Por: Ricardo Abud
¿Soberanía Nacional o el Estado 51 que Nadie Nos Avisó?
El aterrizaje del Air Force Two en Caracas el 3 de junio de 2026 no fue un simple acontecimiento diplomático. La llegada de la aeronave transportando al máximo jefe militar de las Fuerzas Armadas de ese país, abrió un debate que trasciende la política exterior para adentrarse en el terreno de la soberanía, la legalidad constitucional y la coherencia institucional.
Caracas fue escenario de dos hechos extraordinarios: primero, el aterrizaje de aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de Estados Unidos para realizar ejercicios de respuesta rápida en la embajada norteamericana; después, la llegada del Air Force Two con el más alto mando militar estadounidense.
Frente a esos acontecimientos comenzó a circular una pregunta cargada de ironía, pero también de preocupación:
¿Ya somos el estado 51 y no lo sabemos?
Nadie sostiene seriamente que Venezuela haya perdido su condición de nación independiente. La pregunta apunta a otra dirección. Busca cuestionar hasta qué punto determinadas decisiones del poder político son compatibles con la narrativa histórica de defensa irrestricta de la soberanía nacional.
¿Podrían militares venezolanos aterrizar en Washington, armados, en nombre de la reciprocidad?
Ningún país del mundo, y mucho menos Estados Unidos, permitiría una operación semejante sin autorizaciones previas, protocolos estrictos, supervisión permanente y la participación de múltiples organismos de seguridad. La hipótesis parece absurda precisamente porque pone de relieve la importancia que las grandes potencias conceden al control de su territorio.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano y que los órganos del Estado tienen el deber de garantizar la independencia nacional.
Dentro de ese marco adquiere especial relevancia el artículo 187, numeral 11, el cual atribuye a la Asamblea Nacional la facultad de autorizar el empleo de misiones militares extranjeras en el país o el tránsito de fuerzas militares extranjeras por el territorio nacional.
La norma existe por una razón fundamental: impedir que la presencia militar extranjera dependa únicamente de acuerdos políticos o decisiones administrativas adoptadas por el Ejecutivo. Su propósito es garantizar el control institucional sobre asuntos que afectan directamente la soberanía del Estado.
¿Existió autorización expresa de la Asamblea Nacional para estas operaciones?
¿Dónde se encuentra publicada?
¿Fue debatida públicamente?
¿Conoce la ciudadanía los términos bajo los cuales se autorizó la presencia de personal militar estadounidense en territorio venezolano?
La ausencia de información detallada genera inquietud porque no se trata de la visita de un diplomático o de una delegación comercial. Se trata de la presencia de estructuras militares extranjeras operando dentro del territorio nacional.
La situación se vuelve aún más llamativa cuando se observa el silencio de instituciones tradicionalmente asociadas con la defensa de la soberanía. La Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han ofrecido pocas explicaciones públicas sobre los fundamentos jurídicos específicos que respaldaron estas actividades.
Durante años, sobrevuelos, ejercicios militares o visitas de altos funcionarios extranjeros fueron presentados por el discurso oficial como amenazas potenciales contra la independencia nacional. Hoy, hechos similares parecen transcurrir con una naturalidad que sorprende incluso a antiguos defensores de esa narrativa.
La soberanía no desaparece porque exista cooperación entre Estados. Tampoco se debilita por el simple hecho de mantener relaciones diplomáticas con una potencia extranjera. Lo que sí puede erosionar es la falta de transparencia respecto a los mecanismos legales que regulan actividades tan sensibles como la presencia militar extranjera.
Un país soberano no es aquel que vive aislado del mundo. Un país soberano es aquel que hace respetar sus propias normas, exige el cumplimiento de su Constitución y garantiza que los ciudadanos conozcan las bases jurídicas de las decisiones que afectan la integridad de la República.
La verdadera cuestión, por tanto, no consiste en determinar si Venezuela se ha convertido en el estado 51 de nadie. La pregunta que debería responder el Estado venezolano es mucho más importante: ¿se cumplieron todos los procedimientos constitucionales exigidos para permitir estas operaciones militares y estas visitas de alto nivel?
Mientras esa respuesta no sea ofrecida con absoluta claridad, seguirán resonando las preguntas que hoy muchos venezolanos formulan con ironía, pero también con preocupación.
Porque cuando aviones militares extranjeros aterrizan, tropas extranjeras realizan ejercicios y altos mandos militares entran y salen del país sin explicaciones detalladas, el debate deja de ser una cuestión de política internacional. Se convierte en una discusión sobre la vigencia real de la Constitución y sobre la forma en que una nación entiende y ejerce su soberanía en el siglo XXI.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
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