Del grupo de 16 exmilitares responsables, 10 fueron identificados como autores directos y les correspondió pena agravada de 34 años y ocho meses de cárcel.
El Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil declaró culpables a 16 exintegrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por el delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad en diciembre de 2024, caso conocido como los Niños de las Malvinas, que conmocionó a la nación suramericana y desató protestas contra violaciones a los derechos humanos y la militarización de tareas de seguridad por el presidente Daniel Noboa.
La corte emitió este martes la sentencia condenatoria escrita sobre el caso y fijó las penas y otras medidas de reparación integral a los exmilitares implicados en la desaparición forzada de Nehemías Arboleda, Steven Medina, Ismael y Josué Arroyo —todos afrodescendientes, pobres y jugadores activos de fútbol—, a quienes interceptaron en la noche del 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil.
En su fallo, el tribunal subrayó que la obediencia debida no justifica violaciones graves a los derechos humanos y que los agentes estatales tienen la obligación ineludible de actuar bajo el marco de la ley.
Del grupo de exmilitares, 10 fueron identificados como autores directos y les correspondió pena agravada de 34 años y ocho meses de privación de libertad. El resto fue identificado como cooperador eficaz y le correspondió pena de cárcel de 30 meses.
Además de estas penas, la sentencia contempla medidas de reparación integral:
Reparación simbólica: Se solicitó renombrar el puente ubicado en la Avenida 25 de Julio y Ernesto Albán como “Puente Niños de las Malvinas” para preservar la memoria colectiva y evitar la repetición de estos actos.
Capacitación: El Ministerio de Defensa deberá implementar programas permanentes de formación en derechos humanos y procedimientos legales para la intervención con menores de edad.
Atención a familiares: Se ordenó la intervención psicológica y médica para las familias de las víctimas a través de diversas carteras de Estado.
Los sentenciados también tendrán que hacer frente a medidas económicas, entre ellas pagar 10.000 dólares cada uno a favor de las familias de las víctimas.
Detalles del informe fiscal
De acuerdo con la Fiscalía, los 16 exmilitares se movilizaban en dos camionetas sin placas cuando detuvieron a las víctimas y las privaron de libertad sin informarles sus derechos ni dar aviso a las autoridades competentes. En lugar de trasladarlos a una unidad judicial, los menores fueron llevados fuera de la ciudad, pasando por Durán y el sector de Boliche, hasta llegar a una zona rural en la parroquia Taura, cantón Naranjal.
En ese trayecto los niños sufrieron agresiones físicas y psicológicas. El líder de la patrulla, subteniente John Zabala España, golpeó a uno de ellos con un cinturón y disparó su arma cerca del oído para infundirle miedo. Mientras ello ocurría, otros uniformados golpearon a los demás menores, incluso utilizando la trompetilla de sus armas reglamentarias.
El informe fiscal recoge que tras llevarlos a la referida área rural, considerada de alta peligrosidad, obligaron a los niños a desnudarse y arrojaron sus pertenencias a la maleza. Días después, el 24 de diciembre de 2024, se hallaron los cadáveres calcinados de los niños, en el sector de la “Casas de Zinc”, en Taura.
Autor: teleSUR - JDO
Fuente: Radio Pichincha
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