Aunque el término "paramilitar" no sea de uso común en México, la presencia de ejércitos irregulares en todo el territorio se multiplicó una vez que comenzó la estrategia frontal contra el crimen organizado. Como consecuencia, se dispararon los casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades mexicanas han identificado la presencia de nueve grupos principales vinculados al crimen organizado, pero no se tiene una cifra certera de cuántas personas han sido convertidas en soldados irregulares a sus servicios.
El despliegue de estos grupos en el territorio nacional tampoco es nueva: basta recordar su presencia en la masacre del movimiento estudiantil de 1971 denominada 'Halconazo' —referida recientemente en la película 'Roma'—. También, durante el período del terrorismo de Estado en Guerrero, en la misma época.
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| Michoacán. Armas en la mesa de la comida de las autodefensas michoacanas.
"Los grupos paramilitares son una red de pequeños ejércitos irregulares que cuentan con mandos, integrados por indígenas y campesinos pobres, reclutados en comunidades beneficiarias de las redes clientelares del priismo tradicional [el Partido Revolucionario Institucional, fuerza política hegemónica a lo largo de la historia de México]", explica el periodista y escritor Luis Hernández Navarro en su libro 'Hermanos en armas'.
Los integrantes son "entrenados y financiados" por una especie alianza estratégica entre "las fuerzas de seguridad pública y los grupos de poder local, cuyo objetivo central es tratar de frenar la expansión de la organización campesina e indígena independiente", señala Hernández Navarro.
El investigador refiere que la formación de grupos paramilitares en México "proviene de una decisión estratégica del poder": con ayuda de estas fuerzas, pueden actuar con la impunidad que les garantiza estar fuera del escrutinio público.
"Son el instrumento para hacer la guerra que el Ejército federal no puede hacer directamente, para tratar de frenar la expansión de la insurgencia", sostiene Hernández.
En su trabajo, diferencia a su vez a otros tipos de grupos armados privados. Por un lado a las guardias blancas, identificados como "pistoleros al servicio de finqueros, latifundistas o grandes agricultores", que "actúan bajo sus órdenes".
Por otro, están los escuadrones de la muerte que son "grupos clandestinos que operan sobre todo en el medio urbano, amenazando y atacando a activistas populares y defensores de derechos humanos, y usualmente están cohesionados por ideologías anticomunistas e integrados por elementos de las fuerzas públicas".
Autodefensas y policías comunitarias
Tal vez el fenómeno más complejo de entender sobre los grupos armados sean las autodefensas y las policías comunitarias.
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"Surgen aquí porque en el Puerto de Lázaro Cárdenas confluyen los intereses mineros y de la droga. Comparten el mismo modelo económico, quienes hacen el verdadero dinero son quienes distribuyen la mercancía en el primer mundo, no estos muchachitos de 13 o 14 años con un arma cuidando un sembradío de marihuana en los cerros", opinó Raymundo Ortiz, abogado cercano a los grupos de autodefensa michoacanos.
Según el trabajo de la investigadora Laura Castellanos, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, distintos grupos de autodefensa se levantaron en 22 de los 32 estados del país, aunque no todos se mantuvieron activos.
Para Castellanos, fueron "una manifestación de la crisis del sistema de seguridad y del sistema de Justicia" e hicieron visible la densa red que une a "agentes del Estado, criminales, iniciativa privada, paraestatales por razones de colusión o de corrupción".
Ortiz no dudó en señalar la "descomposición social" y ecológica ocasionada por las explotación minera en territorio michoacano como uno de los factores que han originado esta crisis.
Hernández Navarro por su parte, sostiene que ha habido una "clara coordinación" entre militares y algunos grupos de autodefensas, tanto en cuanto al armamento como en tácticas operativas. Su presencia no está legislada. Al levantarse y desplazar a las policías locales, las autodefensas han replicado en su mayoría los métodos de las instituciones que buscaban combatir.
Uno de sus principales puntos álgidos es el manejo discrecional de sus propias cárceles, donde las condenas varían y se aplican castigos físicos. También es controvertida su táctica de patrullaje y vigilancia que se asemejan a las militares.
Las policías comunitarias, en cambio, vienen de una tradición ancestral. Según cita Hernández al intelectual y abogado mixteco Francisco López Bárcenas, "son una realidad en todo el país, tienen historia y diversos tipos".
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López Bárcenas puede mencionar casos en el norte de México, como las "guardias tradicionales de los pueblos seri y yaqui", así como encontrar estas manifestaciones autónomas en la "guardia tradicional maya que resguarda a Chan Santa Cruz, en el municipio de Carrillo Puerto".
"Se trata de estructuras indígenas forjadas a través de los años, junto con ellas existen las policías comunitarias de las comunidades que año con año son nombradas entre sus mismos integrantes para que se encarguen de la seguridad", explica el abogado a Hernández en su libro.
Esa es la principal diferencia con las autodefensas, cuyos integrantes no son elegidos por los pueblos ni tampoco tienen que rendir cuentas ante sus asambleas, como sí sucede con las policías comunitarias de las comunidades indígenas. Hernández Navarro destaca también que las autodefensas suelen no tener reglamentos ni principios de funcionamiento.
Castellanos puntualizó en diálogo con Sputnik que las autodefensas "tienen vínculos con los Gobiernos y algunas de ellas han sido legalizadas, como en la experiencia de Michoacán", aunque fuera inconstitucional, porque no buscan derrocar al Gobierno de turno, sino exigirle que realice sus funciones en cuestiones de seguridad".
Las policías comunitarias de los pueblos originarios se sostienen en el aval constitucional que les permite mantener sus propios sistemas normativos. En el caso de Guerrero, existió una ley local que las reconocía, aunque fue recientemente modificada para eliminarlas de la legislación.
Fue en ese estado donde se creó la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) un sistema único de impartición de justicia comunitaria y vigilancia de su aplicación, que lleva 23 años funcionando en varias comunidades indígenas.
Esto no ha impedido que sus principales referentes sean perseguidos y encarcelados, mediante procesos falseados, en los que se les atribuyen delitos de alto impacto. Uno de sus principales referentes, Gonzalo Molina, de la policía comunitaria de Tixtla, fue liberado a comienzos de este mes, tras cinco años de cárcel arbitraria.
Desde su reclusión, Molina insistió en que la verdadera vocación de la CRAC es defender su territorio, tanto del crimen organizado como de los proyectos extractivos que amenazan la vida comunitaria, indígena y mestiza. Para Molina, la cuestión de fondo es económica, y busca frenar la organización autónoma de los pueblos.
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