Por: Ricardo Abud
Cuando Simón Bolívar advirtió que los Estados Unidos parecían destinados a plagar América de miserias en nombre de la libertad, no imaginaba que un día sería precisamente un gobierno que porta su nombre el que abriría las puertas silenciosa, gradualmente, calculadamente a la influencia de la potencia que durante décadas señaló como enemiga principal.
Durante más de dos décadas, la Revolución Bolivariana de Venezuela construyó su identidad y legitimidad sobre un pilar innegociable: el antiimperialismo. No era un simple slogan, sino la columna vertebral de un relato histórico que movilizó a millones de personas, justificó cada tensión con Washington, cada alianza estratégica con Pekín o Moscú, y cada nacionalización.
El petróleo no era solo un recurso; era el arma soberana, la palanca con la que Venezuela se atrevía a mirar a los ojos a la potencia del norte y decirle: hasta aquí. Con esos símbolos se condenó con razón en muchos casos el intervencionismo histórico de Estados Unidos sobre América Latina.
Hoy, ese relato nacionalista y soberano exhibe fracturas terminales que ya no pueden ocultarse bajo una alfombra de consignas desgastadas. La tragedia política de la Venezuela actual no reside únicamente en el asedio externo, que persiste, ni en las amenazas imperiales tradicionales. La contradicción más peligrosa surge cuando quienes se proclamaron herederos de Simón Bolívar y protectores de la independencia terminan siendo señalados por amplios sectores populares como administradores de una entrega silenciosa y calculada del país.
El descontento popular no nace únicamente del colapso económico que ha devastado el salario de los trabajadores o del deterioro institucional. Nace, fundamentalmente, de una profunda sensación de humillación nacional. Para muchos venezolanos resulta inconcebible observar las señales crecientes de influencia estadounidense sobre decisiones energéticas, petroleras y estratégicas clave, mientras desde el poder se continúa utilizando un discurso revolucionario que ya no coincide en absoluto con los hechos. Las denuncias ya no provienen solamente de la oposición tradicional; emergen, con creciente fuerza, desde sectores chavistas críticos, antiguos militantes de izquierda, nacionalistas y ciudadanos de a pie que alguna vez creyeron sinceramente en la construcción de un proyecto soberano.
La indignación popular se profundiza y se torna ruidosa cuando aparecen declaraciones públicas desde Washington que retratan a Venezuela no como un país soberano, sino como un espacio subordinado a intereses geopolíticos extranjeros. Recientemente, el expresidente Donald Trump afirmó que los ingresos del petróleo venezolano habrían sido suficientes para pagar “25 veces” el costo de una guerra contra Irán y presentó la relación energética con Venezuela prácticamente como una operación rentable para Estados Unidos. En otras declaraciones previas, Trump llegó incluso a hablar abiertamente de “tomar el petróleo” y comparó el caso venezolano con escenarios de control estratégico energético en Medio Oriente.
Más allá de la retórica provocadora y el estilo personal de Trump, el contenido político de esas palabras tiene una gravedad histórica enorme. Cuando un expresidente estadounidense habla del petróleo venezolano como una compensación económica de conflictos militares extranjeros, lo que se revela es la persistencia de una lógica imperial histórica: Venezuela sigue siendo vista por Washington como una reserva estratégica de crudo y una pieza clave en el esquema de dominación hemisférica. Para cualquier sector soberanista venezolano, estas declaraciones equivalen a una confesión pública de cómo las grandes potencias continúan considerando los recursos nacionales como botín geopolítico.
El problema político es aún más profundo y doloroso porque el silencio oficial frente a estas afirmaciones alimenta la percepción de subordinación y debilidad del gobierno venezolano. Muchos ciudadanos se preguntan hoy cómo un gobierno que durante años hizo de la denuncia del imperialismo norteamericano su razón de ser, permite hoy escenarios que habrían sido impensables décadas atrás. Incluso durante gobiernos derechistas duramente criticados en el pasado por su cercanía a Washington, como el de Carlos Andrés Pérez, numerosos sectores políticos y sociales sostienen que jamás se habría tolerado con tanta pasividad cualquier señal de presencia estratégica extranjera que comprometiera la soberanía territorial venezolana. La sola posibilidad del aterrizaje de naves estadounidenses en suelo venezolano o la ampliación de mecanismos de influencia política directa desde la embajada norteamericana habría provocado una reacción nacional inmediata e inequívoca en otros tiempos históricos.
Por eso crece el temor en amplios sectores del país de que Venezuela avance hacia formas indirectas de tutela política y económica que erosionen irreversiblemente su capacidad de decisión soberana. Algunos sectores críticos, incluso dentro del campo popular, advierten que, si continúa este deterioro institucional, esta opacidad en los acuerdos y esta dependencia energética progresiva, mañana podrían normalizarse mecanismos aún más agresivos de subordinación: control operativo sobre recursos energéticos clave, imposiciones financieras que condicionen la política social, acuerdos militares encubiertos o incluso la instalación de formas de presencia militar extranjera bajo cualquier excusa técnica o geopolítica. Lo que antes habría sido considerado traición a la patria y habría generado una respuesta contundente del Estado, ahora empieza a discutirse en voz baja en las filas del propio oficialismo mientras se mantiene intacta la retórica revolucionaria para la tribuna.
La tragedia venezolana también está profundamente marcada por la persecución despiadada del pensamiento crítico interno. Quienes, desde una posición auténticamente antiimperialista y de tradición bolivariana genuina, se atreven a denunciar estas contradicciones y a pedir transparencia en los acuerdos son inmediatamente descalificados como “traidores”, “agentes infiltrados de la CIA” o “funcionales al imperialismo”. El aparato propagandístico del Estado intenta convertir cualquier cuestionamiento soberanista honesto en un delito político para silenciar el debate. Pero el mensaje de los sectores críticos es claro: callar frente a la entrega progresiva del país no es lealtad revolucionaria; es complicidad histórica con el desfalco de la nación. Ningún verdadero antiimperialista puede aceptar que se utilice impunemente el nombre sagrado de Bolívar mientras se normalizan relaciones de dependencia económica y geopolítica que reducen a Venezuela a simple territorio de negociación entre élites globales y locales.
La corrupción masiva juega un papel central en este derrumbe moral del proyecto político. No puede hablarse seriamente de revolución mientras el país fue saqueado sistemáticamente por redes de poder integradas por altos funcionarios, empresarios asociados al Estado, operadores financieros y gerentes petroleros que se enriquecieron obscenamente durante los años de mayor bonanza petrolera y, peor aún, durante los años de brutal colapso social que ha empobrecido a la población.
Desde una perspectiva soberanista y revolucionaria coherente, esta corrupción no es un exceso lamentable; es una contrarrevolución en sí misma, una apropiación privada de los recursos colectivos del pueblo venezolano bajo el paraguas discursivo de la revolución. Por ello, la defensa auténtica de la soberanía nacional hoy exige justicia concreta y no más propaganda: investigación real, apertura de archivos, juicio con garantías pero sin impunidad garantizada para los responsables y recuperación efectiva de los recursos robados al pueblo venezolano. No basta con discursos televisivos grandilocuentes ni con detenciones selectivas utilizadas como piezas de propaganda política interna. Venezuela necesita desmontar las estructuras de impunidad que destruyeron la credibilidad institucional y la moral del país.
Porque la soberanía no se defiende únicamente enfrentando presiones externas de las potencias. También se destruye desde adentro cuando una dirigencia política convierte el poder del Estado en un mecanismo de supervivencia personal y de grupo, cuando la revolución se transforma en una burocracia privilegiada que disfruta de lujos impensables para el pueblo, y cuando el discurso antiimperialista termina siendo utilizado cínicamente como una máscara para negociar cuotas de control político y económico a espaldas de la nación.
Muchos venezolanos sentimos hoy que la nación ha quedado atrapada entre dos formas de dominación asfixiantes: la presión histórica de potencias extranjeras interesadas en el petróleo y una dirigencia interna incapaz de sostener principios reales de independencia, soberanía y autodeterminación nacional en la práctica. Esa combinación devastadora produce desesperanza, cinismo y fractura social. Sin embargo, también abre una discusión necesaria e impostergable para el futuro del país: rescatar el concepto de soberanía más allá de las consignas vacías. El antiimperialismo verdadero no consiste en repetir slogan mientras se negocia silenciosamente el destino de los recursos estratégicos del país. Consiste en defender la independencia nacional frente a cualquier potencia extranjera y frente a cualquier élite interna dispuesta a hipotecar la patria para conservar sus privilegios de poder. Venezuela no necesita propaganda; necesita verdad, memoria histórica, justicia y dignidad nacional.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
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