Álvaro Uribe decreta Estado de Conmoción usando la huelga judicial como excusa
Álvaro Uribe decreta Estado de Conmoción usando la huelga judicial como excusa
El mandatario neogranadino indicó en un mensaje a la nación que se tomó esta decisión luego que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que entraron en huelga el pasado 3 de septiembre y no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia
El Gobierno de Colombia, a través del presidente Álvaro Uribe, declaró este jueves el Estado de Conmoción Interior a lo largo del territorio nacional por el término de 90 días, en ejercicio de las facultades conferidas por la Carta Magna de esa nación.
La página web de la Presidencia asegura que "el país sudamericano afronta una grave perturbación del orden público y social, debido a la disfuncionalidad de la administración de justicia, lo cual atenta contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana".
Uribe indicó en un mensaje a la nación que se tomó esta decisión luego que fracasaran las negociaciones con los empleados judiciales, que anunciaron el inicio de la huelga el pasado 3 septiembre y no aceptaron las alzas salariales decretadas, lo que mantiene paralizada la administración de justicia.
Miedo como justificación de la medida
Dijo Uribe que en estos 36 días, se han bloqueado los fallos en 160 mil procesos, y según fuentes oficiales, las pérdidas superan los 60 millones de dólares. Asegura que, durante la huelga, más de 2.700 personas capturadas por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas han quedado libres por vencimiento de términos legales, más de 120 mil procesos están sin fallos y no se efectuaron unas 25 mil audiencias. "Esto le causa al país una tragedia", expresó Uribe, quien tuvo un día de consultas con sus asesores antes de anunciar este decreto.
Uribe advirtió de que podían quedar libres en medio del paro importantes narcotraficantes o acusados de crímenes graves, como el de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria (1990-94), secuestrada y asesinada en abril de 2006.
Por su parte, el Fiscal General de la Nación informó que es inminente la salida de las cárceles, por vencimiento de términos, de personas sindicadas de delitos relacionados con los trágicos hechos de la toma del Palacio de Justicia, secuestro y otros graves delitos. "El Ministerio Público, en cabeza del señor Procurador General de la Nación y el Fiscal General de la Nación, han solicitado al Gobierno Nacional adoptar medidas de emergencia acordes con las atribuciones que le otorga la Carta Política, tendientes a conjurar las perturbaciones causadas por la ausencia del funcionamiento de la administración de justicia en todo el territorio nacional".
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