Por: Ricardo Abud
Venezuela ya no solo enfrenta una crisis política, económica y social. También atraviesa una profunda crisis moral. Cuando un país acepta que un pensionado reciba apenas 17 centavos de dólar al mes, deja de hablarse únicamente de pobreza: se habla de abandono.
Con esa cantidad de dinero no vive nadie. Ni siquiera alcanza para comprar una botella de agua. Harían falta 5,88 pensiones mensuales para reunir un solo dólar. En otras palabras, un adulto mayor tendría que esperar casi seis meses para recibir el equivalente a un dólar.
Mientras tanto, un maestro de un liceo privado, en el mejor de los casos, puede ganar alrededor de 2 dólares por hora. Incluso ese ingreso, que ya resulta insuficiente para cubrir el costo de la vida, deja en evidencia la inmensa distancia con quienes sobreviven de una pensión. ¿Cómo puede una nación aspirar a un futuro cuando quienes educan a sus jóvenes y quienes construyeron el país viven en semejante precariedad?
Frente a esa realidad, aparecen anuncios de un cine VIP (Mucho mas caro que cualquier cine en EEUU, donde se cobra en dolares) donde una entrada cuesta 25 dólares. Un simple combo de cotufas y refresco alcanza los 24 dólares, y si se trata de una edición especial, como la de Spider-Man, el precio puede subir hasta 50 dólares. Es decir, una sola entrada al cine cuesta el equivalente a más de 147 pensiones mensuales, mientras que un combo especial representa casi 294 meses de pensión, cerca de 24 años y medio de ingresos para un pensionado.
No se critica que existan salas VIP ni que haya personas con capacidad para pagarlas. Lo verdaderamente indignante es la obscena desproporción entre esos precios y la realidad de millones de venezolanos. Esa brecha revela un país dividido en dos mundos que casi no se tocan: uno donde se pagan decenas de dólares por unas horas de entretenimiento y otro donde millones de personas no pueden garantizar su próxima comida.
La contradicción resulta todavía más dolorosa cuando apenas ha transcurrido poco tiempo desde una tragedia que dejó a numerosas familias en la más absoluta miseria. Muchas personas perdieron sus hogares, sus pertenencias y su tranquilidad. Sin embargo, mientras algunos siguen intentando reconstruir sus vidas desde los escombros, las redes sociales se llenan de contenido que celebra el lujo y el consumo como si la pobreza extrema fuese un detalle sin importancia.
La desconexión también se observa en el comercio cotidiano. En Catia, por ejemplo, no es extraño encontrar vendedores que pretendan cobrar 90 dólares por un par de zapatos bajo el argumento de que son originales. Para un pensionado venezolano, esa cantidad representa más de 529 meses de pensión, es decir, más de 44 años de ingresos. Es una cifra tan absurda que deja de ser un problema de mercado para convertirse en el retrato de una economía completamente desconectada de la realidad de su población.
Lo más preocupante no son únicamente los números. Es la indiferencia. Es que estas diferencias comiencen a verse como normales. Es que la sociedad deje de escandalizarse porque un anciano no pueda vivir de su pensión, porque un maestro no reciba un salario digno o porque el ciudadano común tenga que elegir entre comer o cubrir cualquier otra necesidad básica.
Una sociedad no se mide por el lujo que exhiben unos pocos, sino por la dignidad con la que viven los más vulnerables. Y cuando 17 centavos de dólar al mes se consideran una pensión, mientras un entretenimiento cuesta 25 o 50 dólares, el problema ya no puede explicarse solo con indicadores económicos. Es el reflejo de una fractura ética que amenaza con normalizar lo que jamás debería aceptarse.
Ningún país puede llamarse justo mientras un pensionado necesite casi seis meses para reunir un dólar y, al mismo tiempo, una sola tarde de entretenimiento cueste decenas de veces más que todo lo que recibirá en años. Esa no es únicamente una desigualdad económica. Es la evidencia de que Venezuela necesita recuperar, además de su estabilidad, su conciencia moral.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.
Nota: Algunos responderán que los pensionados reciben un bono de guerra de 70 dólares. Es cierto que ese bono existe, pero también es cierto que no constituye salario ni pensión. Se trata de una bonificación que puede aliviar temporalmente el ingreso de quien la recibe, pero no tiene incidencia sobre los derechos laborales ni de seguridad social. No sirve para calcular prestaciones sociales, vacaciones, utilidades, indemnizaciones ni otros beneficios derivados de la relación laboral. El salario mínimo legal continúa congelado en 130 bolívares, equivalentes a aproximadamente 17 o 18 centavos de dólar, y es esa cifra irrisoria la que sigue siendo la base para todos esos cálculos. En otras palabras, el Estado puede anunciar bonos cada vez mayores, pero mientras el salario mínimo permanezca reducido a unos centavos de dólar, los derechos laborales de millones de venezolanos seguirán construyéndose sobre una ficción jurídica y económica.
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