En la misiva, unos 70 alcaldes demócratas y republicanos expresaron su fuerte oposición a la decisión del Departamento de Agricultura de reducir el número de favorecidos por el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
'Seguimos muy preocupados por cualquier propuesta que reduzca las mejoras en la salud de nuestros residentes, debilite los programas de nutrición, deteriore los avances en el acceso a alimentos saludables y estimule la disminución en las economías locales y regionales', expresa el documento.
De acuerdo con los líderes locales, el SNAP es esencial en la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria, al tiempo que ayuda a sacar a las personas de la pobreza.
Es probable que privar a millones de personas necesitadas de ayuda alimentaria perjudique a las poblaciones vulnerables, señalaron alcaldes de ciudades como Washington DC, Baltimore, Boston, Austin, Dallas, Denver, Nueva York, Minneapolis, Reno, Santa Fe, Nashville y Seattle.
Agregaron que alrededor de cuatro de cada cinco hogares a los que se les entregan cupones de alimentos incluyen un niño, un adulto mayor o una persona con discapacidad.
El pasado 23 de julio el Departamento de Agricultura propuso una regla que restringe la llamada elegibilidad categórica de base amplia, lo cual significa que eliminaría la inscripción automática en cupones de alimentos para familias pobres que reciben beneficios sociales.
Actualmente, 43 de los 50 estados del país permiten que quienes reúnen los requisitos para entrar en el programa federal de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF), reciban automáticamente los beneficios de cupones de alimentos.
Si bien los límites de ingresos para acceder a los programas TANF y SNAP varían de un territorio a otro, están encaminados a asistir a las familias de ingresos bajos, algo subrayado por quienes rechazan los cambios.
Los estados tienen flexibilidad en la decisión de suspender o continuar con la distribución de los beneficios una vez que el ingreso bruto de una familia excede ciertos niveles, pero el Departamento de Agricultura argumentó que los territorios han usado mal esa potestad.
Con la nueva propuesta, la cual se somete a un periodo de comentarios públicos de 60 días antes de entrar en vigor, la administración Trump busca cerrar lo que las autoridades llaman lagunas en las pautas de elegibilidad del programa, con el fin de ahorrar 2,5 mil millones de dólares.
Expertos en políticas públicas denunciaron la medida, al estimar que incrementará la inseguridad alimentaria entre las familias pobres y aumentará los costos administrativos de los estados.
rgh/mar
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