Por: Ricardo Abud.
La nueva batalla jurídica de Nicolás Maduro en Estados Unidos no puede entenderse únicamente como un asunto procesal. Detrás de la discusión sobre su inmunidad como jefe de Estado existe un conflicto mucho más profundo, donde se cruzan soberanía, legitimidad política, derecho internacional, intereses estratégicos y, de manera inevitable, el petróleo venezolano.
El 2 de septiembre, la defensa de Maduro solicitó ante un tribunal estadounidense que se desestimaran los cargos en su contra, argumentando que, en su condición de jefe de Estado, estaba protegido por inmunidad. La defensa sostiene que Maduro ocupaba la jefatura del Estado cuando se formularon los cargos y que los hechos imputados estaban relacionados con sus funciones oficiales. El argumento adquiere especial relevancia por una circunstancia que resulta difícil de ignorar: Estados Unidos dejó de reconocer a Maduro como presidente de Venezuela en 2019, pero después de su captura comenzó a reconocer a Delcy Rodríguez como la autoridad venezolana con capacidad para representar al Estado. Esa transformación de la posición estadounidense constituye el núcleo de una de las principales líneas argumentales de la defensa. Y aquí comienza la verdadera complejidad.
Una contradicción política no es necesariamente una contradicción jurídica. Rodríguez no apareció de repente en el escenario venezolano. Formaba parte del gobierno de Maduro y ocupaba la vicepresidencia ejecutiva. Su posterior ascenso a la presidencia interina se produjo dentro de la estructura institucional que existía después de la captura de Maduro. Por eso resulta legítimo formular una pregunta: si Estados Unidos considera que Rodríguez tiene autoridad suficiente para representar al Estado venezolano, ¿qué consecuencias tiene eso sobre la estructura institucional de la cual ella misma formaba parte? Es una pregunta políticamente poderosa, pero hay que resistir la tentación de convertirla automáticamente en una conclusión jurídica. Reconocer a una autoridad como representante de un Estado no significa necesariamente reconocer como legítimo todo el proceso político anterior que condujo a esa autoridad. Un gobierno extranjero puede decidir con quién debe relacionarse y quién puede actuar en nombre de un Estado sin validar retrospectivamente cada una de las decisiones del gobierno precedente. Esta distinción es fundamental. La defensa de Maduro puede utilizar la posición estadounidense respecto de Rodríguez para cuestionar la coherencia de Washington. Lo que todavía tiene que demostrar es que esa aparente contradicción produce una consecuencia jurídica concreta: que Maduro conserva una inmunidad que impide a los tribunales estadounidenses procesarlo. Son cosas muy diferentes.
La inmunidad de los jefes de Estado extranjeros no es una invención de la defensa de Maduro. Existe un principio jurídico internacional que protege a determinados funcionarios extranjeros frente a jurisdicciones de otros Estados. Pero tampoco es correcto convertir esa inmunidad en una especie de blindaje automático. La pregunta decisiva es quién puede ser considerado jefe de Estado a efectos de la jurisdicción estadounidense y qué consecuencias tiene el reconocimiento o no reconocimiento por parte del Ejecutivo estadounidense. Washington sostiene desde 2019 que Maduro no es el jefe de Estado que reconoce. Los tribunales estadounidenses, además, han mostrado históricamente deferencia hacia las determinaciones del Poder Ejecutivo en materia de reconocimiento de gobiernos extranjeros. Por eso, el argumento no puede reducirse a: “Maduro era presidente, por lo tanto tenía inmunidad”. La cuestión real es mucho más compleja: ¿Qué condición jurídica tenía Maduro frente a Estados Unidos cuando se produjeron los hechos, cuando se formularon los cargos y cuando comenzó el proceso, y qué efecto puede tener sobre esa condición el posterior reconocimiento de Delcy Rodríguez? Esa es la pregunta que tendrá que resolver el tribunal. Existe, además, un precedente que dificulta presentar la inmunidad como una cuestión resuelta de antemano: el caso de Manuel Noriega. En 1990, los tribunales estadounidenses no consideraron que su condición de gobernante de Panamá impidiera su procesamiento en Estados Unidos. El precedente no determina necesariamente qué ocurrirá con Maduro, pero demuestra que la condición de gobernante extranjero no constituye, por sí misma, una barrera absoluta frente a la jurisdicción estadounidense.
El petróleo no es una hipótesis: es parte del nuevo tablero. Hay otro elemento que no puede ser tratado como una mera especulación: el petróleo venezolano ocupa un lugar central en la nueva relación entre Washington y Caracas. Después de la salida de Maduro, Estados Unidos impulsó una nueva relación económica con Venezuela acompañada de una apertura significativa de su industria energética a capital privado y extranjero. Se han promovido acuerdos con empresas internacionales y una reorganización del sector destinada a aumentar la producción y atraer inversiones. La dimensión económica de esta transformación es enorme. Por eso sería ingenuo analizar la política estadounidense hacia Venezuela ignorando el petróleo. Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del mundo y su industria constituye uno de los activos estratégicos más importantes del hemisferio occidental. El petróleo, por tanto, no es simplemente uno de los muchos elementos secundarios de esta nueva relación. Es uno de sus principales intereses materiales. Pero reconocer esa realidad tampoco obliga a reducir toda la política estadounidense a una sola causa. Washington tiene además intereses relacionados con seguridad regional, migración, influencia geopolítica, presencia de Rusia y China, estabilidad política y económica, control de activos venezolanos y reconstrucción institucional. La explicación más seria, por tanto, no es que “todo ocurre por petróleo”, pero tampoco que el petróleo sea un factor marginal. La realidad parece mucho más incómoda: la nueva relación con Venezuela combina intereses políticos, estratégicos y económicos, y el petróleo constituye uno de los ejes fundamentales de esa combinación.
Aquí aparece quizá la característica más singular de la situación venezolana. Estados Unidos intervino para sacar a Maduro del poder y posteriormente comenzó a trabajar con una figura que pertenecía al mismo aparato gubernamental que Washington había cuestionado durante años. Rodríguez, además, ha mostrado una disposición mucho mayor a negociar con Estados Unidos en materia energética y económica. Bajo su administración se aceleró la apertura del sector petrolero y se profundizaron acuerdos con empresas extranjeras. La paradoja es evidente. Washington no solamente modificó quién ocupa el centro del poder político venezolano. También está participando en una transformación del modelo económico mediante el cual el país administra uno de sus principales recursos estratégicos. Durante décadas, el petróleo venezolano estuvo asociado a una fuerte presencia estatal y al control de PDVSA. La nueva orientación promueve una participación mucho mayor del capital privado y extranjero. Por eso lo que está ocurriendo no puede interpretarse solamente como un cambio de gobierno. También representa una reconfiguración del poder económico venezolano. Y esa dimensión merece tanta atención como la disputa presidencial.
La situación plantea una pregunta que va mucho más allá de Maduro: ¿qué significa exactamente “legitimidad” cuando intervienen simultáneamente el derecho interno, el reconocimiento internacional y el control efectivo del poder? Para Venezuela, una autoridad puede considerarse legítima conforme a determinadas normas constitucionales. Para otro Estado, esa misma autoridad puede no ser reconocida. Y, al mismo tiempo, ese Estado extranjero puede terminar reconociendo a una autoridad distinta porque considera que es quien actualmente puede representar al Estado venezolano. Aquí aparece una realidad incómoda de las relaciones internacionales: la legitimidad política y la capacidad efectiva de ejercer el poder no siempre coinciden. El derecho intenta establecer reglas para resolver esa tensión, pero la política internacional nunca funciona en un vacío de poder.
Ni Maduro ni Washington pueden reducir la realidad a una sola narrativa. La defensa de Maduro tiene un argumento que merece ser escuchado: Estados Unidos ha modificado sustancialmente su posición respecto de la autoridad venezolana y ahora reconoce a una figura que surgió del mismo aparato político que durante años rechazó. Eso constituye una tensión real. Pero una tensión no equivale necesariamente a una contradicción jurídica insalvable. Del mismo modo, Estados Unidos puede defender jurídicamente su posición frente a Maduro y, simultáneamente, estar actuando guiado por intereses estratégicos y económicos muy concretos. Reconocer una cosa no obliga a negar la otra. Y aquí es donde el análisis político debe escapar de las explicaciones demasiado cómodas. Decir que todo lo que hace Washington responde exclusivamente a su deseo de controlar el petróleo simplifica demasiado la realidad. Pero afirmar que los intereses petroleros son irrelevantes sería igualmente insostenible frente a los acuerdos y transformaciones económicas que se están produciendo. La verdad está en un terreno menos cómodo: Estados Unidos tiene intereses petroleros evidentes en Venezuela y esos intereses forman parte de su estrategia; pero la política hacia Caracas también responde a una combinación de factores geopolíticos, económicos y de seguridad.
Por eso, la batalla que se desarrolla alrededor de Maduro tiene dos escenarios. Uno está en los tribunales, donde se decidirá si los argumentos de inmunidad, reconocimiento y condición de jefe de Estado son suficientes para impedir que Maduro sea procesado en Estados Unidos. El otro escenario es mucho más amplio y posiblemente más importante para el futuro de Venezuela: es la disputa por quién define el nuevo equilibrio de poder del país, quién tendrá influencia sobre sus instituciones, quién participará en su reconstrucción económica, quién tendrá acceso a sus recursos, qué papel tendrá el Estado venezolano en la industria petrolera y hasta qué punto Venezuela conservará capacidad para decidir autónomamente sobre la explotación de la mayor riqueza energética de su territorio. Ahí se encuentra la dimensión verdaderamente histórica del momento. Porque Venezuela no está simplemente atravesando una sucesión presidencial. Está atravesando una reconfiguración del poder político, económico y geopolítico.
Quizás la posición más honesta sea aceptar que varias cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puede existir un argumento jurídico serio en la defensa de Maduro sin que eso signifique que el tribunal necesariamente tendrá que aceptarlo. Puede existir una tensión evidente entre el rechazo estadounidense a Maduro y el posterior reconocimiento de Rodríguez sin que esa tensión produzca automáticamente una obligación jurídica de reconocer a Maduro. Puede existir un interés petrolero estadounidense enorme sin que todos los acontecimientos políticos puedan explicarse exclusivamente por el petróleo. Y puede cuestionarse legítimamente la intervención de Estados Unidos sin convertir automáticamente a Maduro en víctima inocente de todas las acusaciones que enfrenta. La realidad no necesita ajustarse completamente a la narrativa de Washington ni a la narrativa de Caracas. De hecho, probablemente sea precisamente esa necesidad de encajar los hechos dentro de una narrativa la que más nos impide comprender lo que está ocurriendo. El caso Maduro será decidido en última instancia por argumentos jurídicos concretos. Pero el significado histórico de lo que está sucediendo se encuentra en otra parte.
Estados Unidos necesita energía e influencia. Venezuela necesita reconstruirse. Rodríguez necesita consolidar su poder. Washington necesita un interlocutor. Y Maduro intenta, desde una prisión estadounidense, convertir su propia condición de jefe de Estado en el argumento jurídico que pueda devolverle una posición que perdió en el terreno político. Son intereses que se cruzan, no necesariamente intereses que coinciden. Y quizá esa sea la forma más objetiva de entender este momento: no como una historia de héroes y villanos, ni como una batalla en la que una de las partes posee toda la razón, sino como una lucha por poder, legitimidad, recursos e influencia en la que cada actor intenta convertir el derecho, la política y la diplomacia en instrumentos de su propia estrategia. La pregunta verdaderamente importante ya no es solamente si Maduro puede ganar una batalla jurídica. Es quién terminará definiendo las reglas del nuevo orden venezolano y, sobre todo, quién tendrá la capacidad real de hacerlas cumplir.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.
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