TeleSUR
El Gobierno de Brasil inició esta semana una nueva campaña para el desarme de la población con el fin de combatir la violencia y la criminalidad que castiga a varias ciudades de ese país.
El plan se anuncia un mes después de que un tirador con problemas psiquiátricos acabase con la vida de 13 niños en una escuela de Río de Janeiro.
Con miras de evitar una nueva tragedia, el gobierno de Dilma Rousseff tratará de reducir las 14 millones de armas que, se calcula, están en manos de particulares.
Para ello, se destinarán 6 millones de dólares; la persona que entregue un arma recibirá a cambio entre 100 y 300 reales (entre 62,50 y 187,50 dólares) y esta será destruida de inmediato.
Esta política fue exitosa en campañas anteriores en las que el país suramericano logró recuperar un total de 550 mil armas de fuego entre 2008 y 2010.
El Ministerio de Justicia precisó que el objetivo de la tercera edición anual de la campaña es recaudar más armas que las 550.000 devueltas en los últimos dos años.
La campaña se realiza en momentos que el Congreso brasileño debate la propuesta del presidente del Senado, José Sarney, de realizar un nuevo plebiscito sobre la prohibición total de la venta de armas de fuego en el país.
En octubre de 2005, una consulta popular similar fue rechazada por el 63,94 por ciento de los electores.
El presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Ophir Cavalcanti, y representantes de la ONG quien sostiene que el principal problema no son las armas legales en poder de los ciudadanos, sino las que ingresan ilegalmente en el país.
Esta opinión es compartida por otras ONG como el Instituto Sou da Paz. La representante de esta organización, Melina Risso, agregó que además no es necesario ningún referendo pues el marco legal para controlar las armas “ya existe” y solo hay que “hacerlo cumplir”.
Melina Risso agregó que la matanza en Río obligó a adelantar un plan de recolección que estaba previsto para julio, según dijo en entrevista concedida a la BBC.
Según las estadísticas del Ministerio brasileño de Justicia, desde los asesinatos a escolares los ciudadanos devolvieron voluntariamente a las autoridades medio millón de armas, y el índice de muertes causadas por armas de fuego bajó un 11 por ciento.
Pese a ello, los expertos calculan que existen en el país unos 8,4 millones de armas ilegales, de los cuales 3,9 millones están en poder de delincuentes.
teleSUR/EFE-AFp-DPA-Télam-BBC Mundo/rp-PR
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