El precio de la tiza y la vergüenza: cuando la burla oficial se disfraza de educación (12,50Bs)

Por: Ricardo abud

 Doce bolívares con cincuenta céntimos. Esa cifra, que no alcanza ni para comprar un caramelo en cualquier esquina de Caracas, fue el "incentivo" depositado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación a miles de docentes, administrativos y obreros como bono de inicio del año escolar.

Notificado a través de Telegram como una promoción de supermercado, este monto representa apenas el 6,25 % de un pasaje urbano de 200 bolívares y el 1,5 % de una divisa oficial cotizada en 832,48 bolívares. No es un beneficio: es una limosna entregada con la frialdad de quien ignora la realidad. La matemática, por desgracia, no tiene ideología, y esta es obscena. Un maestro que recibe 12,50 bolívares ni siquiera puede pagar el 10 % de un solo trayecto en transporte público, necesitando dieciséis veces esa cantidad solo para llegar a su puesto de trabajo. Mientras las autoridades hablan en sus discursos de "esfuerzos" y de una recuperación salarial de referencia ficticia, la Venezuela real hace cuentas en la parada de autobús, contando monedas y decidiendo si come o se desplaza.

Este episodio no es un error administrativo, sino la continuación de un plan sistemático de empobrecimiento y control social. El régimen ha convertido la educación pública en un terreno de tierra arrasada, donde la miseria se administra quirúrgicamente mediante bonos de hambre para doblegar la dignidad del gremio y castigar el pensamiento crítico. Vaciar las escuelas de educadores competentes no es un daño colateral, sino el resultado deliberado de un modelo que le teme profundamente a un pueblo educado, libre y capaz de cuestionar el poder.

La contradicción más perversa de este sistema se evidencia cuando se contrasta con su propia propaganda: mientras se pregonan a los cuatro vientos cifras alegres sobre un supuesto crecimiento económico del 7,14 %, en la acera de enfrente ese "milagro" se traduce en un bono escolar de 12,50 bolívares. Es la macroeconomía de fantasía usada para encubrir la microeconomía de la miseria; un relato triunfalista que choca frontalmente con la realidad de un educador que no tiene cómo pagar el transporte. La riqueza que proclaman los boletines oficiales se construye, obscenamente, sobre la explotación y la indigencia de sus trabajadores.

Cuando la indolencia institucional llega al extremo de destinar 12,50 bolívares como "incentivo" mientras se alardean cifras macroeconómicas de crecimiento en cadenas nacionales, queda en evidencia que el cinismo se ha convertido en política de Estado. Ya no se trata solo de una crisis presupuestaria o de incapacidad de gestión; es una desconexión moral absoluta. No hay vergüenza cuando se gobierna de espaldas al ciudadano, disfrazando la miseria con propaganda y exigiendo sacrificios heroicos a quienes sostienen el país, mientras la cúpula oficial vive blindada de la realidad que ellos mismos crearon.

Mientras se dilapidan recursos millonarios en la opulencia de la cúpula gobernante y en la maquinaria de propaganda que sostiene esta mentira nacional, se condena a quienes forman el futuro de la patria a la mendicidad institucionalizada. Es una cobardía moral incalculable obligar a un profesional a elegir entre el hambre de sus hijos y su vocación en el aula, utilizando su necesidad extrema como un mecanismo de chantaje político. Ningún gobierno que asfixie de esta manera el alma de sus escuelas tiene autoridad moral para hablar de soberanía ni de futuro.

El contexto empeora el cuadro: escuelas con graves fallas de infraestructura, un déficit crítico de profesores que abandonan las aulas por sueldos de hambre y un sistema que exige excelencia a cambio de condiciones de supervivencia. Se les pide vocación, paciencia infinita con treinta o cuarenta alumnos por aula y entrega absoluta, mientras el Estado devuelve un desprecio institucional absoluto.

Los 12,50 bolívares son mucho más que una cifra exigua; son el reflejo de la distancia brutal entre quienes gobiernan y quienes sostienen el país. Les pedimos a los educadores que enseñen matemáticas, ciudadanía y valores a las nuevas generaciones, mientras las instituciones demuestran con hechos que el trabajo honesto y la dignidad laboral carecen de valor.

Si el Estado realmente considerara la educación una prioridad, no recurriría a la retórica de los bonos fragmentados. Lo demostraría en una nómina justa, en escuelas dotadas y en la garantía de que un maestro pueda vivir dignamente de su profesión. Todo lo demás es simulación.

Y la próxima vez que un funcionario hable de "recuperar la educación" o agite pancartas de crecimiento económico, bastará con colocar frente a sus ojos una simple ecuación: el pasaje a 200 bolívares y la respuesta del Estado a 12,50. Esa diferencia resume la distancia exacta entre la dignidad de un maestro y la vergüenza de un gobierno.

NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.