Pérez explicó que pidió y obtuvo la orden del juez del caso, Víctor Zúñiga, para incautar información contable sobre la campaña electoral de FP en 2016, para la que el partido y Fujimori en varios casos, según los donantes, recibieron fondos de empresas de Brasil y Perú, entre otras fuentes.
Tras la operación, el fiscal señaló que encontró importante información económica sobre la campaña de FP de 2011 -cuando el partido recibió similar financiamiento- y que fue aparentemente ocultada en el primer allanamiento, en diciembre de 2017.
El fiscal explicó que solo estaba autorizado por el juez para buscar e incautar información sobre la campaña de 2016, por lo que pedirá otra orden para la de 2011 encontrada, que consideró importante.
Fujimori y su entorno político y familiar son investigados, al igual que FP como entidad jurídica, por presuntos delitos de lavado de activos y otros, agravados por maniobras de Fujimori y sus abogados para ocultarlo y obstaculizar las investigaciones.
Pérez advirtió que ha expirado el plazo de tres días que tenía la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, para presentar la apelación contra la prisión preventiva por 15 meses ordenada por el juez la semana pasada, aunque la defensora alega que logró presentarla.
Eses dictamen puso fin a la libertad que Fujimori disfrutaba desde hacía dos meses, favorecida por un controvertido fallo del Tribunal Constitucional que declaró nula la prisión preventiva ordenada por otro magistrado en noviembre de 2019.
La decisión dispuso que el tema retorne al momento anterior a la orden anulada, lo que habilitó al fiscal Pérez para presentar nuevos testimonios y otros elementos que agravaron la situación de Fujimori para solicitar nuevamente la prisión preventiva.
Con esos nuevos elementos, la fiscalía demostró que la posible pena, de hasta 24 años de cárcel; la obstrucción de las pesquisas y la posibilidad de que la investigada escape, justifican la drástica medida.
mgt/mrs
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