Por: Tania Peña
Santiago de Chile, 23 sep (PL) Las divergencias entre los poderes del Estado y el acentuado disenso interpartidario continúan focalizando la agenda política en Chile acerca de cómo encarar la prolongada huelga de hambre de 34 presos Mapuche.
Aunque la vocera de la presidencia, Ena Von Baer, calificó de portazo a la solución del conflicto la desaprobación por los diputados de la reforma a la ley antiterrorista, familiares de los huelguistas aseguraron que la postura del gobierno hasta el momento no ha conducido a la salida del problema.
El gobierno ha dado pasos, pero no en respuesta a las demandas puntuales, opinó Manuel Chocori, portavoz de la Coordinación de Familiares de Presos Políticos Mapuche en Huelga de Hambre.
No es clemencia lo que pedimos, sólo justicia, apuntó por su parte el ex líder índígena Héctor Llaitul, quien la víspera envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que explica las causas de la acción de protesta iniciada el pasado 12 de julio.
Señaló en su mensaje que la ley antiterrorista posee aberraciones jurídicas como la utilización de testigos sin rostro. "Los Mapuches no somos terroristas, somos luchadores sociales", subrayó Llaitul.
Históricamente, agregó, hemos sido despojados de nuestro territorio ancestral, cuestión que nos mantiene en estado de opresión y pobreza. Ayer, ante el inminente peligro de muerte de algunos de los comuneros, la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Lorena Fries, advirtió que "los tiempos que el país está utilizando no van a tono".
En cualquier momento puede haber un desenlace fatal, alertó Fries, quien consideró que la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo no incluye los temas que han planteado los comuneros.
Con similar punto de vista se pronunció el arzobispo de la provincia de Concepción, Monseñor Ricardo Ezzati, quien llamó a buscar una vía alternativa, un camino más expedito y rápido para evitar una tragedia mayor.
"El camino de la legislación es el camino permanente y definitivo, al final son las leyes las que permiten asegurar que haya un debido proceso", le respondió, empero, el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. mv/tpa
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