Al sancionar a Cupet, que gestiona recepción, procesamiento y distribución de combustible en Cuba, EE.UU. ataca el suministro de plantas eléctricas, hospitales y servicios esenciales, reforzando su política de castigo colectivo.
El Gobierno de Estados Unidos ejecutó una nueva arremetida en su estrategia de máxima presión contra Cuba al incluir a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet) en la lista de Entidades Especialmente Designadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro.
A partir de la inclusión de Cupet en la lista de SDN se prohíbe cualquier transacción o negocio con la compañía cubana a ciudadanos estadounidenses, a menos que tengan una licencia específica de la OFAC. Adicionalmente, las personas y empresas extranjeras que hagan negocios con Cupet se arriesgan a ser objeto de sanciones. La medida es, de facto, otra vuelta de tuerca en el bloqueo energético decretado por Donald Trump en enero, que en lo que va de 2026 ha generado escasez, crisis humanitaria y parón productivo en Cuba.
Los argumentos del Ejecutivo estadounidense, defendidos públicamente en redes sociales por el secretario de Estado, Marco Rubio, carecen de un sustento sólido. La Casa Blanca justifica este hostigamiento bajo la premisa de que Cupet administra activos que supuestamente fueron expropiados de forma ilegal a ciudadanos estadounidenses hace décadas.
Cupet es la empresa que en Cuba gestiona la importación, recepción, extracción, procesamiento y distribución de petróleo y derivados. La distribución llega lo mismo a gasolineras que a empresas, plantas de generación eléctrica, ministerios e instituciones como los propios hospitales, plantas de abasto de agua y otros servicios críticos ya duramente golpeados por el bloqueo petrolero. Una vez más, la Administración Trump está reforzando no solo el cerco económico, sino el castigo colectivo a la población cubana.
Cuba bajo asedio y castigo colectivo contra los cubanos
La retórica de la parte norteamericana pretende posicionar la medida como un acto en defensa de la libertad ciudadana y acusa al Gobierno cubano de malversar y acaparar los hidrocarburos disponibles para fines puramente gubernamentales, militares y de propaganda política, mientras responsabiliza a la gestión cubana de los persistentes apagones y la escasez de combustible que sufre la población civil.
Así, Washington trata de ocultar la realidad de que las carencias del pueblo cubano son consecuencia directa de las agresiones económicas, financieras, comerciales y energéticas que la Casa Blanca ejecuta contra Cuba. Recientemente, la ONU advertía que las medidas de EE.UU. están, incluso, obstaculizando la llegada y distribución de ayuda humanitaria en el país caribeño.
En la isla, indicadores como los de generación eléctrica y mortalidad infantil han caído drásticamente a partir del bloqueo petrolero decretado por Trump y la cadena de paquetes de sanciones que ha emitido su Administración, con un fuerte componente extraterritorial y de restricciones financieras, vía sanciones secundarias, que busca sumar indirectamente a otros países al bloqueo.
El nuevo movimiento hostil se inscribe dentro del marco de la Orden Ejecutiva 14404, emitida el pasado 1 de mayo. Pocos días después de rubricado dicho documento, el Departamento del Tesoro sancionó el 7 de mayo al Grupo de Administración Empresarial (GAESA) y a su directora. En esa misma oportunidad, sancionó a Moa Nickel S.A., una asociación entre el Gobierno cubano y la firma canadiense Sherritt International.
El pasado 4 de junio, otra resolución de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros impuso más sanciones, en esa ocasión a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución (organizaciones barriales), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (entidad de la sociedad civil) y Amistur, su agencia de viajes, así como a familiares del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, y de Raúl Castro, expresidente y líder de la Revolución cubana, a quienes incluyó en la lista de Nacionales Especialmente Designados.
Anteriormente, Washington había fabricado una acusación contra el líder cubano, General de Ejército Raúl Castro, en otro expediente de judicialización política insertado en la estrategia de máxima presión que busca un cambio de régimen en Cuba.
La cadena de medidas coercitivas unilaterales impuestas en lo que va de 2026 por la Administración Trump ha provocado, junto a la escasez, el parón productivo, la severa crisis energética y la crisis humanitaria, la retirada parcial o total de empresas como Sherritt International, hoteleras como Meliá, Blue Diamond e Iberostar y aerolíneas como Iberia.
La escalada de sanciones, su carácter extraterritorial y los efectos que ha provocado han confirmado que el bloqueo no es un asunto bilateral entre Washington y La Habana, sino una política de presión multidimensional que busca asfixiar económicamente a Cuba y generar cansancio e inestabilidad social cortando sus lazos económicos y comerciales con el mundo, aislándola del sistema financiero internacional y desalentando la inversión extranjera en la isla.
Autor: teleSUR - ig - DE
Fuente: Agencias
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