Alejandro Betancourt vuelve a demostrar que en la política internacional la moral suele durar exactamente hasta que aparecen el petróleo y los intereses estratégicos.
Su nombre ha estado rodeado durante años de investigaciones en Estados Unidos, España y Suiza por presunto blanqueo de capitales y operaciones vinculadas con el dinero de PDVSA. Suiza llegó a solicitar su detención. Pero mientras los fiscales suizos intentaban llevar adelante su investigación, Washington tomó otro camino: necesitaba a Betancourt como intermediario en su nueva relación con Venezuela.
La historia resulta particularmente grotesca porque Betancourt no es un recién llegado al poder económico venezolano. Su fortuna creció durante el chavismo, especialmente mediante contratos públicos vinculados al sector eléctrico, y posteriormente su actividad se expandió hacia el petróleo. Es uno de esos empresarios que hicieron enormes fortunas alrededor del Estado venezolano mientras el país comenzaba a hundirse en la corrupción, la destrucción institucional y la pobreza.
Ahora el escenario cambió, pero algunos protagonistas parecen ser los mismos.
Según The Washington Post, funcionarios de la administración Trump intervinieron ante autoridades suizas en relación con la investigación contra Betancourt. Mientras Suiza buscaba restringir su libertad de movimiento, Estados Unidos permitió que viajara y se reuniera con funcionarios estadounidenses, y posteriormente le facilitó una visa de entradas múltiples. La razón resulta bastante sencilla: Washington lo estaba utilizando como interlocutor en Caracas.
Y entonces aparece el verdadero negocio: el petróleo venezolano.
Betancourt conoce el sector, tiene conexiones empresariales y mantiene intereses directos en el negocio energético. EL PAÍS lo ha descrito como una figura que sirve de puente entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la administración Trump. Ahora, con Washington intentando ampliar su control e influencia sobre la industria petrolera venezolana, su utilidad política y empresarial se vuelve todavía mayor.
La coincidencia temporal es demasiado conveniente para ignorarla. Suiza lo investiga; Estados Unidos lo necesita. Su nombre aparece en expedientes relacionados con presunto blanqueo y corrupción; Washington lo utiliza para negociar sobre Venezuela. Y mientras tanto, el hombre que fue cuestionado por su relación con el viejo poder venezolano reaparece como una pieza relevante del nuevo poder.
La noticia más reciente eleva todavía más la temperatura. Reuters informó hoy que Estados Unidos estaría preparando una participación del 35 % en la empresa petrolera de Betancourt, North American Blue Energy Partners, además de derechos preferenciales sobre parte de su producción. El Pentágono, sin embargo, ha negado que su Oficina de Capital Estratégico tenga previsto tomar participación accionaria en empresas privadas.
Si finalmente se confirma, sería una ironía monumental: el Estado estadounidense no solamente estaría negociando con un empresario venezolano investigado internacionalmente, sino que podría terminar convirtiéndose en socio de su negocio petrolero.
Conviene decir algo que muchos preferirían omitir: Betancourt no ha sido condenado por los delitos que se le atribuyen y él niega haber cometido irregularidades. Una investigación no es una sentencia. Pero tampoco una investigación desaparece porque el investigado se vuelva políticamente conveniente. Precisamente por eso el asunto merece escrutinio.
La pregunta ya no es simplemente quién es Alejandro Betancourt. La pregunta verdaderamente incómoda es por qué un hombre que resultaba suficientemente sospechoso para las autoridades suizas puede convertirse, al mismo tiempo, en suficientemente útil para Washington como para participar en el diseño del futuro petrolero de Venezuela.
Eso desnuda una verdad desagradable sobre la geopolítica: los principios pueden ser negociables cuando están de por medio los intereses nacionales de las grandes potencias.
Venezuela ya sufrió demasiado con empresarios que se enriquecieron alrededor del poder mientras el ciudadano común pagaba las consecuencias. Lo mínimo que debería esperarse de una nueva etapa es que no se repita el mismo mecanismo con otros padrinos y otras banderas.
Cambiar de gobierno no significa necesariamente cambiar de sistema. Cambiar de aliados tampoco significa acabar con la corrupción.
Si quienes ayer hicieron fortuna alrededor del poder vuelven hoy a sentarse en la mesa donde se decide el destino del petróleo venezolano, la pregunta que debemos hacernos es brutalmente sencilla: ¿estamos reconstruyendo Venezuela o simplemente estamos cambiando quién administra el botín?
Porque el petróleo sigue siendo venezolano, aunque los hombres que lo rodean cambien de uniforme político.
Nota: Alejandro Betancourt, junto a los socios de la empresa Derwick Associates, obtuvo millonarios contratos por adjudicación directa con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) durante la emergencia eléctrica en Venezuela. Las investigaciones y denuncias señalan que estas contrataciones se caracterizaron por el uso de sobreprecios multimillonarios, la adquisición de equipos ineficientes o inoperativos y la asignación de obras a empresas con poca experiencia, lo que configuró un esquema de desfalco al Estado que contribuyó severamente al colapso del sistema eléctrico del país.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.
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