Por: Ricardo Abud
El problema fundamental de buena parte de la izquierda latinoamericana no radica en que el imperialismo estadounidense o la injerencia extranjera hayan dejado de existir, sino en que sus dirigentes han convertido la presencia de estas fuerzas externas en una coartada universal para justificar sus propios fracasos.
La narrativa predominante atribuye las victorias a la madurez del pueblo, mientras que las derrotas se achacan sistemáticamente a las oligarquías, los medios de comunicación o la manipulación electoral. Esta postura impide formular una pregunta incómoda pero urgente: ¿cuánto terreno político ha perdido la izquierda por las presiones de sus adversarios y cuánto ha entregado por sus propios errores, su incompetencia, la corrupción y su incapacidad para construir una alternativa que sobreviva a sus dirigentes?
Durante las últimas décadas, diversos proyectos de izquierda alcanzaron el poder respaldados por una enorme legitimidad popular y la promesa de construir sociedades más justas. Sin embargo, en demasiados casos la esperanza se transformó en frustración al dejar tras de sí instituciones debilitadas, servicios públicos deficientes y escándalos éticos. Uno de los desaciertos más profundos fue confundir la popularidad de sus caudillos con la solidez de una propuesta política. En lugar de estructurar movimientos capaces de sobrevivir a sus fundadores y formar relevos generacionales autónomos, se promovió la subordinación y el culto a la personalidad, dejando a las organizaciones sin un proyecto convincente cuando el líder histórico se retira.
Asimismo, existe un enfoque paternalista al analizar el comportamiento del electorado. Es una equivocación asumir que los ciudadanos actúan por ignorancia o manipulación mediática cuando votan contra el gobierno. Un trabajador puede apreciar las transferencias sociales y, al mismo tiempo, padecer la inseguridad, el desempleo o el colapso del sistema de salud. Quienes retiran su respaldo no se han vuelto automáticamente partidarios de la extrema derecha; simplemente están decepcionados de una gestión que dejó de representarlos. La oposición no solo crece por la efectividad de sus promesas, sino por la incapacidad del oficialismo saliente para resolver los problemas cotidianos.
A esta dinámica se suma una dimensión crítica a menudo omitida: el fenómeno de las deslealtades y giros doctrinarios dentro de estas estructuras. Hay transformaciones que, dependiendo de quién las impulse y desde dónde se autoricen, dejan de parecer traiciones para convertirse en simple pragmatismo. Lo verdaderamente revelador no es la velocidad con que se cambia de rumbo, sino el silencio de quienes ayer habrían levantado barricadas ideológicas frente a semejantes decisiones. Al parecer, algunas revoluciones tienen principios innegociables hasta que alguien descubre que pueden negociarse sin demasiado ruido, siempre que el giro venga acompañado del visto bueno adecuado. La historia muestra así una marcada ironía: a veces, quienes más proclaman custodiar un legado terminan desmantelándolo con sus propias manos, mientras sus opositores observan desde la distancia cómo se les adelantan en la tarea.
Por otro lado, la erosión del Estado de derecho y la tolerancia ante la corrupción terminan minando las bases de la democracia. Un gobierno que persigue a sus críticos y utiliza las instituciones como patrimonio partidista deteriora el mismo marco constitucional que requerirá mañana para defenderse cuando pase a la oposición. Pretender gobernar el presente apelando únicamente a la nostalgia de viejos logros, mientras se ignoran las crisis urgentes de la población, desgasta cualquier legitimidad histórica.
Reconocer las presiones internacionales es indispensable, pero utilizarlas para eludir la responsabilidad interna equivale a intelectualizar la ineficiencia. Cuando la autocrítica se califica de traición y los líderes se rodean de aduladores, se le regala a la derecha el monopolio de la denuncia sobre la corrupción y el mal gobierno. Gobernar en nombre del pueblo exige entregar resultados tangibles en salarios, educación, seguridad y salud, bienestar social. La legitimidad política no es eterna; debe renovarse constantemente con honestidad y eficacia, pues ningún movimiento sobrevive si sus propios dirigentes destruyen la confianza de la sociedad que alguna vez creyó en ellos.
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