Por: Ricardo Abud
Lo que nadie se atreve a decir. Una revolución que no puede administrar lo que conquista está condenada a perderlo. Esa es, en esencia, la síntesis más brutal del fracaso del proyecto bolivariano en Venezuela: no fue derrotado únicamente desde afuera, por la presión geopolítica de una potencia que nunca dejó de considerar el hemisferio su patio trasero, sino que fue corroído desde adentro por una voracidad que terminó devorando las propias bases materiales sobre las que debía sostenerse.
La expansión del Estado que caracterizó al proceso fue, en teoría, una de sus apuestas más ambiciosas. Las expropiaciones de empresas, haciendas, industrias y servicios estratégicos prometían transferir a la nación el control de los resortes productivos del país. Sin embargo, el momento en que esas empresas pasaron a manos del Estado fue también el momento en que comenzaron a morir. No por la expropiación en sí misma, que puede tener o no legitimidad según el ángulo desde el que se analice, sino por lo que ocurrió inmediatamente después: la ausencia total de una administración seria, técnicamente competente y políticamente comprometida con la función productiva de esos activos.
Las empresas expropiadas no fueron entregadas a colectivos de trabajadores organizados ni a cuerpos gerenciales capacitados para sostener su operación. Fueron convertidas en botines de una nueva clase de administradores que encontró en el aparato del Estado revolucionario el mecanismo más eficiente para el enriquecimiento personal. La maquinaria industrial se fue apagando máquina por máquina, turno por turno, mientras los recursos asignados para su mantenimiento desaparecían en los laberintos opacos de contratos inflados, licitaciones amañadas y transferencias fantasmas. Lo que el Estado tomó con retórica transformadora lo entregó al deterioro con absoluta indiferencia administrativa.
Este proceso no fue exclusivo de la alta nomenclatura del poder. Uno de los fenómenos más devastadores y menos analizados con honestidad fue la replicación de esa misma lógica depredadora en el nivel comunal y territorial. Los liderazgos locales que emergieron al amparo del poder popular, consejos comunales, organizaciones de base, colectivos con poder territorial, reprodujeron en escala reducida exactamente las mismas prácticas que criticaban al viejo orden. Los fondos destinados a proyectos de infraestructura comunitaria se fragmentaron entre dirigentes que habían aprendido, observando hacia arriba, que el poder sin control es simplemente una oportunidad de extracción. Las comunidades que debían beneficiarse de esos recursos vieron cómo las obras quedaban a medias, los materiales nunca llegaban y las rendiciones de cuenta nunca se producían.
El eslabón que hizo posible todo esto fue la desaparición funcional del sistema de contraloría. Una revolución que proclamaba transparencia, participación y contraloría social como sus pilares fundacionales construyó en paralelo una arquitectura de opacidad que hizo prácticamente imposible rastrear el gasto público con cualquier seriedad. La Contraloría General de la República, que en cualquier sistema institucional serio actúa como el dique que contiene la corrupción estructural, fue convirtiéndose en un ente decorativo. Sus informes, cuando llegaban a existir, carecían de dientes. Sus observaciones no derivaban en consecuencias penales ni administrativas de relevancia. El gasto público fluyó durante años sin auditorías reales, sin trazabilidad efectiva, sin mecanismos de rendición de cuentas que tuvieran algún costo político o penal para quien los violaba.
El resultado de esa impunidad institucionalizada fue predecible aunque tardó años en hacerse visible en toda su magnitud: la infraestructura del país colapsó. Las plantas eléctricas que debían haber sido modernizadas acumularon deudas de mantenimiento que ninguna partida presupuestaria llegó jamás a cubrir porque esas partidas se desviaban antes de llegar a su destino. El sistema de agua potable se deterioró en proporciones que no tienen antecedentes en un país con los recursos hídricos de Venezuela. Las refinerías que sustentaban el negocio petrolero del Estado operaron durante años por debajo de su capacidad instalada mientras los presupuestos de reparación engordaban el patrimonio personal de quienes los administraban. Los hospitales recibieron dotaciones que nunca llegaron a los pasillos donde los pacientes esperaban porque se licuaban en el trayecto entre el decreto y la entrega real.
Lo que hace particularmente trágico este cuadro es que ocurrió en el contexto del ciclo de ingresos petroleros más extraordinario que Venezuela había conocido en toda su historia. Durante la primera década del proceso, los precios del petróleo sostuvieron un flujo de recursos que habría permitido, con administración honesta y planificación estratégica, transformar la infraestructura productiva y social del país de manera definitiva. Ese dinero no faltó; fue dilapidado, robado, malgastado o simplemente enterrado en proyectos que nunca alcanzaron la fase operativa. Cuando el ciclo se invirtió y los precios cayeron, la factura de dos décadas de saqueo se presentó de golpe y el Estado carecía de los activos productivos necesarios para responder.
La corrupción, en este contexto, no fue un problema marginal ni una patología ocasional. Fue el sistema. Se organizó desde arriba con la protección de quienes tenían el poder de nombrar, destituir y silenciar. Se extendió hacia abajo con la naturalidad de aquello que no encuentra resistencia. Y se legitimó, en el plano simbólico, con la narrativa de que la lucha contra el imperialismo lo excusaba todo, que las formas ordinarias de rendición de cuentas eran instrumentos del enemigo y que exigir transparencia equivalía a hacerle el juego a la derecha.
Esa argumentación fue quizás el daño más profundo que el proceso le infligió a sus propios ideales: convirtió la exigencia de probidad en un acto sospechoso. Blindó la corrupción con el escudo de la lealtad revolucionaria. Y dejó sin defensas institucionales a un proyecto que necesitaba más que ningún otro de controles rigurosos, precisamente porque administraba más recursos, porque había concentrado más poder y porque operaba en un entorno donde la opacidad era estructuralmente funcional a los intereses de quienes mandaban.
El análisis geopolítico de los artículos que sirven de base a este texto apunta con precisión al fracaso estratégico externo: la confusión entre alianzas económicas y garantías de seguridad, la retórica multipolar sin arquitectura real de poder, la incapacidad de construir los instrumentos de disuasión que habrían hecho impensable lo que terminó ocurriendo. Pero detrás de ese fracaso estratégico existe un substrato material sin el cual ninguna geopolítica tiene sentido: un Estado vaciado por dentro, una economía productiva desmantelada por la combinación de la ideología mal aplicada y la corrupción bien organizada, una infraestructura de servicios reducida a ruinas administradas por quienes tenían el mandato de sostenerlas.
Una revolución no se pierde únicamente cuando el enemigo externo golpea la puerta. Se pierde, de manera decisiva e irreversible, cuando quienes la administran traicionan lo que proclaman. Cuando la distancia entre el discurso y la práctica se hace tan grande que el propio pueblo que debía ser el sujeto de la transformación deja de creer, emigra, sobrevive o simplemente espera con una resignación que es la forma más silenciosa de la derrota política. Venezuela no fue derrotada solo desde afuera. Fue traicionada, de manera sistemática y sostenida, desde adentro. Y esa traición fue posible porque los mecanismos institucionales diseñados para impedirla fueron vaciados, ignorados o convertidos en cómplices de lo mismo que debían combatir.
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