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El TSJ decidió que es inejecutable el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pretendió revocar la inhabilitación administrativa que se aplicó a López desde la Contraloría General de la República, por delitos de malversación de bienes cometidos por López cuando se desempeñaba como alcalde de Chacao.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró que los derechos políticos de Leopoldo López, integrante del movimiento Voluntad Popular, están garantizados, por lo tanto puede postularse como candidato en las elecciones que desee pero no puede ejercer ningún cargo público, debido a que la inhabilitación que pesa sobre él es de carácter administrativo.
El TSJ también decidió que es inejecutable el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pretendió revocar la inhabilitación administrativa que se aplicó a López desde la Contraloría General de la República, por delitos de malversación de bienes cometidos por López cuando se desempeñaba como alcalde de Chacao.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declaró inejecutable el fallo de la Corte Internacional de los Derechos Humanos en el caso de Leopoldo López sin embargo aclara que la que pesa sobre Loṕez es una medida de tipo administrativa y no política.
Esta decisión no le impide al líder del Partido Voluntad Popular, participar en las primarias presidenciales de la oposición.
Causas de la inhabilitación
El primer cargo contra López data de finales de 1998, cuando era funcionario de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y se desempeñaba como analista de entorno nacional. Entonces, recibió una donación de 60 millones de bolívares de la estatal a favor del partido político Primero Justicia, de cuya directiva él formaba parte.
El dinero le fue otorgado por su madre, Antonieta Mendoza de López, que ejercía el cargo de gerente de Asuntos Públicos de la empresa petrolera.
La segunda falta de López como funcionario se produjo durante el ejercicio fiscal del año 2002, cuando era alcalde del municipio Chacao (estado Miranda).
En esa ocasión declaró irregularmente un desvío parcial de fondos, de más de 2 mil 743 millones de bolívares, de los créditos presupuestarios asignados a la partida denominada "Transferencias de capital a Entidades Federales".
En noviembre de 2008, la Contraloría General de la República determinó la responsabilidad administrativa de Leopoldo López en los dos hechos, por lo que recibió una sanción administrativa de seis años (tres por cada caso).
En ese sentido, López quedó inhabilitado hasta el año 2014 para ocupar cargos públicos.
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