Panamá: Sindicatos denuncian persecución y violación de derechos laborales por Gobierno de Mulino


 El dirigente de la Conusi acusó directamente a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, de promover las políticas represivas.

El secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) de Panamá, Marco Andrade, denunció atropellos contra colectivos obreros, tras un allanamiento a su vivienda por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Andrade detalló en conferencia de prensa, desde la sede de CONUSI, que el allanamiento ocurrido la víspera en su hogar. La acción fue ejecutada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, bajo falsos cargos. El líder sindical calificó este hecho como parte de una política de persecución dirigida a dirigentes sindicales que se oponen a las políticas públicas de la Administración de José Raúl Mulino.

En este contexto, Andrade precisó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) evaluará nuevamente este año la propuesta de la Confederación Sindical de las Américas. Dicha propuesta busca incluir a Panamá en sus listados como una de las 24 naciones violadoras de los derechos humanos y sindicales.

El dirigente acusó directamente a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, de promover las políticas represivas. Según Andrade, Muñoz busca acallar voces disidentes e incluso intenta disolver al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

El líder sindical enumeró diversas luchas del movimiento obrero. Entre ellas destaca el rechazo a la reapertura de la mina de cobre de Donoso, en la provincia de Colón. Esta postura se mantiene pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2023. El tribunal catalogó como inconstitucional el contrato entre el Estado y la subsidiaria de la transnacional canadiense First Quantum.

Ante esta situación, Andrade reafirmó el compromiso de su organización: “No nos van a detener. Vamos a seguir en la lucha ante la persecución contra quienes defienden a un pueblo sufrido que clama por agua potable, empleo, alimentos a bajo costo, y por un país con democracia y libertad sindical”.

Hasta el momento, las autoridades panameñas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el allanamiento ni las denuncias. Este silencio ocurre en medio de un clima de tensiones entre el movimiento popular y el Gobierno, marcado por protestas, denuncias y debates sobre políticas económicas, laborales y sociales.

Autor: teleSUR: egv - RR

Fuente: Agencias

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