Un total de 23 cabecillas fueron reconocidos como voceros. La suspensión de sus capturas contribuirá al diálogo y la sujeción a la justicia de los grupos armados que representan.
La Fiscalía colombiana suspendió este martes las órdenes de captura a 23 voceros de grupos armados que participarán en Espacios de Conversación Socio-jurídicos definidos por el Gobierno nacional con el fin de avanzar en el sometimiento de los grupos armados que estos voceros representan, con base en una solicitud de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, hecha el pasado 24 de febrero.
La decisión «no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios o carcelarios en cumplimiento de condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales, aspecto que no es de competencia de la Fiscalía», informaron las autoridades.
«Las suspensiones tendrán una vigencia inicial de seis meses» según informó la Fiscalía a través de un comunicado. Sin embargo, especificó que si los voceros son hallados cometiendo delitos graves contra la vulneración de los derechos, serán detenidos.
“La medida no excluye la captura en flagrancia respecto de delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y tendrá efectos en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro (departamento de Antioquia)», añadió la Fiscalía.
Los principales encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia se llevarán a cabo en Medellín y Antioquia.
Los 23 cabecillas fueron reconocidos por el Gobierno Nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).
Cabe destacar que el Gobierno del presidente Gustavo Petro desarrolla estos diálogos a su vez con grupos armados de Barranquilla, capital del Atlántico (norte), y Quibdó, en el Chocó (oeste), así como en Buenaventura, el principal puerto colombiano en el Pacífico, en donde operan los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos.
Gobierno Nacional y ELN
El pasado 17 de enero, el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, decidió interrumpir las rondas de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras considerar a la organización como responsable de crímenes de guerra.
En un breve mensaje, Petro señaló que la decisión fue tomada como consecuencia de la perpetración por parte del ELN de «crímenes de guerra» en la región del Catatumbo (se extiende por los departamentos Norte de Santander y Cesar, al noreste).
«Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo; el ELN no tiene ninguna voluntad de paz», destacó Petro a través de sus redes sociales.
Autor: teleSUR: mb - JDO
Fuente: Agencias
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