Esta sentencia que será objeto de apelación por parte de las autoridades del BCV y del Gobierno venezolano, podría ser la consumación de una operación que inició en 2018 y que pareciera cerrarse antes de las elecciones parlamentarias, donde los venezolanos con su voto elegirán una nueva Asamblea Nacional, tal como lo estipula la constitución.
Paso 1: Triada Borges-Vecchio-Ledezma
Las acciones para el bloqueo de los activos en Venezuela en el exterior, fue emprendida por el diputado Julio Borges en abril de 2018, cuando en compañía de los prófugos Carlos Vecchio y Antonio Ledezma, realiza una “gira” por Europa para solicitar “mayor presión” contra el Gobierno venezolano y “la vigilancia internacional para impedir” que el Gobierno venezolano “siga endeudándose y vendiendo los activos de la nación”.
Esta acción fue aplaudida por la triada liderada por Borges, quienes el 30 de noviembre, previendo la posibilidad de que se concretara la entrega de estos activos al Gobierno venezolano, publican una carta donde advierten al Banco de Inglaterra que de acceder a esta petición hecha por las autoridades venezolanas, estarían violando la orden ejecutiva de Trump.
El 5 de enero la mayoría opositora de la Asamblea Nacional eligió a Juan Guaidó como presidente de la junta directiva del parlamento, quien presentó una “ruta” en cuyo segundo punto se estipulaba “la designación y reconocimiento de representantes legítimos ante instancias y organismos internacionales”.
Seguidamente, el 15 de enero el diputado Carlos Paparoni presenta un proyecto de acuerdo ante la AN en desataco, donde se solicitaba a 46 países “la protección de los activos del Estado venezolano, ante la flagrante usurpación del poder ejecutivo por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros”, el cual fue aprobado, aunque carecía de legalidad.
Dada la imposibilidad legal y constitucional que significaba que estas acciones fueran emprendidas por el parlamento, el 23 de enero Juan Guaidó se autoproclama “presidente interino”, como primer paso para la construcción de un “gobierno” paralelo que abriera la posibilidad para la construcción de una cortina jurídica, que facilitara la operación de secuestro de activos.
«No vamos a seguir permitiendo que se roben el dinero de toda Venezuela (…) En las próximas horas haremos comunicados oficiales para lograr la protección de esos activos», fueron las primeras declaraciones que ofreció quien se autoerigía como “presidente”.
Paso 3: Cortina jurídica
Para el 28 de enero Guaidó publica los “avances” en el marco del acuerdo aprobado antes de su autoproclamación donde anuncia que iniciará acciones “concretas” para cumplir con este documento.
Tras este anuncio, surge la noticia en medios internacionales sobre una carta firmada por Guaidó donde solicitaba a la entonces primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, impedir una posible repatriación del oro venezolano, solicitado por el BCV.
“Le escribo para pedirle que ponga fin a esta transacción ilegítima”, escribió Guaido en la carta enviada a la mandataria británica y a Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra.
Paso 4: Directivas paralelas
Bajo el fundamento de este “estatuto” írrito y el cual fue declarado “nulo de toda nulidad” por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Guaidó procede a la designación de «embajadores» y “directivas ad hoc” en las empresas e instituciones venezolanas.
Es así como para el 19 de marzo se anuncia la designación como “embajadora” ante el Reino Unido, de Vanessa Newmann; venezolana de origen judío que reside en los Estados Unidos, donde ha desempeñado labores como asesora para el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa norteamericano en materia de combate a las «finanzas ilícitas».
Seguidamente, el 23 de julio de 2019, el autoproclamado anuncia la designación de la junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, la cual estaría integrada por Ricardo Villasmil, Nelson Lugo, Manuel Rodríguez y Guaicoima Cuius.
Entre los ocho considerandos que contiene el “decreto” para esta designación ilegal, en cuatro se menciona la importancia de “obtener el control” de las reservas y el oro venezolano en el exterior.
Paso 5: Pacto con Reino Unido
Una vez elaborada toda la arquitectura burocrática, con el apoyo de los Estados Unidos, se llevan a cabo una serie de reuniones en una de las cuales, además del embajador del Reino Unido en Venezuela Andrew Soper, acudió el jefe para América Latina de la cancillería británica James Dauris, quien a su salida de este encuentro realizado el 16 de octubre ratificó el apoyo del gobierno inglés a Guaidó.
Tras esta revelación el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, en su cuenta Twitter, denunció que esta acción por parte de la cancillería británica, formaba parte de la operación de “saqueo” que adelantaba el Reino Unido y Guaidó, contra la nación venezolana.
1/2 Documentos oficiales británicos revelan la existencia una “unidad de reconstrucción de Venezuela” encargada de trabajar con los mismos criminales que firmaron el contrato colonial en EEUU para asesinar a miles de venezolanos.— Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) May 13, 2020
¡Así se saquea una nación! pic.twitter.com/OxRi9TIhvJ
Paso 6: Consumación del robo2/2 Gobierno británico busca ventajas para sus negocios una vez que Trump imponga su régimen colonial en Venezuela. Esa es la explicación al envío de barco de guerra al Caribe y a la complicidad en las operaciones de “máxima presión” en medio de una crisis humanitaria mundial. https://t.co/Rldx9VyHsD— Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) May 13, 2020
Ante estas acciones que evidenciaban el entramado que se tejía para el despojo de las reservas en oro, y ante la constante negativa por parte del Banco de Inglaterra a entregar este patrimonio a sus legítimos dueños, el 20 de mayo de 2020 Venezuela procede a entablar una demanda contra esta institución, por incumplimiento del contrato firmado en 2008 con el BCV.
El fallo de esta demanda que por ahora favorece los intereses de esta trama orquestada por un sector de la oposición venezolana, Estados Unidos y el Reino Unido, podría ser la consumación de otra operación de robo contra Venezuela, bajo el auspicio de un Juan Guaidó, que sin desparpajo celebra y se jacta de esta sentencia, que niega a los venezolanos la posibilidad de transferir estos recursos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que tal como lo habían acordado, este organismo adquiriera equipos y medicinas para el combate de la pandemia del Covid-19 en el país.
Jesús Inojosa/UN
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