Más de 30 años después de la matanza de 133 acusados o sentenciados por terrorismo en la isla presidio El Frontón, comenzará hoy el juicio oral contra 35 ex miembros de la Marina peruana ejecutores de aquel crimen de lesa humanidad.
La audiencia, según lo previsto, comenzará con la lectura de la acusación fiscal referida a la masacre perpetrada el 19 de junio de 1986, bajo el gobierno del presidente Alan García, quien había ordenado debelar protestas de reclusos de esas características en varias cárceles limeñas.
La fiscal Luz del Carmen acusa a los ex infantes de marina de homicidio calificado en la modalidad de asesinato por ferocidad y explosión, tras comprobar que 25 de los reclusos fueron ejecutados extrajudicialmente.
Los otros 108 perecieron por el ataque con explosivos que echó abajo la edificación en la que estaban atrincherados, la que aplastó a los amotinados.
El abogado Carlos Rivera, que representa a las familias de dos de las víctimas, dijo que, si bien los casos del expresidente García y del entonces oficial de la Infantería de Marina que dirigió la operación, Luis Giampietri, fueron archivados, sus casos están pendientes.
Confirmó que la fiscalía archivó esos casos en 2004, pero dejó en claro que, por ser la matanza un crimen de lesa humanidad, serán investigados y procesados tras el fallo del juicio contra los marinos, lo que incluirá a García, Giampietri y otros funcionaros.
Según Rivera, en este caso hay mas elementos para condenar a García que en el del expresidente Alberto Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por dos masacres cometidas por un grupo militar ilegal de aniquilamiento de sospechosos de terrorismo.
El jurista recordó que el caso fue archivado en 2002, pero en 2004 fue reabierto y la fiscalía de derechos humanos formuló una denuncia penal contra los marinos
En la audiencia de hoy es previsible que el tribunal analice el pedido de la fiscalía, de inmunidad para el ex marino Carlos Castillo, quien reveló que el pelotón que él integró recibió órdenes para ejecutar a los reos, sin respetar a los rendidos.
También ayudó a ubicar los enterramientos clandestinos de los cadáveres en diversos cementerios limeños y su colaboración fue clave para el esclarecimiento de la matanza.
El caso estuvo en vilo por una posible prescripción, a raíz de una interpretación incorrecta de una sentencia del Tribunal Constitucional, pero este dictaminó meses atrás que no se aplica la prescripción porque la matanza fue un crimen de lesa humanidad.
agp/mrs
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