Por: Ricardo Abud
Una mujer en Caracas se sienta a la mesa de su cocina antes de que amanezca. En un cuaderno ajado anota sumas y restas: el kilo de harina, el pasaje, los medicamentos que suben cada semana. A pocos kilómetros, en los despachos de Washington y en las torres corporativas de Houston, se debate sobre 65.000 millones de barriles, tasas de descuento, campos maduros y fondos de depósitos en el Tesoro estadounidense.
Esa distancia entre la mesa de la cocina y la mesa de negociación define el gran dilema nacional. Tener el recurso bajo el suelo no significa que su fruto alimente a quienes caminan sobre él.La discusión sobre el petróleo venezolano se ha convertido en una batalla de palabras: Washington habla de control, mientras Caracas responde que Venezuela conserva su soberanía. A primera vista parecen afirmaciones contradictorias, pero pueden ser ciertas al mismo tiempo. El verdadero problema radica en hacernos las preguntas correctas: ¿quién controla el petróleo, quién controla el dinero que produce y quién se beneficia realmente de él? Durante meses se ha repetido una verdad incuestionable: el petróleo sigue siendo de Venezuela. Jurídicamente, la propiedad de la nación sobre sus yacimientos no se ha movido de la Constitución. Sin embargo, la historia económica está llena de propietarios legales que terminaron siendo convidados de piedra en sus propios negocios.
Un país no vive de tener petróleo bajo la tierra, sino de lo que obtiene tras extraerlo, venderlo y cobrarlo. El decreto de la Casa Blanca introdujo un mecanismo clave: los ingresos de los recursos naturales venezolanos se depositan en cuentas especiales del Tesoro estadounidense (Foreign Government Deposit Funds). Aunque se argumenta que esto sirve para protegerlos de acreedores, el dinero generado entra en un circuito financiero cuyas reglas determina Washington. Cuando la infraestructura se destruye, la urgencia de producir obliga a firmar alianzas donde el capital extranjero no solo pone la tecnología, sino que define los términos comerciales, condiciona la comercialización y administra los flujos financieros a través de fronteras lejanas.
Esto cambia por completo la naturaleza del problema. La soberanía no es solo colocar una bandera sobre un yacimiento petrolero. Implica decidir qué se produce, quién lo hace, cuánto se vende, a qué precio, cuáles son los costos, qué recibe el Estado y cuál es el destino final de los ingresos. No basta con conservar la titularidad formal de un pozo si las palancas que deciden el destino de los dividendos, las reinversiones y los plazos operativos se pulsan desde el exterior.
Por eso resulta insuficiente responder que “el petróleo sigue siendo venezolano”. Claro que puede seguir siéndolo en los documentos. La pregunta incómoda es cuánto poder conserva Venezuela para decidir sobre ese recurso y cuánto valor económico consigue capturar de él. El reciente acuerdo sobre diecisiete campos petroleros introduce una dinámica que va mucho más allá de una simple compraventa de crudo. Si las condiciones de extracción otorgan ventajas extraordinarias a los compradores norteamericanos —vinculando los precios al costo marginal o garantizando un suministro preferencial—, el riesgo es evidente: que el crudo sirva para blindar la seguridad energética del norte industrializado mientras el aparato productivo local apenas recibe migajas contables.
Aquí aparece la cuestión más delicada: el precio al que EE. UU. obtiene el petróleo y la fórmula de distribución de beneficios. Si el crudo llega al norte bajo condiciones muy favorables, no estaríamos ante una simple operación comercial, sino ante un escenario donde Venezuela utiliza su recurso para abaratar la energía de una potencia mientras su propia población espera los beneficios. Esa sería la paradoja más brutal. Un país con enormes reservas podría contribuir a la seguridad energética y al bienestar de una nación rica mientras su pueblo enfrenta salarios miserables y servicios deteriorados. La pregunta deja de ser si EE. UU. “se quedó” con el país; es mucho más concreta: ¿está Venezuela obteniendo una compensación justa por permitir que otros controlen la cadena de valor? Incluso conservando la propiedad del subsuelo, se puede terminar con una porción ínfima de la riqueza generada.
A esto se le suman los plazos involucrados. Mientras desde Caracas se habla con ligereza de veinticinco años, informaciones apuntan a derechos de hasta un siglo para determinados activos estratégicos. Un cuarto de siglo es el tiempo en que una generación entera crece sin oportunidades; un siglo significa hipotecar el destino económico de bisnietos que ni siquiera han nacido. Sin embargo, los contratos continúan bajo el secreto de Estado. La ciudadanía asiste a un cruce de consignas ideológicas mientras se le niega el derecho elemental a revisar los números básicos: costos de extracción, regalías efectivas, márgenes de ganancia, tablas impositivas, precios de venta y gastos operativos. Sin transparencia, cualquier conclusión oficial o extranjera es prematura.
La trampa más peligrosa es creer que el aumento en el volumen de barriles exportados equivale automáticamente a una mejora en la calidad de vida. Una nación puede duplicar su extracción diaria de crudo mientras sus hospitales siguen sin insumos, sus escuelas se caen a pedazos y los salarios apenas alcanzan para la supervivencia básica. La renta petrolera mal distribuida o succionada por una estructura de costos desproporcionada a favor del socio extranjero no genera desarrollo; genera enclaves de modernidad rodeados de miseria generalizada.
Ningún venezolano sensato se opone a la llegada de inversión y tecnología internacional. La industria petrolera nacional quedó reducida a escombros y necesita socios globales para ponerse de pie. Pero existe una línea muy clara entre la cooperación y la subordinación. Socios son aquellos que aportan capital y comparten riesgos bajo reglas transparentes; tutores son aquellos que imponen condiciones de monopolio aprovechándose de la debilidad circunstancial de un país urgido de caja.
La mujer que hoy repasa sus cuentas en la cocina no entiende de decretos presidenciales ni de debates semánticos sobre si el control es político o comercial. Su termómetro de la soberanía es directo y doloroso: se mide en la capacidad de comprar lo necesario para vivir con dignidad, en la estabilidad de la luz eléctrica y en el acceso a la salud.
Por eso la discusión central no debe centrarse en gritar quién es el dueño nominal del subsuelo. La verdadera prueba de fuego es averiguar quién retiene el valor real del negocio. La soberanía puede sobrevivir intacta en los papeles mientras la dependencia económica se instala implacable en la realidad. Venezuela puede conservar la propiedad de sus reservas y perder por completo su capacidad de decisión. Si al final del día la riqueza generada sirve para subsidiar el consumo y el bienestar de los ciudadanos de otro país mientras el pueblo local sigue atrapado en la precariedad, no estaremos ante una disputa jurídica, sino ante una tragedia económica y moral donde un país rico terminó subsidiando el bienestar de otro más poderoso. Al final de cada barril hay una pregunta que ninguna bandera responde: ¿A quién le mejora realmente la vida ese petróleo?
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.
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