Por: Ricardo Abud.
La palabra criminal ha adquirido un peso extraordinario en la política migratoria de Estados Unidos. Se pronuncia con dureza, se utiliza para justificar redadas, detenciones y deportaciones y aparece una y otra vez como argumento para explicar por qué determinadas personas no deberían permanecer en el país. El problema comienza cuando uno hace una pregunta elemental: ¿La palabra criminal significa lo mismo cuando se aplica a todos?
Donald Trump fue declarado culpable por un jurado de Nueva York de 34 delitos graves relacionados con la falsificación de registros comerciales. No se trató de una acusación política, de una denuncia sin resolver ni de una investigación periodística. Hubo un juicio, hubo un jurado y hubo un veredicto de culpabilidad en los 34 cargos. Posteriormente, el 10 de enero de 2025, Trump recibió una sentencia de unconditional discharge: permaneció como delincuente condenado, pero sin prisión, multa ni libertad condicional. Ese dato debería formar parte de cualquier conversación seria sobre la obsesión con "expulsar a los criminales".
No porque Trump pueda ser deportado. No puede. Es ciudadano estadounidense y nació en Nueva York. Precisamente por eso la pregunta es otra: ¿Por qué un inmigrante puede ser reducido públicamente a la palabra criminal para justificar su expulsión, mientras un presidente de Estados Unidos puede haber sido declarado culpable de 34 delitos graves y continuar ejerciendo la máxima autoridad política del país? La respuesta jurídica es evidente: un ciudadano estadounidense no puede ser deportado simplemente porque haya cometido un delito. Pero la pregunta política y moral permanece: ¿Quién decide cuándo la palabra "criminal" sirve para hablar de seguridad y cuándo deja de importar?
Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras. Tiene derecho a detener a personas que violan las leyes migratorias. Tiene derecho a deportar a quienes, después del debido proceso, no tienen derecho legal a permanecer en el país. Y cuando un extranjero comete un delito grave, resulta perfectamente legítimo que el Estado lo considere un factor relevante en un procedimiento migratorio. La discusión seria comienza cuando la palabra criminal se convierte en una etiqueta que ya no describe a una persona condenada por un delito, sino que funciona como una herramienta política para justificar una política de detención cada vez más amplia.
Los datos de ICE son difíciles de ignorar. En julio de 2026, la agencia realizó 49.571 arrestos, el mayor número mensual registrado durante el segundo mandato de Trump y aproximadamente un 15% más que en junio. Pero el dato más incómodo está dentro de esa cifra: más de la mitad de las personas arrestadas no tenían condenas penales ni cargos criminales pendientes. Menos de una cuarta parte había sido condenada por algún delito. Entonces hay que hacerse una pregunta sencilla: si la justificación principal es perseguir criminales peligrosos, ¿por qué más de la mitad de los detenidos en un mes récord no tenían condenas ni cargos criminales pendientes?
No significa que todas esas personas tengan derecho a permanecer en Estados Unidos. No significa que todas sean inocentes de haber violado una ley migratoria. Significa algo mucho más preciso: violación migratoria y condena criminal no son sinónimos. Y cuando un gobierno utiliza ambas palabras como si fueran intercambiables, la ciudadanía merece exigir explicaciones.
La magnitud del aparato de detención también ha cambiado. Datos del Transactional Records Access Clearinghouse muestran que, al 11 de julio de 2026, 46.436 de 65.765 personas bajo custodia de ICE, el 70,6% no tenían una condena criminal. Entre quienes sí tenían antecedentes, muchos habían cometido infracciones menores. Esto no convierte automáticamente a ICE en una organización ilegítima, pero sí obliga a mirar con atención la distancia entre el discurso y la realidad.
Una cosa es decir: "Estamos sacando de Estados Unidos a criminales peligrosos." Otra, muy distinta, es administrar un sistema en el que una enorme proporción de los detenidos no tiene una condena criminal. La diferencia no es semántica. Es humana. Detrás de cada número hay una persona: un padre que quizá no vuelve a casa esa noche, una madre que quizá no puede recoger a sus hijos, un trabajador que quizá llevaba años pagando impuestos, una familia que quizá construyó toda su vida alrededor de una casa, una iglesia, un negocio, una escuela, y también puede haber personas que efectivamente violaron la ley. La justicia no consiste en negar esa realidad. Consiste en distinguir entre ellas.
La expansión del control migratorio tampoco se está limitando a personas indocumentadas. Una investigación del San Francisco Chronicle documentó que el aeropuerto internacional de San Francisco se ha convertido, en la práctica, en un lugar de detención migratoria prolongada. Entre enero y julio de 2026, 25 personas permanecieron allí durante más de 72 horas; 19 tenían tarjetas de residencia válidas. Eso debería estremecer a cualquier persona que crea en el Estado de derecho.
Porque una tarjeta de residencia no es un privilegio decorativo. Representa un estatus legal. Y si una persona legalmente residente puede terminar detenida durante días en un espacio improvisado de un aeropuerto, sin una cama adecuada, sin privacidad y enfrentando una incertidumbre enorme sobre su futuro, entonces la conversación ya no es solamente sobre inmigración ilegal. Es sobre seguridad jurídica.
Y entonces aparece Trump
Aquí la contradicción política se vuelve imposible de ignorar. Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves. Su condena no significa que deba ser expulsado de Estados Unidos. No puede serlo: es ciudadano estadounidense. Pero tampoco puede borrarse el hecho de que es un delincuente condenado.
La palabra no la inventó un periodista. La palabra no procede de una publicación de Facebook. La palabra se desprende de un veredicto judicial. Y, sin embargo, el presidente ha construido gran parte de su discurso migratorio alrededor de una oposición aparentemente sencilla: los criminales deben irse. Perfecto.
Entonces hagamos una distinción que la política suele evitar. Si eres extranjero y cometes un delito, puedes enfrentarte a consecuencias penales y migratorias. Si eres ciudadano estadounidense y cometes un delito, puedes ser procesado y condenado, pero no deportado. Eso es exactamente lo que establece el sistema. La pregunta incómoda es otra: ¿Por qué el gobierno necesita presentar a los inmigrantes como una amenaza criminal colectiva cuando sus propios datos muestran que una gran parte de los detenidos por ICE no tiene condenas criminales?
También conviene desmontar otra mentira que circula en redes. No es correcto decir que los dos padres de Donald Trump fueron inmigrantes. Su padre, Fred Trump, nació en Nueva York. Pero los abuelos paternos de Trump, Friedrich Trump y Elisabeth Christ, emigraron desde Alemania. Su madre, Mary Anne MacLeod, nació en Escocia y emigró posteriormente a Estados Unidos; se convirtió en ciudadana estadounidense en 1942. Y su esposa, Melania Trump, nació en Eslovenia y se convirtió posteriormente en ciudadana estadounidense por naturalización.
La historia familiar, por tanto, es profundamente estadounidense en el sentido más tradicional del país: una mezcla de inmigración, generaciones posteriores y ciudadanía adquirida o nacida. Eso no convierte a Trump en extranjero. Pero sí destruye cualquier fantasía de que la identidad estadounidense pueda reducirse sencillamente a una cuestión de "sangre".
Estados Unidos nunca fue una nación definida exclusivamente por la sangre. Fue, precisamente, una nación construida por oleadas de personas que llegaron desde otros lugares.
El presidente que habla de criminales también conoce la inmigración desde dentro de su propia familia
Aquí no hace falta recurrir a una escena viral que nunca pudo comprobarse. No hace falta inventar una periodista humillando al presidente. No hace falta fabricar una frase. Los hechos reales son suficientes.
Trump nació estadounidense. Su padre nació estadounidense. Pero sus raíces familiares incluyen inmigrantes alemanes y una madre nacida en Escocia. Su esposa es una inmigrante naturalizada. Y él mismo es un ciudadano estadounidense que fue declarado culpable de 34 delitos graves.
Todo eso puede coexistir jurídicamente. Lo que no debería coexistir tan fácilmente es un discurso político que convierte la condición de inmigrante en sospecha moral mientras relativiza la importancia de una condena penal cuando quien la lleva es el presidente.
Este es el punto que no debería perderse. Nadie está diciendo que los inmigrantes estén por encima de la ley. Todo lo contrario. La misma ley debe estar por encima de todos. El inmigrante indocumentado debe responder por sus actos. El ciudadano estadounidense condenado por un delito debe responder por los suyos. El presidente también. El periodista debe poder preguntar. El juez debe poder limitar al gobierno. Y un agente federal debe poder ejercer su autoridad sin quedar por encima de las reglas que está obligado a hacer cumplir.
Por eso preocupa que dos tribunales federales de apelaciones hayan rechazado recientemente una política de la administración Trump que buscaba someter a millones de inmigrantes a detención obligatoria sin acceso a audiencias para determinar su libertad bajo fianza. El debido proceso no es una recompensa para quien se porta bien. Es una garantía frente al poder del Estado. Y esa diferencia importa muchísimo.
Esa es otra falsa elección. Estados Unidos puede tener una frontera segura. Puede deportar a personas que legalmente deben ser deportadas. Puede perseguir organizaciones criminales. Puede encarcelar a delincuentes peligrosos. Puede proteger a sus ciudadanos. Y puede hacerlo sin asumir que todo inmigrante es un criminal hasta que demuestre lo contrario.
De hecho, hacerlo correctamente sería una muestra de fortaleza institucional. La verdadera fortaleza de un Estado no se demuestra por cuántas personas puede detener. Se demuestra por cuánto poder es capaz de ejercer sin abusar de él.
Porque resulta fácil ser poderoso frente a alguien que no tiene abogado, que no domina el idioma, que teme perder a sus hijos o que no sabe siquiera a quién llamar cuando lo detienen. Lo difícil es detenerse. Preguntar. Comprobar. Escuchar. Aplicar la ley. Y aceptar que incluso quien llegó ilegalmente conserva derechos.
Quizá esa sea la pregunta que debería perseguir a Estados Unidos mucho más que cualquier video viral: ¿Queremos un país donde la ley castigue a quien delinque o un país donde el poder decida quién merece ser llamado criminal?
Porque no es lo mismo. Una cosa es justicia. La otra es poder. Y cuando un gobierno comienza a utilizar la palabra criminal como una categoría política antes que jurídica, todos deberíamos preocuparnos. No solamente los inmigrantes.
Porque hoy puede utilizarse contra una persona que cruzó una frontera. Mañana puede utilizarse contra quien protesta. Después contra quien pregunta. Y finalmente contra cualquiera que resulte incómodo para quien tiene el poder.
Trump no puede ser deportado por sus 34 condenas porque es ciudadano estadounidense. Eso es correcto. Pero justamente por eso el principio debe ser universal: la ciudadanía no borra la culpabilidad, y la falta de ciudadanía tampoco borra los derechos.
Si Estados Unidos quiere seguir siendo un Estado de derecho, no puede haber una ley para los poderosos y otra para los vulnerables. No puede haber una definición de "criminal" para el inmigrante y otra para el presidente. No puede hablarse de "sangre estadounidense" como si la nación fuera una propiedad hereditaria. Y no puede confundirse la capacidad de expulsar personas con la capacidad de administrar justicia.
Porque al final, la pregunta no es quién merece quedarse. La pregunta más peligrosa es otra: ¿Quién tendrá el poder de decidirlo y quién estará dispuesto a detenerlo cuando se equivoque?
Ahí es donde una política migratoria deja de ser solamente una política migratoria.
Ahí comienza la verdadera prueba de una democracia.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.
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