En esa jornada, que se prolongó hasta la noche sin llegar a acuerdo se evidenció una vez más la tensión entre oficialismo y oposición, cuando buena parte de los senadores se mantuvieron al margen de un acuerdo previo entre la Democracia Cristiana y el gobierno que desde la Moneda se esperaba sacara adelante el proyecto.
La votación se realizará entonces esta tarde y siempre con la premura del gobierno, que esgrime para la emergencia los atentados del 25 de julio en esta capital, cuando un paquete explosivo estalló en una comisaría de Carabineros en la comuna de Huechuraba, y otra bomba fue interceptada antes de detonar.
En la jornada del martes también intervino del ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien hizo una larga exposición en la que aseguró que los grupos terroristas chilenos tienen apoyo desde el extranjero.
Asimismo llamó de manera perentoria a aprobar el proyecto 'porque es ahora cuando lo necesitamos' porque según ha expuesto en varias ocasiones se necesitan 'herramientas' más eficaces para que el terrorismo no quede en la impunidad.
El propio presidente Sebastián Piñera ha exigido también al Senado a acabar de aprobar la ley antiterrorista presentada por el gobierno desde el año pasado.
Según el mandatario la lucha de su gobierno contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia es 'total y absoluta', e implica al Congreso, la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, al Poder Judicial y al Gobierno.
La ministra portavoz, Cecilia Pérez, igualmente se refirió al tema y llamó a dar 'una señal a nuestro país de que no vamos a permitir terrorismo en Chile y aprobemos definitivamente esta ley'.
Pero al mismo tiempo, la Comisión Chilena de Derechos Humanos planteó objeciones a la propuesta del ejecutivo, y su presidente, Carlos Margotta, advirtió que el texto no hace una definición concreta del tipo de delitos que se sancionan, por lo que deja abierta la posibilidad de un uso indiscriminado de la fuerza.
El abogado Margotta señaló que con ello se da pie a la represión por los organismos del Estado en contra de la población.
Explicó que 'al entregarse excesivas atribuciones a la policía y a las Fuerzas Armadas sin una inducción en el ámbito de los derechos humanos, claramente pueden ocasionarse graves abusos a la ciudadanía'.
Ese mismo argumento es el de algunos senadores que se manifiestan en contra de la iniciativa gubernamental, porque según advierten puede ser esgrimida la ley en otras situaciones que no sean precisamente acciones terroristas.
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