Este ajuste fiscal impactó con severidad en todos los sectores del Estado, provocando el cierre de programas sociales y una ola de despidos masivos.
El comité político del Gobierno de José Antonio Kast sesionó en el Palacio de La Moneda para profundizar una política de austeridad que ya suma 2.000 millones de dólares en recortes para el 2026.
Este ajuste fiscal impactó con severidad en todos los sectores del Estado, provocando el cierre de programas sociales y una ola de despidos masivos que puso en pie de guerra a las organizaciones sindicales del país suramericano.
Camila Fuentevilla Maturan, presidenta de la Confederación de Profesionales Universitarios de la Salud expresó: “Rechazamos fuertemente el ajuste presupuestario del tres por ciento, entendiendo que nuestro sector ya arrastra una deuda de más de 500.000 millones de pesos… lo que nos interesa es poder siempre fortalecer la salud pública, porque esta es accesible para todas las personas.”
Fuentevilla precisó que esta crisis es consecuencia de un modelo de privatización sostenido en los últimos años que el actual Ejecutivo profundizó. Por su parte, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) calificó la situación como una acción violenta contra la función pública.
Su presidente, José Pérez Debelli, alertó que cerca de 200.000 funcionarios podrían perder su empleo, lo que destruye la memoria técnica del Estado. A los recortes se sumó la denuncia sobre la existencia de listas políticas para catalogar a trabajadores según su cercanía con el Gobierno, práctica que el gremio tildó de cacería de brujas.
José Pérez Debelli, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), exhortó a que “se eviten y se elimine esa mala práctica de los Gobiernos de turno de generar botín político con aquellos funcionarios que tienen una relación permanente con el Estado”, advirtiendo que los despidos masivos afectan gravemente la memoria institucional y el conocimiento técnico acumulado.
Esta denuncia sobre la inestabilidad laboral es en consecuencia de la presentación de una reforma tributaria por parte del presidente José Antonio Kast, la cual reduciría los ingresos fiscales en 4.000 millones de dólares más del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al disminuir el impuesto a la renta de las grandes empresas del 27 al 23 por ciento, medida que beneficiaría exclusivamente a 1.500 grandes accionistas.
El autor intelectual del plan y también ministro de Hacienda, Jorge Quiroz afirmó que la propuesta busca devolver la competitividad tributaria para fomentar la inversión y acabar con la supuesta decadencia del país.
Sin embargo,el núcleo de la controversia radica en la visión del Ejecutivo sobre el rol del Estado, ya que el ministro aseguró que el objetivo es que el pleno empleo sea la única política social existente, lo que implicaría la eliminación progresiva de los programas de protección directa para los sectores más vulnerables.
“Ese proyecto demuestra una intención que todos los actores políticos y sociales deben mirar con mucha atención. Plantear que la única política social debiese ser el pleno empleo significa que iniciativas como la Pensión Garantizada Universal, médula del sistema para los sectores populares, no debiese existir.”expresó el economista y exjefe de gabinete de Hacienda Rodrigo Echecopar.
En ese sentido,Echecopar advirtió que esta propuesta encendió las alertas al poner en riesgo derechos fundamentalescomo la gratuidad en la educación superior y los programas de vivienda social que entregan 40 mil soluciones habitacionales al año.
Según el especialista, se está iniciando un proceso que limitará drásticamente la capacidad del Estado para sostener políticas públicas esenciales, priorizando una transferencia de recursos hacia las élites empresariales. “Si la única política social debe ser el pleno empleo, significa que la gratuidad en la educación superior para quienes no tienen recursos o la entrega de viviendas no debería existir; ese es el verdadero botón de alerta.”
Autor: teleSUR: lf - RR
Fuente: teleSUR
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