Por: Alberto Corona
Bogotá, 10 jun (PL) La condena a 30 años de prisión al coronel del ejercito (r) Alfonso Plazas por desaparición forzada constituye hoy un fallo sin precedentes en la historia judicial de Colombia, que rompe 25 años de impunidad.
Plazas, ex comandante de la Escuela de Caballería, fue sentenciado a esa pena tras ser hallado responsable por la desaparición de al menos 12 personas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985, tomado en ese entonces por el grupo guerrillero M-19.
Calificado por varios juristas locales como "un fallo histórico", abre la posibilidad de que se investiguen otros niveles de responsabilidad en esos sangrientos hechos, pues la desaparición forzada es tipificado como un delito que permanece en el tiempo.
La sentencia fue proferida en ausencia del ex comandante de la Escuela de Caballería, quien permanece bajo detención en el Hospital Militar Central, donde se recupera presuntamente de los problemas psíquicos que le causaron las diligencias judiciales.
Durante la vista, la fiscalía logró probar que Plazas ordenó el traslado de al menos 12 personas que habrían salido con vida de la edificación recuperada a sangre y fuego, y llevadas hasta la dependencia militar, de donde desaparecieron.
En tanto, la defensa de los familiares de los desaparecidos afirmó que los trastornos alegados por Plazas para no estar presente en la vista son una justificación suya para evadir su ingreso en prisión.
Esta es la primera condena judicial que se emite por los hechos que rodearon la retoma del Palacio de Justicia hace 25 años y que ha sido calificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como holocausto y masacre.
La Toma del Palacio, también llamada Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, fue un asalto perpetrado el miércoles 6 de noviembre de 1985 por un comando del Movimiento 19 de abril (M-19).
Dicha incursión fue seguida de la reacción de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma que se extendió hasta el día siguiente, con un saldo de más de 50 muertos.
Hasta el momento, además de Plazas, el coronel (r) Edilberto Sánchez y el general (r) Néstor Ramírez, que dirigieron las operaciones de recuperación y de inteligencia durante la retoma, se encuentran detenidos por ese caso pero sin recibir condenas.
El fallo originó una inmediata reacción del presidente Álvaro Uribe, quien se solidarizó con Plazas y dijo que éste simplemente buscó cumplir con su deber, al contrario de los autores de la toma, que fueron indultados.
"Duele, da tristeza", afirmó el mandatario a una pregunta formulada por la prensa sobre el particular.
Dolor y tristeza que no son compartidos por familiares de los desaparecidos, quienes celebraron la decisión judicial con cantos, llantos y abrazos, al tiempo que pidieron justicia en las otras investigaciones que se llevan a cabo por este caso.
"Empieza al menos el primero de los que están investigados a responder por nuestros familiares, lo que es para mi una gran sorpresa, porque la verdad yo no me esperaba este fallo", dijo Rosa Milena Cárdenas, hermana de Luz Mary Portela, quien para la fecha de la toma hacia un remplazo en el Palacio de Justicia.
Este es un gran momento en la justicia por las investigaciones que se siguen por la retoma del Palacio de Justicia, dijo citada por una radioemisora local.
Por su parte, Héctor Rodríguez, padre de Carlos Rodríguez, quien también desapareció en la retoma, expresó que la justicia falló en derecho y que los culpables deben pagar.
Acorde con estadísticas de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Colombia han tenido lugar en los últimos 30 años -al menos- unas 20 mil desapariciones forzadas.
La citada sentencia es la más contundente impuesta por la justicia nacional contra ese delito, desde que fuera tipificado por la Constitución de 1991.
rc/acl
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