“Conforme a lo expuesto en este derecho de petición, y dada la gravedad de los hechos mencionados y las implicaciones que tienen para el país, nos permitimos solicitarle que, una vez se posesione, y en el ámbito de sus funciones, competencia y autonomía, y mientras el Gobierno Nacional adelanta las actuaciones necesarias para la repatriación de la señora Merlano, designe una comisión de fiscales para que reciban en territorio venezolano la declaración de ella acerca de los hechos que dice conocer y de los que además afirma tener pruebas”, según reza un fragmento de la misiva reseñada por el medio digital Vicky en Semana.
En la carta, que está firmada por Iván Cepeda, María José Pizarro, Carlos Antonio Lozada, Antonio Sanguino, Wilson Arias, Criselda Lobo Silva, Luís Alberto Albán y Omar de Jesús Restrepo, se hace un relato de los hechos relacionados con Merlano y se asegura que su recaptura es la oportunidad para conocer los presuntos hechos de corrupción en el Atlántico».
Merlano fue capturada el pasado 28 de enero en el estado Zulia, tras evadir la justicia colombiana en octubre de 2019 cuando asistía a una cita médica. En 2018 fue condenada a 15 años de prisión en Colombia por corrupción y tenencia ilegal de armas, luego de haber participado en la práctica de compra de votos.
Los senadores refieren que el pasado 11 de diciembre, la hija de Aída Merlano publicó en su cuenta de Instagram un comunicado de su madre en el que manifiesta “que tiene la intención de entregarse a las autoridades para revelar los nombres de los verdaderos responsables de la compra de votos en el Atlántico, pero lo hará cuando tenga las garantías constitucionales”.
En la petición se asegura que Francisco Barbosa, en sus primeras declaraciones después de ser elegido como fiscal general, anunció una lucha frontal contra la corrupción, razón por la cual consideran que este caso de Merlano debe ser prioritario.
El pasado 30 de enero, Barbosa, alto consejero presidencial para los Derechos Humanos y hombre cercano al presidente Iván Duque, fue elegido por la Corte Suprema de Justicia de Colombia como nuevo fiscal general.
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