Habilitan paquete de reformas penales que permite la prisión vitalicia para menores de edad en El Salvador, y la reforma establece la condena para delitos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas.
Este domingo entró en vigencia el paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua para menores de edad en El Salvador. Esta medida se implementa 30 días después de su aprobación en la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente Nayib Bukele, tras la publicación del decreto el pasado 27 de marzo.
Las enmiendas establecen la prisión perpetua para delitos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, estructuras clasificadas como grupos terroristas. La normativa crea los «juzgados de lo criminal» para procesar estos casos mediante un procedimiento especial, exceptuando las causas vinculadas directamente al terrorismo.
El nuevo marco legal elimina los beneficios de libertad condicional y libertad condicional anticipada para los condenados bajo estas figuras, esta ley solo contempla la revisión de la pena perpetua y, de ser procedente, el acceso a un régimen de libertad controlada.
La Asamblea Legislativa, bajo el control del partido oficialista Nuevas Ideas (NI), argumentó que la reforma es compatible con estándares internacionales al incluir una evaluación periódica. La normativa se aplica en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, el cual suma más de 91.000 detenciones y denuncias de tortura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la prisión perpetua en niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana. Según el organismo, esta sanción resulta desproporcionada y anula la finalidad de resocialización que debe tener toda pena impuesta a menores.
La organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció que la posibilidad de revisar la pena tras 25 años de cárcel contradice los tratados internacionales.
La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, señaló que las condenas para menores deben ser sustancialmente cortas para ofrecer oportunidades reales de reinserción social.
La entrada en vigor de estas penas ocurre mientras organizaciones sociales reportan un deterioro en materia de garantías fundamentales, contabilizando desde el inicio del régimen de excepción más de 91.000 personas detenidas, al menos 6.400 denuncias por violaciones a los derechos humanos y un mínimo de 500 fallecidos bajo custodia de agentes del Estado.
Autor: teleSUR - wh - MS
Fuente: EFE - Agencias
0 Comentarios