Caracas, 23 Dic. AVN .- La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, impuso este martes 21 de diciembre la sanción de 30 años de privación de libertad al salvadoreño Francisco Antonio Chávez Abarca por el delito de terrorismo.
Chávez Abarca fue capturado, con un pasaporte e identidad falsos, en el aeropuerto de Maiquetía, Venezuela, y extraditado en julio pasado a Cuba, donde era reclamado desde hace años con la acusación de ser uno de los principales autores de los atentados perpetrados en centros turísticos de la Habana en 1997, y el lunes pasado inició la vista del juicio oral contra este salvadoreño en la Sala de Delitos.
“Con un minucioso acto de presentación de pruebas periciales, documentales y testificales, sesionó el tribunal para esclarecer los hechos terroristas ejecutados y orientados por Chávez Abarca a sus contratados para poner bombas en instalaciones turísticas cubanas”, reseñó el portal Cubadebate.
Las declaraciones demostraron que el acusado reclutó, adiestró, organizó y financió a ciudadanos guatemaltecos y salvadoreños que viajaron a Cuba a finales de la década del 90 para instalar artefactos explosivos, tal como él mismo lo había hecho previamente en hoteles de la capital cubana.
Entre los testimoniantes se encontraban víctimas de los sucesos y otros testigos oculares. También se presentaron los ciudadanos de El Salvador y Guatemala, Raúl Ernesto Cruz León y Nader Kamal Musallam Barakat, respectivamente, quienes reconocieron objetos entregados por el acusado para ejecutar las acciones terroristas en Cuba.
Ambos cumplieron órdenes de Chávez Abarca, cabecilla de un brazo armado estructurado en Centroamérica por Luis Posada Carriles, la Fundación Nacional Cubanoamericana y el resto de la mafia anticubana.
Tanto Cruz León como Musallam Barakat fueron juzgados y sancionados con anterioridad en los tribunales cubanos por el delito de terrorismo que realizaron.
Al adoptar esta decisión, el Tribunal tomó en cuenta lo aprobado en abril de 2008 por el Consejo de Estado respecto a las sanciones de muerte que fueron conmutadas, así como el arrepentimiento del acusado.
Contra la sanción impuesta, Chávez Abarca podrá interponer en su momento recurso de casación ante la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular.
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