La decepción de un pueblo que creyó, resistió y terminó pagando la factura de la traición


 Por: Ricardo Abud

Hoy no escribo desde la arrechera, sino desde la decepción. Quizás esa sea una de las formas más profundas y dolorosas de la indignación: el momento exacto en que el tiempo, los hechos y la aplastante realidad terminan por destruir las razones que durante tantos años sostuvieron nuestra confianza.

Durante más de veinte años mantuvimos un compromiso político firme con un proyecto que nació despertando esperanzas, movilizando voluntades y convocando a millones de venezolanos alrededor de una idea de justicia social, soberanía e inclusión. No fuimos simples espectadores; acompañamos el proceso, lo defendimos y estuvimos presentes en sus momentos más difíciles, asumiendo batallas como propias aun cuando exigían sacrificios personales, familiares y económicos. Por eso resulta tan duro comprobar en qué terminó buena parte de aquella ilusión.

Existe hoy en las altas esferas del poder una desconexión absoluta con las penurias de la gente. No hay una voluntad real de escuchar, comprender ni resolver el drama cotidiano de millones de ciudadanos que apenas consiguen sobrevivir. Paradójicamente, quienes durante años sostuvieron políticamente al Gobierno, defendieron sus decisiones y confiaron en sus promesas, hoy parecen haberse convertido en una molestia para quienes administran el Estado. Lo más indignante es que no hablamos de una nación carente de recursos humanos, materiales o económicos, sino de un país donde la corrupción, el saqueo del patrimonio público, la opacidad administrativa y la ausencia de controles desvirtuaron cualquier propósito de justicia social. El problema no es solo la pobreza extendida, sino la obscena desigualdad entre una élite que se ha enriquecido desde el poder y una mayoría empobrecida por haber confiado en ella.

Esta contradicción resulta insoportable. Mientras una parte de la dirigencia disfruta de las ventajas materiales que otorga el ejercicio del poder, millones de trabajadores, pensionados y jubilados no pueden cubrir ni sus necesidades más elementales. La respuesta oficial frente a semejante brecha ha sido un discurso interminable de justificaciones. Nos han confiscado el salario mediante una política de congelación sistemática, mientras la inflación erosiona cualquier posibilidad de recuperación económica. En su lugar, han sustituido la remuneración digna por un esquema de bonificaciones que no resuelve el problema de fondo, no genera prestaciones sociales, no fortalece las pensiones ni devuelve la dignidad asociada al trabajo. Han bonificado nuestra existencia, convirtiéndonos en una sociedad que depende de asignaciones extraordinarias que llegan cuando llegan como una especie de respiración artificial para una economía familiar asfixiada.

La dimensión de esta injusticia se comprende mejor a través de la realidad numérica. El salario mínimo legal continúa fijado en 130 bolívares mensuales; al tipo de cambio oficial de referencia, esta cifra equivale apenas a una fracción testimonial del dólar. No es un problema de ajustes ni de austeridad: es una cifra que invalida la subsistencia misma y degrada el acto de trabajar a una simple condena a la miseria. ¿Cómo puede una sociedad aceptar semejante degradación del trabajo? ¿Con qué autoridad moral se habla de justicia social cuando quien trabaja no puede comer de su esfuerzo?  La situación de los pensionados es aún más cruel: tras dedicar décadas de su vida a la producción y al desarrollo nacional, el Estado les devuelve una pensión que desconoce sus años de entrega.

A esta precariedad se suma la incertidumbre institucional, reflejada en el silencio sobre los aguinaldos. A estas alturas del año, los trabajadores deberían tener certeza sobre sus pagos. Sin embargo, un derecho laboral que durante décadas se cumplió con regularidad se ha transformado en una concesión que depende del arbitrio gubernamental. Conviene recordar que tanto en la Cuarta República como durante los gobiernos de Hugo Chávez, el pago oportuno de los aguinaldos era una práctica institucionalizada y un derecho adquirido, no una dádiva de los partidos de turno. Hoy resulta alarmante que ni siquiera exista certeza sobre si esos montos serán ajustados o si quedarán reducidos al monto del salario mínimo, (390 Bs, tres meses de salario mínimo). Comparativamente, quienes se presentan como herederos de las luchas populares han llevado a los trabajadores a un escenario donde la protección social retrocede y la incertidumbre domina el fin de año.

En este contexto de fragilidad económica, resulta sumamente grave la reciente reforma del marco legal del servicio eléctrico y el anuncio de indexar sus tarifas a la tasa cambiaria de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Si bien la norma plantea un esquema de subsidios para quienes no puedan asumir las tarifas plenas, aún no se definen los criterios de elegibilidad ni la metodología tarifaria. Cabe preguntarse entonces: ¿con qué ingresos van a pagar esos servicios los trabajadores con remuneraciones miserables y las familias que dependen de bonos fragmentados? No se puede indexar el costo de los servicios públicos a una moneda fuerte mientras se mantiene el ingreso de los ciudadanos en la extrema precariedad, pobreza extrema. Aunque existan argumentos sobre la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, ninguna política tarifaria es socialmente responsable si no considera la capacidad real de pago de la población. El problema no es aumentar las tarifas, el problema es cobrar a todos los que se benefician del sistema eléctrico. Exigir tarifas de economía alta a un pueblo remunerado como si su trabajo no valiera nada revela una peligrosa inversión de prioridades y una pérdida total de sensibilidad social. Aquí les dejo dos enlaces de artículos escritos en el 2019 y 2014, sobre el sistema eléctrico nacional, en el del 2014, demuestro que no es necesario subir las tarifas, sino cobrar el servicio. 

No al aumento del servicio Eléctrico 2014 Apagaron el switch de luz del Gurí y ENCENDIERON LA LUZ DEL PUEBLO VENEZOLANO. 2019

Frente a la crisis, el discurso oficial apela constantemente a las agresiones externas, las sanciones y el bloqueo internacional. Si bien estos factores explican parte de las dificultades y deben analizarse con seriedad, no pueden convertirse en una licencia para ocultar la corrupción, justificar la ineficiencia, evadir responsabilidades o mantener a los trabajadores sin salarios dignos. Una dirigencia verdaderamente comprometida con su pueblo debería ser la primera en exigir transparencia, investigar el saqueo de los recursos públicos y recuperar lo robado para traducirlo en bienestar colectivo. Por el contrario, la impunidad rampante ha terminado por minar la credibilidad de las instituciones, desencadenando una de las mayores tragedias políticas contemporáneas: la destrucción de la confianza y el consecuente éxodo de más de siete millones de venezolanos. Detrás de esa cifra hay familias fracturadas y un país que perdió la capacidad de ofrecer un horizonte de vida a sus ciudadanos.

Lo más doloroso para quienes acompañamos este proceso durante décadas es comprender que la lealtad no fue correspondida. Mientras el pueblo defendía un proyecto con convicción, sectores del poder construían sus propios privilegios. Pero la lealtad política no puede confundirse con obediencia ciega, ni se puede exigir a la militancia que renuncie a su capacidad crítica. Una cosa es el compromiso indestructible con las ideas de justicia social, igualdad y dignidad humana, y otra muy distinta es la subordinación a quienes utilizan esas banderas para perpetuarse en el poder. No hay que renunciar a las convicciones para reconocer el fracaso de los conductores del Estado, ni se debe guardar silencio ante la corrupción para demostrar que alguna vez se creyó. Precisamente porque creímos, acompañamos y defendimos aquellas ideas, tenemos el derecho y el deber moral de denunciar su degradación.

Quienes hoy ejercen la magistratura deben entender que el pueblo puede soportar sacrificios cuando percibe honestidad y voluntad de resolver los problemas, pero difícilmente perdona la burla, la arrogancia y la indiferencia de quienes le exigen austeridad desde el privilegio. No se puede gobernar eternamente sobre la memoria de las conquistas pasadas mientras se destruyen las condiciones materiales del presente. La historia registrará las palabras, pero también las consecuencias de las decisiones, y la justicia no debería distinguir entre poderosos y ciudadanos comunes. Quienes participaron en el saqueo del país y contribuyeron a la destrucción del nivel de vida de la población tendrán que responder por sus actos; ninguna fortuna ni privilegio podrá comprar legitimidad moral ni borrar el sufrimiento colectivo. La mayor derrota de una dirigencia no es perder una elección, sino perder la autoridad moral ante la gente que alguna vez creyó en ella.

Hoy escribo desde la decepción, no porque haya olvidado lo que defendí, sino porque recuerdo perfectamente por qué lo defendí, y por eso mismo me niego a confundir lealtad con complicidad. El poder es transitorio, los cargos terminan y los privilegios se desvanecen, pero la memoria de un pueblo permanece. A quienes hoy gobiernan les corresponde una responsabilidad histórica insoslayable con las futuras generaciones. Porque un pueblo puede perdonar errores, pero no está obligado a olvidar traiciones. Y quienes creímos en este proyecto durante más de veinte años tenemos la obligación moral de decirlo sin miedo: no fue el pueblo el que abandonó sus principios; fueron muchos de los que llegaron al poder en su nombre quienes terminaron abandonando al pueblo.

NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.


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