Gobierno de Guatemala defiende Estado de sitio ante críticas de organizaciones de DD.HH.
TeleSUR
El ministro de Defensa de Guatemala, Abraham Valenzuela, respaldó el Estado de sitio que decretó el Gobierno en el departamento de Alta Verapaz, (norte) para enfrentar al narcotráfico, ante las críticas de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos (DD.HH.) que consideran al decreto como innecesario
El ministro Valenzuela, en declaraciones a teleSUR, argumentó que en los días que lleva la medida se han obtenido resultados positivos.
"Todas las operaciones combinadas que se están haciendo en el marco del
estado de sitio (...) están siendo en este momento muy positivas", sostuvo el funcionario.
Aseguró que "están siendo golpeadas estas estructuras que tenían atemorizada a la población de Alta Verapaz, (norte)".
Recordó que hasta el momento, han sido capturadas 14 personas sospechosas de estar vinculadas a bandas narcotraficantes. Además se han incautado vehículos, unos 220 fusiles entre AK-47, M-16 y de otras marcas, según los últimos balances oficiales.
Por su parte, la activista guatemalteca de DD.HH., Iduvina Hernández, sostuvo en declaraciones a teleSUR que el Gobierno, “con esta disposición”, dijo, en referencia al Estado de sitio, “no está reduciendo o restringiendo garantías, está anulando garantías”.
Ante ello, el ministro Valenzuela argumentó que sólo “se están restringiendo actividades como la locomoción, en virtud de que cuando se ve que hay un vehículo sospechoso se le detiene”.
“Otra garantía que se está restringiendo es el derecho al porte de armas (...) me refiero al derecho legal”, agregó. “Algún tipo de reuniones también están restringidas, sin embargo, las reuniones con carácter estudiantil, con carácter de festejos navideños, no”, continuó.
Enfatizó que es en la actualidad, tras la declaratoria del Estado de sitio en Alta Verapaz “cuando puede tener unas verdaderas fiestas navideñas en los hogares, ellos pueden estar seguros de que pueden realizar esas actividades sociales”.
Sin embargo, la activista guatemalteca de DD.HH., Iduvina Hernández, insistió en que “la puerta para la comisión de abusos queda abierta con esta normativa que en nuestra opinión era innecesaria para que el Estado cumpliera con su objetivo de tener que retomar el control territorial en Alta Verapaz”.
Hernández consideró que para el tiempo que lleva la medida en rigor los resultados le parecen limitados.
Tras considerar que han sido pocos los resultados de la medida, atribuyó esa situación a que antes de conocerse públicamente el decreto del Estado de sitio, los cabecillas de las bandas ya sabían de éste y se fueron de la localidad.
El estado de sitio, "era un secreto a voces en Alta Verapaz”. La población del departamento comenta que días antes del decreto se vio una "romería de vehículos con personas conocidas en la localidad vinculadas a estructuras del crimen organizado saliendo de la zona", señaló.
Para la activista la solución para la delincuencia que se vive en diferentes regiones del país no está en decretar Estado de sitio, sino en depurar a los organismos de seguridad de la nación, infiltrados por narcotraficantes.
"El gobierno tiene que empezar por depurar el interior de las fuerzas de seguridad civiles y militares porque son éstas mismas fuerzas las que están penetradas, prácticamente a los más altos niveles por estructuras criminales", sostuvo
"Con Fuerzas de Seguridad infiltradas por estas estructuras, no habrá estado de sitio o de guerra que el Gobierno decrete, que le garantice tener la capacidad de retomar el control a ningún nivel, en ninguna parte del territorio”, puntualizó.
El Gobierno de Álvaro Colom decretó el pasado domingo “estado de sitio” en el departamento de Alta Verapaz, (norte), para enfrentar la impunidad que reina en esa región, dominada por grupos narcotraficantes que mantienen azotados a los pobladores.
Tras una investigación del Gobierno que evidenció el amplio margen de acción que tiene el cartel mexicano Los Zetas en ese departamento, se determinó decretar el “estado de sitio”, tal como lo informó el secretario de Comunicación de la Presidencia, Ronaldo Robles.
Admitió que las comisarias de la Policía Nacional Civil (PNC) de ese departamento, “se encuentran totalmente infiltradas por Los Zetas, a tal punto de que les permiten cometer cualquier tipo de crimen con absoluta impunidad”.
En cumplimiento con la medida, el Gobierno desplegó en todo el departamento contingentes de militares y agentes de la PNC.
teleSUR /ld-PR
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