Actuaban al margen de la ley. Perpetraron múltiples homicidios de presuntos expandilleros y delincuentes en la zona oriental del país.
Un tribunal especializado en crimen organizado de El Salvador condenó a 16 integrantes de una estructura de sicariato conocida como “Paz o Muerte”, integrada por expolicías, exmilitares y civiles, por su participación en múltiples homicidios cometidos entre 2018 y 2021 en la zona oriental del país.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado C de San Miguel, tras un proceso impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR). Ocho de los imputados estuvieron presentes en el juicio, mientras que el resto fue condenado en ausencia.
De acuerdo con la resolución judicial, Alejandro Monterrosa, Juan Zapata Ramos y Salvador de Jesús Villalobos López recibieron 60 años de prisión por tres homicidios agravados. Andrés Alberto Murillo Roque, Agustín de Jesús Rivas López, Yobani Alexander Crespo Romero, Víctor Manuel Romero Herrera y Gerardo Polillo Rivera fueron condenados a 40 años de cárcel por dos homicidios agravados. El resto de los implicados recibió 20 años de prisión.
La investigación determinó que la estructura asesinó al menos a seis personas en distintos puntos de los departamentos de San Miguel, Usulután y La Unión.
Según la Fiscalía, los condenados llegaban a las viviendas de las víctimas vestidos con ropas oscuras similares a las de la Policía Nacional Civil (PNC) y simulaban procedimientos de allanamiento. Una vez dentro, ejecutaban a las personas señaladas, en su mayoría presuntos pandilleros o individuos con quienes mantenían conflictos personales
La FGR sostuvo que se trataba de un “grupo de exterminio” que actuaba al margen de la ley, utilizando conocimientos tácticos y experiencia adquirida en instituciones de seguridad.
Este caso se suma a otros procesos judiciales similares. En febrero de 2025, otro tribunal contra el crimen organizado condenó a más de 1.000 años de prisión acumulados a miembros de otra estructura compuesta por expolicías, exmilitares y vigilantes privados, responsables de 32 homicidios.
Las sentencias reflejan el endurecimiento de las penas contra estructuras paralelas de violencia que operaron bajo lógicas de justicia extrajudicial en distintas zonas del país.
El fallo reafirma la responsabilidad penal individual de los implicados y marca un precedente en el juzgamiento de exmiembros de fuerzas de seguridad involucrados en actividades de sicariato.
Autor: teleSUR-cc- JDO
Fuente: Agencias
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