Por: Jorge V. Jaime
Bogotá, 21 abr (PL) La polémica con visos de escándalo por espionaje político interno gana otro escalón especulativo en Colombia luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza denuncias que tocan puertas en la Casa de Nariño.
En sesiones especiales de debates, la Sala Extraordinaria de la CSJ confirmó que se reuniría martes y miércoles para intentar esclarecer el caso de las interferencias ilegales en comunicaciones que tuvieron lugar hace cinco años.
Los 23 magistrados de la Corte sopesan revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), según las cuales incluso funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe tienen alguna cuota de culpabilidad.
Fuentes de la FGR recomendaron que la investigación se reorientara a establecer qué oficiales o asesores de la rama ejecutiva habrían estado detrás de las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, sindicalistas y periodistas.
Este anuncio de la semana pasada fue la primera vez que una autoridad judicial aconsejaba revisar la posible participación de altos consejeros en el ámbito de Uribe como presuntos implicados en los eventuales delitos que se cometieron.
Sin embargo, el vicepresidente Francisco Santos puso en dudas las garantías que puede ofrecer la Fiscalía para investigar el caso a causa del carácter interino del magistrado Guillermo Mendoza.
La justicia es la que tiene que investigar. Lo que me parece importante acotar es que un Fiscal General interino genera algunas dudas, comentó Santos.
Hace tres días el ex subdirector de Análisis del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Gustavo Sierra se entregó a la justicia colombiana a tenor del escándalo político por intercepciones telefónicas.
Según portavoces de la Fiscalía de Bogotá, una de las acusaciones que pesa en su contra es haber transcrito grabaciones de reuniones en las que la Corte Suprema definía temas de interés para el gobierno.
Por este expediente también cayó la entonces directora del organismo de inteligencia María Hurtado, mientras el fuego de la crítica mediática y de partidos independientes aumenta sobre la misma Casa de Nariño.
A inicios de 2009 la Revista Semana reveló el controvertido caso de espionaje contra magistrados, políticos, periodistas y activistas de derechos humanos bajo la sospecha de que mantenían nexos con la guerrilla.
arc/jvj
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