Por: Ricardo Abud
La política exterior de Estados Unidos ha estado marcada, a lo largo del siglo XX y XXI, por una paradoja que resulta demasiado sistemática para ser accidental: cada vez que Washington decide intervenir militarmente en nombre de la libertad y la democracia, el subsuelo del país intervenido resulta estar generosamente dotado de hidrocarburos. Llamarlo coincidencia sería un ejercicio de ingenuidad política difícilmente sostenible.
El caso más paradigmático es Irak. En 2003, la administración Bush justificó la invasión con dos argumentos centrales: la existencia de armas de destrucción masiva y la necesidad de liberar al pueblo iraquí de la tiranía de Saddam Hussein.
Las armas nunca aparecieron. La democracia que llegó fue caótica, sangrienta y frágil. Pero el petróleo estaba allí, intacto, esperando: Irak alberga las quintas reservas probadas de crudo más grandes del mundo. Semanas después de la invasión, el Ministerio del Petróleo fue el único edificio gubernamental protegido activamente por las tropas estadounidenses en Bagdad, mientras museos y hospitales ardían o eran saqueados. La prioridad operativa lo decía todo.
Libia en 2011 sigue el mismo patrón con una elegancia aún más descarnada. La intervención de la OTAN, liderada en buena parte por impulso estadounidense, se presentó bajo el paraguas humanitario de la doctrina de la Responsabilidad de Proteger. La diferencia no era ideológica: Libia poseía las mayores reservas de petróleo de África. Una vez derrocado Gaddafi, el país colapsó en una guerra civil que persiste hasta hoy. La democracia prometida nunca llegó. El acceso al crudo libio, sin embargo, quedó garantizado para las potencias occidentales.
Venezuela ilustra el fenómeno desde el ángulo de la intervención no consumada pero intensamente intentada. Nunca hubo invasión directa, pero sí décadas de presión económica, apoyo a golpes de Estado, el fallido de 2002 contra Chávez contó con conocimiento y simpatía de Washington, sanciones devastadoras y reconocimiento de gobiernos paralelos. El pretexto siempre ha sido la deterioración democrática. El contexto siempre ha sido el mismo:
Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo certificadas del planeta. Arabia Saudita, con un régimen absolutamente autocrático y sin elecciones, es uno de los aliados más estables y protegidos de Estados Unidos en el mundo. La diferencia entre ambos países no es el nivel de democracia; es la disposición a vender el petróleo en los términos que Washington prefiere.
Esta arquitectura de intereses no es un secreto de Estado. Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal, escribió en sus memorias que era "triste" que fuera "políticamente inconveniente reconocer lo que todos saben: que la guerra de Irak fue en gran medida por el petróleo". John McCain, senador republicano y candidato presidencial, lo dijo con mayor crudeza aún. La verdad circula abiertamente en los márgenes del discurso oficial, pero el discurso oficial se niega a incorporarla porque hacerlo destruiría la arquitectura moral que legitima la acción militar ante la opinión pública doméstica e internacional.
El mecanismo funciona con una lógica interna muy precisa. Estados Unidos necesita dos cosas simultáneamente: acceso garantizado a fuentes de energía estratégicas y legitimidad moral para sus intervenciones. El discurso democrático provee esa legitimidad a un costo retórico bajo. Invocar la libertad moviliza consenso interno, desactiva la oposición liberal y construye coaliciones internacionales. Es infinitamente más vendible que decir "vamos a asegurar el flujo de petróleo a $X por barril". Pero el objetivo operativo real y el objetivo declarado rara vez coinciden, y la brecha entre ambos es donde se incuba la desconfianza global hacia Washington.
Lo más revelador del patrón es lo que no ocurre. Birmania, Zimbabue, Bielorrusia, Eritrea regímenes de una brutalidad comparable o superior a los intervenidos, han permanecido intocados, objeto a lo sumo de sanciones diplomáticas y declaraciones de condena. Ninguno de ellos tiene reservas significativas de hidrocarburos ni ocupa una posición geopolítica que amenace el control estadounidense sobre rutas energéticas críticas. La selectividad no es aleatoria: es un mapa perfecto de los intereses económicos y estratégicos reales.
Antes de disparar un solo misil, Washington construye el andamiaje logístico y financiero que garantiza que el petróleo del país objetivo fluirá hacia los mercados occidentales una vez que el régimen caiga o sea doblegado. En el caso de Irán, esta lógica adquiere una dimensión adicional de urgencia geopolítica. Irán no solo posee las cuartas reservas de petróleo más grandes del mundo y las segundas de gas natural, sino que controla el Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.
Cualquier acción militar contra Teherán sin haber asegurado previamente rutas alternativas, acuerdos con productores sustitutos y mecanismos de control sobre los pozos iraníes sería un suicidio económico para Occidente antes de ser una victoria militar. Es en ese contexto donde Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en el tablero: el país con las mayores reservas probadas del planeta no puede permanecer hostil a Washington mientras se planifica una guerra que podría interrumpir el suministro del Golfo Pérsico.
La presión máxima sobre Caracas, y la persecución judicial y física del presidente legítimo Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos fabricados en cortes estadounidenses como instrumento de presión política, no son episodios aislados de indignación democrática, sino piezas de una misma estrategia energética global: antes de que el fuego empiece en el Medio Oriente, hay que asegurarse de que el grifo venezolano esté en manos amigas. Tal cual sucedió.
La "suerte" del petróleo no es, entonces, suerte en absoluto. Es el resultado de una doctrina de seguridad nacional que, desde Eisenhower y su derrocamiento de Mossadegh en Irán en 1953, primer laboratorio moderno de este modelo, ha identificado el control energético como variable central de la hegemonía global. La democracia es el disfraz; el petróleo, el cuerpo.
Y el problema profundo no es solo moral sino epistémico: cuando el discurso democrático se instrumentaliza sistemáticamente para encubrir intereses petroleros, se devalúa como concepto, se erosiona como ideal y se convierte en una herramienta de cinismo geopolítico que, a la larga, daña incluso a las democracias reales que intentan construirse desde adentro, sin tanques ni contratos de extracción firmados antes de que el polvo de la invasión se asiente.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE
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