naciones: la idea de que el sacrificio colectivo tiene algún sentido. Cuando una sociedad pierde esa fe, entra en un territorio peligrosísimo: el cinismo nacional. Ese lugar oscuro donde la gente deja de creer en todo, donde la corrupción se normaliza, donde la dignidad parece ingenua y donde sobrevivir sustituye a vivir.
La ironía se vuelve casi insoportable al comparar las épocas del país. La Cuarta República ese régimen que el chavismo convirtió en sinónimo de todo lo que Venezuela debía superar tuvo, con todos sus vicios, una coherencia que sus sucesores nunca pudieron igualar ni en sus mejores momentos. Los partidos de aquella época no proclamaban la revolución de los humildes: eran abiertamente élites que gobernaban para élites, y en esa honestidad al menos no había la hipocresía de prometer el paraíso mientras se construía el infierno. La Cuarta persiguió, encarceló y reprimió, como hacen los poderes que se sienten amenazados, pero no llenó sus cárceles con la misma cantidad ni la misma saña sistemática que caracterizó a quienes llegaron jurando liberación.
Un proyecto que se definió a sí mismo como socialista, como antiimperialista, como heredero de los oprimidos de la tierra, acumuló una enorme cantidad de presos políticos, recurriendo a dinámicas de rehenes donde se libera a unos pocos según las necesidades de una negociación de turno, como si soltar a quienes nunca debieron ser capturados fuera un gesto de magnanimidad y no una confesión de culpa. La Quinta República no superó a la Cuarta: la plagió en lo peor y descartó lo poco que tenía de funcional, añadiéndole además el peso insoportable de la promesa traicionada. Porque gobernar mal sin haber prometido nada es mediocridad. Gobernar peor después de haber prometido todo es algo que el idioma político no tiene una palabra suficientemente precisa para nombrar, aunque la moral sí la tiene: es infamia.
Cuando se escribe con honestidad la historia contemporánea de Venezuela, se comprende que la mayor tragedia no fue solamente económica ni política. Fue espiritual. Fue la conversión de la política en un mercado de ambiciones personales donde demasiados dirigentes dejaron de amar al país y comenzaron simplemente a explotarlo.
Los pueblos no olvidan. Pueden tardar, pueden ser manipulados, divididos, agotados y estar dispersos en diez países distintos sobreviviendo en condiciones de precariedad que no merecían, pero la historia siempre termina levantando acta. Ningún aparato propagandístico logra borrar para siempre el hambre, el exilio, la humillación ni la traición.
La historia venezolana tendrá que ser escrita con toda su crudeza, sin las mitologías que cada bando construyó para protegerse del juicio y sin los relatos heroicos que ocultan las complicidades. Deberá registrar los nombres de quienes se enriquecieron, las cifras de lo robado y la geografía del exilio dorado. Quedará consignado que Venezuela no cayó únicamente por fuerzas oscuras del exterior, aunque estas existieron y actuaron, sino que fue traicionada desde adentro, con premeditación, por personas que conocían exactamente lo que hacían y eligieron hacerlo de todas formas.
El problema de Venezuela no es ideológico en su raíz más profunda. Es moral. Es la historia de una élite gubernamental y opositora, roja y tricolor que perdió, o quizás nunca tuvo, el sentido de lo que significa ser responsable de un pueblo; que confundió el poder con la propiedad, trató al Estado como herencia familiar y usó la política no como vocación de servicio sino como método de enriquecimiento con discurso de por medio.
Sin embargo, incluso en medio de tanta devastación, permanece algo que las élites nunca pudieron saquear completamente: la memoria moral de los pueblos. Los venezolanos sobreviven. En Caracas y en Lima, en Bogotá y en Madrid, en Santiago y en Miami, millones de venezolanos trabajan, construyen, educan a sus hijos, mantienen su humor extraordinario y su afecto desconcertante, y guardan en algún lugar del pecho una imagen de su país que nadie ha podido robarles todavía. Ese es el único capital que la clase política no logró saquear, porque está depositada en la memoria y en el amor de quienes la cargan.
Venezuela merece un juicio honesto de su historia. No el juicio de los vencedores que reescriben el pasado a su conveniencia, ni el juicio de los resentidos que solo buscan venganza sin justicia, sino el juicio sereno, documentado y sin misericordia para la mentira, que permita entender qué ocurrió realmente, quiénes tomaron qué decisiones y a qué costo humano.
Ese juicio llegará. Los pueblos, cuando se cansan de sobrevivir, empiezan a exigir cuentas. Y las cuentas de Venezuela son largas, están detalladas en el sufrimiento de millones, y llevan nombres propios en cada renglón.
A quienes traicionaron: la historia no tiene ni tendrá compasión con su silencio cómplice ni con su discurso hueco.
Entonces la pregunta seguirá flotando sobre las ruinas, incómoda y feroz: ¿Qué le hizo realmente el pueblo venezolano a sus dirigentes para merecer tanto desprecio?
Tal vez nada.
Tal vez el verdadero pecado del venezolano fue confiar demasiado.
Y la historia, tarde o temprano, siempre termina juzgando a quienes convierten la patria en mercancía y al pueblo en víctima de sus negocios.
A las naciones que se niegan a morir, y a Venezuela: todavía.
"Las naciones no mueren cuando las derrotan. Mueren cuando se resignan a merecer la derrota."
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
P.D. Me retiro con un profundo pesar, viendo cómo, tras décadas de discursos encendidos sobre soberanía, independencia y dignidad, terminan de entregarle el país a los intereses de Estados Unidos. Es la capitulación final de una clase política que usó la bandera como mercancía; un bando que se arrodilla en secreto para salvar sus privilegios y otro que siempre esperó tutelajes extranjeros. Al final, los mismos que juraron defender la patria la convirtieron en una zona de remate, dejando al pueblo atrapado en la amarga paradoja de ver su destino decidido, una vez más, lejos de sus propias manos. Disculpen lo extenso, fue necesario.
Aqui les dejo el Twuit de Claudio Fermin y señalo: La verdadera grandeza de un ciudadano radica en su capacidad de anteponer la integridad de la patria ante cualquier interés particular o partidista. En el mensaje compartido, Claudio Fermín levanta un estandarte de denuncia frente a lo que describe como el despojo sistemático de los activos y la soberanía venezolana.
Es un acto de patriotismo señalar, sin cortapisas, las agresiones externas y la entrega de los recursos naturales que pertenecen al pueblo. Mientras otros guardan silencio por conveniencia o cálculo político, esta postura reivindica la defensa de la dignidad nacional como un principio innegociable. Hablar con crudeza sobre el destino de nuestro petróleo, nuestro uranio y la soberanía del suelo patrio no es solo un ejercicio de crítica; es un llamado a la conciencia de una nación que exige ser respetada y defendida en su integridad, lejos de los "besamanos" y las posturas entreguistas que han buscado minar la fortaleza de Venezuela.
La historia recordará a quienes, en tiempos de prueba, tuvieron el valor de alzar la voz por la soberanía de la patria, independientemente del costo político que ello implicara.
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