La llegada de Bukele al Ejecutivo reprodujo un fenómeno común en los gobiernos latinoamericanos de corte autoritario: la perpetuación del poder mediante la reconfiguración de las leyes, incluyendo modificaciones a la Constitución de la República.
Los derechos humanos fundamentales en El Salvador han sufrido un marcado retroceso durante el Gobierno de Nayib Bukele, de acuerdo con reportes elaborados por organizaciones defensoras de las garantías individuales.
Con base en los reportes, desde su ascenso al poder se han registrado violaciones al Estado de derecho, según denunció María Inés Dávila, docente y vocera del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC).
La llegada de Bukele al Ejecutivo (en junio de 2919) reprodujo un fenómeno común en los gobiernos latinoamericanos de corte autoritario: la perpetuación del poder mediante la reconfiguración de las leyes, incluyendo modificaciones a la Constitución de la República.
Su ascenso estuvo marcado por la ocupación del recinto legislativo, acompañado por efectivos de la Fuerza Armada, un hecho que evidenció desde entonces una tendencia al deterioro democrático y a la reducción de los espacios de apertura política.
Actualmente, en El Salvador se observa cómo tanto el poder legislativo como el judicial operan bajo una lógica de concentración, favoreciendo a sectores de la oligarquía salvadoreña y dejando en segundo plano a miles de familias afectadas por la desaparición forzosa de sus seres queridos.
Los informes más recientes señalan que la tasa de encarcelamiento alcanzó en 2025 los 1.963 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, mientras que el hacinamiento carcelario llegó al 261 por ciento, según el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana.
El sistema penitenciario, diseñado para albergar 30.864 personas, mantenía en 2025 un total de 118.369 reclusos. De ellos, 103.837 estaban en cárceles comunes y 14.532 en la megacárcel de alta seguridad Cecot, que funciona como un factor multiplicador de vulneraciones a derechos humanos.
Este panorama refleja un grave retroceso institucional y un entorno de represión sistemática, donde las políticas de seguridad han derivado en un colapso penitenciario y en la erosión de los avances emocráticos alcanzados en décadas anteriores.
Autor: teleSUR - ems - JGN
Fuente: Agencias
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