Por: Wilfredo Alayon Perez
Montevideo, 12 may (PL) La Mesa Política del gobernante Frente Amplio (FA) uruguayo decidirá hoy si convoca a un Plenario Nacional para definir una votación contra la Ley de Caducidad, que impide juzgar crímenes durante la dictadura (1973-1985).
El objetivo del pleno será encontrar una solución negociada que permita anular la citada normativa por un camino diferente a un proyecto denominado interpretativo ya votado por la cámara de senadores (alta).
La dirigencia de la coalición de izquierda efectuó una reunión el pasado lunes, pero al carecer de posiciones consensuadas, "ni cerca de consensuarse", decidió posponer para este jueves si opta por efectuar el próximo fin de semana la reunión nacional.
Esta convocatoria al Plenario responde a una reunión con la bancada de Diputados frenteamplistas del presidente, José Mujica, quien manifestó su posición contraria al texto interpretativo.
Mujica advirtió sobre posibles consecuencias negativas que puede llevar para la fuerza política aprobar ese documento, con fecha de discusión entre los parlamentarios (cámara baja) el 19 de mayo.
El jefe de Estado expuso como principal argumento que la Ley de Caducidad, denominada aquí también como Ley de Impunidad, ya pasó por dos plebiscitos (1989 y 2009), y en ninguno de ellos alcanzó mayoría simple para su abolición.
La central sindical PIT-CNT reafirmó su respaldo al proyecto interpretativo y mantuvo en todos sus términos un paro y una movilización para el próximo jueves, cuando debe votarse el documento en el parlamento.
Juan Castillo, coordinador del PIT-CNT, manifestó a la prensa el malestar de los gremios por la marcha atrás del FA en el proyecto para anular Caducidad.
"No sabemos qué hay detrás de esto, qué motivó esta decisión del presidente de la República, que dejó en jaque a medio país", señaló a periodistas.
El 22 de diciembre de 1986, tras la caída del régimen de facto, el Parlamento uruguayo aprobó la legislación de marras con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del FA, ahora en el gobierno.
La norma impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes de lesa humanidad en el régimen dictatorial.
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