Por: Ricardo Abud
Hay momentos en los que una sociedad necesita detenerse y preguntarse qué demonios está pasando. Este es uno de ellos. Lo que estamos viendo alrededor de los venezolanos dejó de ser solamente una discusión sobre migración, fronteras o seguridad.
En demasiados lugares comienza a adquirir los rasgos de una peligrosa estigmatización colectiva: el venezolano convertido en sospechoso por el simple hecho de ser venezolano, una nacionalidad utilizada como argumento electoral y millones de personas obligadas a cargar sobre sus hombros la responsabilidad por los delitos cometidos por individuos aislados, que no representan nuestro gentilicio. Eso no es justicia. Eso es xenofobia. Y la venezolanofobia, cuando se convierte en política de Estado o en herramienta de propaganda, merece ser denunciada con toda la fuerza posible.
Colombia acaba de dar un giro dramático. Su nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, ordenó operativos para identificar y deportar inmigrantes en situación irregular, priorizando a quienes hayan cometido delitos, pero extendiendo después la medida a quienes simplemente carezcan de estatus legal. Cerca de 2,8 millones de venezolanos viven actualmente en Colombia y alrededor de 848.000 se encuentran en situación irregular, según las cifras difundidas por medios internacionales. El problema no es que Colombia quiera controlar su frontera: cualquier Estado tiene derecho a hacerlo. El problema comienza cuando la irregularidad migratoria se mezcla deliberadamente con criminalidad y cuando una población entera termina siendo presentada como una amenaza.
Chile tampoco es ajeno a esta deriva. José Antonio Kast llegó a La Moneda con un discurso de mano dura y una política migratoria mucho más restrictiva, después de años en los que la migración venezolana se convirtió en uno de los grandes asuntos políticos del país. La discusión sobre seguridad es legítima; lo que no puede aceptarse es que el venezolano común termine pagando colectivamente por el delincuente venezolano. Perú, por su parte, recibió a más de un millón y medio de venezolanos y pasó de una primera etapa relativamente receptiva a políticas progresivamente más restrictivas. El fenómeno se repite con diferentes intensidades en buena parte de América Latina.
La política migratoria de Donald Trump hacia los venezolanos se ha caracterizado por una ofensiva de mano dura que incluye la revocación masiva del Estatus de Protección Temporal (TPS), la intensificación de las redadas y operativos de deportación a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y la asociación de toda la comunidad migrante con la criminalidad y bandas organizadas. Estas medidas han dejado a cientos de miles de venezolanos en situación de vulnerabilidad extrema, eliminando sus permisos de trabajo y su estabilidad legal en territorio estadounidense.
Durante buena parte del siglo XX Venezuela fue un país receptor de inmigrantes. En los años de expansión petrolera llegaron colombianos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, argentinos, portugueses, españoles, italianos y ciudadanos de muchas otras nacionalidades. Venezuela recibió trabajadores, empresarios, profesionales, campesinos, refugiados políticos, muchos delincuentes y familias enteras que encontraron aquí algo que sus propios países no podían ofrecerles. No llegaron a pedir permiso para existir: llegaron a construir una vida. Muchos terminaron siendo tan venezolanos como cualquiera nacido en Caracas, Maracaibo, Valencia o Barquisimeto.
La inmigración colombiana es quizá uno de los ejemplos más poderosos. Millones de colombianos cruzaron la frontera atraídos por el empleo y por una economía venezolana que necesitaba trabajadores. En los años setenta y ochenta Venezuela era un polo económico regional y recibió una cantidad extraordinaria de población latinoamericana. Aquella Venezuela no preguntaba únicamente de dónde venías; muchas veces preguntaba qué sabías hacer y qué estabas dispuesto a trabajar. El país que hoy expulsa venezolanos fue durante décadas el país al que otros llegaban para escapar de la pobreza. Esa memoria histórica no puede desaparecer porque resulte incómoda.
Y aquí está la paradoja que debería avergonzarnos a todos: muchos de los venezolanos que hoy son señalados en Colombia, Chile, Perú o Estados Unidos son hijos y nietos de inmigrantes que alguna vez fueron recibidos en Venezuela. La historia tiene una crueldad extraordinaria: ayer nuestros padres abrían las puertas y hoy nuestros hijos cruzan esas mismas fronteras con una mochila, una maleta y la esperanza de que alguien no los mire como delincuentes antes de conocerlos.
Porque detrás de la palabra "migrante" hay personas. Está la mujer que limpia una casa en Santiago para mandar dinero a su madre. Está el muchacho que trabaja diez horas en Bogotá y todavía consigue enviar algo a sus hijos. Está el médico venezolano que conduce un vehículo porque sus títulos no han sido reconocidos. Está la enfermera que terminó trabajando en un restaurante. Está el ingeniero que carga mercancía. Está el anciano que solamente quiere volver a ver a sus nietos. Y está ese niño venezolano que nació en medio de una crisis que no provocó y que, sin embargo, puede crecer escuchando que su nacionalidad es un problema. Eso también es violencia.
Ahora bien, hay otra parte de esta historia que resulta todavía más obscena y que no podemos perder de vista: mientras al venezolano común se le presenta como una carga, el petróleo venezolano sigue siendo extraordinariamente valioso para las grandes potencias. Y aquí conviene ser rigurosos porque la verdad ya es suficientemente escandalosa sin necesidad de adornarla.
Donald Trump ha hablado públicamente de los ingresos procedentes del petróleo venezolano. El 27 de julio afirmó que Estados Unidos había recibido "billions and billions of dollars" de Venezuela y explicó que esos recursos estaban siendo utilizados para sostener las necesidades del gobierno y, particularmente, las militares en su guerra particular con Iran (rueda de prensa informal con periodistas que ofrecía el presidente estadounidense Donald Trump a bordo del avión presidencial Air Force One, mientras viajaba rumbo a Michigan), en un contexto en el que el Congreso debía aprobar fondos y existía resistencia a hacerlo. La administración estadounidense ha colocado miles de millones de dólares derivados de las ventas petroleras venezolanas bajo mecanismos controlados por Estados Unidos. Una estimación citada por medios estadounidenses sitúa esos ingresos alrededor de los 13.000 millones de dólares.
Y esto ocurre mientras Estados Unidos libra una guerra contra Irán cuyo costo ha obligado a la administración Trump a solicitar decenas de miles de millones de dólares adicionales al Congreso. Reuters informó en junio que la Casa Blanca pidió 87.600 millones de dólares adicionales, de los cuales más de 67.000 millones estarían destinados a operaciones militares, reposición de armamento y programas clasificados.
Trump ha reconocido que Estados Unidos está obteniendo miles de millones de dólares vinculados al petróleo venezolano y que esos recursos son utilizados para cubrir necesidades del gobierno y de sus fuerzas armadas, mientras su administración enfrenta enormes costos militares relacionados con Irán. Esa realidad plantea una pregunta mucho más profunda que una simple consigna política: ¿quién está decidiendo el destino de la riqueza venezolana?
Porque mientras el venezolano cruza una frontera cargando una bolsa de ropa, el petróleo venezolano cruza el océano convertido en miles de millones de dólares, para financiar una guerra que no le pertenece.
Para el venezolano, controles migratorios.
Para el petróleo venezolano, negocios.
Esa es la contradicción que no podemos permitir que desaparezca detrás de los titulares.
Y mientras todo esto ocurre, ¿dónde está el Estado venezolano? ¿Dónde está la Cancillería cuando un gobierno extranjero utiliza a los venezolanos como argumento político? ¿Dónde están las protestas diplomáticas cuando se estigmatiza a una comunidad entera? ¿Dónde está la defensa internacional de nuestros ciudadanos? ¿Dónde están los consulados capaces de protegerlos, orientarlos y defender sus derechos? ¿Donde coño esta la voz de protesta del gobierno, cuando Trump, dice que financia su guerra con nuetsras riquezas provenientes de la venta de nuestro petroleo?
El silencio resulta particularmente doloroso y complice porque Venezuela tiene una deuda histórica con sus propios migrantes. No estamos hablando de unas pocas personas. Más de ocho millones de venezolanos se encuentran dispersos por América Latina y otras regiones del mundo, una de las mayores diásporas contemporáneas. Colombia, Perú y Chile están entre los principales países receptores.
Un gobierno que presume defender la soberanía debería entender que la soberanía no termina en Maiquetía. También se ejerce cuando un venezolano está en Bogotá, Lima, Santiago, Miami, Madrid o cualquier otro lugar del planeta. Defender a los ciudadanos no significa justificar sus delitos. Significa garantizar que sean juzgados individualmente y no condenados por su pasaporte.
Si un venezolano roba, que responda ante la justicia. Si un venezolano asesina, que responda ante la justicia. Pero exactamente lo mismo debe aplicarse al colombiano, al chileno, al peruano, al estadounidense o a cualquier otra nacionalidad. La justicia individualiza; la xenofobia colectiviza.
Por eso no quiero que un colombiano sea maltratado en Venezuela porque un presidente colombiano haya maltratado a los venezolanos. No quiero que un chileno sea insultado por las declaraciones de Kast. No quiero que un peruano pague por las decisiones de Lima. No quiero que reproduzca aquello que denunciamos. La dignidad no puede convertirse en una venganza nacional.
Pero tampoco quiero venezolanos callados.
Tenemos derecho a denunciar la xenofobia.
Tenemos derecho a exigir respeto.
Tenemos derecho a preguntar por nuestros recursos.
Tenemos derecho a exigir que nuestros gobernantes defiendan a quienes tuvieron que marcharse.
Y tenemos derecho a recordar algo que parece haberse borrado de la memoria colectiva: Venezuela recibió a millones de extranjeros cuando fue un país próspero y muchos de ellos construyeron aquí sus vidas. No les preguntamos entonces si eran una amenaza para la nación. Les dimos una oportunidad porque nosotros también éramos una tierra de oportunidades.
Hoy millones de venezolanos están pidiendo exactamente lo mismo:
No privilegios.
No impunidad.
No trato preferencial.
Una oportunidad.
Y mientras algunos políticos descubren que resulta rentable convertir al venezolano en enemigo, nosotros tenemos que recordar que detrás de cada pasaporte hay una persona, detrás de cada migrante hay una historia y detrás de cada familia que cruza una frontera hay una tragedia que nadie debería convertir en propaganda.
Lo más indignante no es solamente que otros gobiernos puedan estar utilizando la venezolanofobia para ganar votos. Lo verdaderamente indignante es que mientras eso ocurre, quienes gobiernan Venezuela parecen incapaces de defender a sus propios ciudadanos. Un Estado que no protege a su gente fuera de sus fronteras pierde autoridad para hablar de patria dentro de ellas.
Y mientras tanto, el mundo sigue comprando el petróleo venezolano, el migrante sigue siendo señalado, el petróleo sigue siendo negociado y Venezuela sigue callada. Quizás esa sea la imagen más brutal de nuestra tragedia: al venezolano le cierran puertas por ser venezolano, pero al petróleo venezolano nadie le pregunta de dónde viene cuando hay miles de millones de dólares de por medio.
A los venezolanos no deberían recibirnos con lástima. Deberían recibirnos con humanidad, porque nosotros no nacimos para ser migrantes, nos convertimos en migrantes porque un país que alguna vez recibió al mundo terminó expulsando a sus propios hijos.
Y si algún día Venezuela vuelve a ser aquella tierra de oportunidades, espero que no olvidemos lo que se siente estar del otro lado de una frontera, con el pasaporte en la mano y el miedo de que alguien decida quién eres antes de escucharte.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.
0 Comentarios