Por: Ricardo Abud
El debate en torno a las consecuencias humanitarias de las sanciones internacionales impuestas contra Venezuela principalmente por Estados Unidos a partir de 2017 constituye uno de los temas económicos y políticos más complejos de la historia reciente.
Analizar esta controversia exige examinar las repercusiones prácticas de dichas medidas sobre la población y la participación de los actores políticos internos, al margen de narrativas partidistas.
Una cifra de más de 40.000 muertes atribuibles a las sanciones estadounidenses contra Venezuela ha provocado una intensa disputa política. Para unos, se trata de una prueba de que Washington provocó una catástrofe humanitaria; para otros, de una manipulación estadística destinada a responsabilizar a Estados Unidos por una crisis que comenzó mucho antes. Ninguna de esas dos posiciones, presentada sin matices, permite comprender correctamente el problema.
El origen de la cifra es perfectamente identificable. El 25 de abril de 2019, los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs publicaron un estudio a través del Center for Economic and Policy Research (CEPR) en el que analizaron las consecuencias de las sanciones financieras estadounidenses impuestas en agosto de 2017. Su estimación fue de más de 40.000 muertes durante 2017 y 2018 asociadas al impacto de esas medidas. Al limitar el flujo de divisas y bloquear transacciones internacionales esenciales, las medidas dificultaron la importación regular de alimentos, insumos médicos, medicamentos de alto costo y repuestos indispensables para el mantenimiento de los servicios públicos, como la electricidad y el agua.
Los datos presentados en el estudio de Dany Bahar, Sebastián Bustos, José Ramón Morales y Miguel Santos, publicado por Brookings, resultan difíciles de ignorar: las importaciones de alimentos habían caído un 71% respecto a su máximo alcanzado en 2013, las de medicamentos y equipos médicos se habían reducido en un 68%, y la mortalidad infantil mostraba un incremento considerable.
Aunque el país ya experimentaba un colapso económico previo derivado de políticas internas acumuladas durante años, las sanciones agregaron un factor restrictivo adicional que encareció la gestión de la crisis, elevó los costos sociales y redujo la capacidad de respuesta estatal frente a emergencias sanitarias y alimentarias que afectaron directamente a los sectores más vulnerables de la ciudadanía.
Paralelamente, la actuación de sectores de la oposición venezolana constituye un elemento central en la dimensión política de este proceso. Diversas facciones y dirigentes opositores abogaron públicamente por el endurecimiento de la presión internacional y solicitaron la aplicación de sanciones económicas y financieras contra el Estado venezolano, bajo la premisa de utilizar el cerco externo como un mecanismo de coerción para forzar una transición política. Mientras los defensores de esta estrategia argumentaban que se trataba de una vía para debilitar a la administración de Nicolás Maduro, los críticos y diversos sectores señalan que esta petición y respaldo activo propiciaron un esquema de asfixia económica cuyas consecuencias recayeron de manera transversal sobre la población general, independientemente de su afiliación partidista, intensificando el sufrimiento humano y limitando las alternativas de recuperación nacional.
En cuanto al plano internacional, la implementación de medidas punitivas unilaterales por parte de Washington que escalaron progresivamente desde restricciones individuales hasta sanciones sectoriales sobre PDVSA tuvo como pretensión incidir en la dinámica política interna de Venezuela, una práctica fuertemente cuestionada por contravenir principios fundamentales del derecho internacional como la soberanía de los Estados y la no injerencia.
La crisis humanitaria en Venezuela no puede reducirse a una narrativa que disimule responsabilidades ni a un tecnicismo que diluye la culpa. En el análisis político e histórico, el rigor analítico corre el riesgo permanente de desconectarse del peso moral del daño infligido a la gente común, que es la que finalmente paga el costo real de las decisiones erráticas de sus propios dirigentes, de la presión coercitiva de los gobiernos extranjeros y de la apuesta partidista de una oposición que avaló el ahogamiento económico. Lejos de neutralizar las culpas, la evidencia expone una cadena de responsabilidades directas e ineludibles donde cada actor desde el ejercicio del poder interno hasta la agresión externa y su complicidad local cargará históricamente con el sufrimiento provocado a toda una nación.
La tragedia venezolana no necesita una mentira para ser condenada. Los datos, las investigaciones y la propia magnitud del sufrimiento humano son suficientemente graves. Lo que corresponde es estudiarlos con rigor, incluso cuando las conclusiones incomoden a quienes prefieren una historia sencilla de buenos y malos.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.
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