"Denunciamos a la opinión pública nacional e internacional el confinamiento, amenazas y desplazamiento forzado del que son víctimas la población civil en el occidente de Antioquia, como consecuencia del accionar de las estructuras armadas al margen de la ley que hacen presencia en nuestros territorios", dijo la organización en un comunicado.
Según la denuncia, desde el pasado 19 de enero las comunidades de Amparradó Alto, Amparradó Medio, Amoladora, Cañaveral, Antadó Guabina, Cañaveral Arenera y Genaturadó permanecen confinadas luego de que ese día hubo cuatro horas de fuego cruzado entre grupos armados ilegales en el resguardo Amparradó Alto y Medio, lo que agudizó la zozobra de los habitantes.
Los pobladores "hoy completan 10 días de confinamiento y desplazamiento forzado interno y fuera del territorio ancestral", señaló la organización.
Asimismo, recordó que la presencia de estructuras armadas ilegales en la región ha sido alertada desde semanas atrás por la Organización Indígena de Antioquia, La Defensoría del Pueblo (ombudsman) y la Mesa Interétnica de Paz.
Al respecto recordó que ha solicitado "una acción urgente" para que se atiendan las denuncias de las instituciones defensoras de derechos humanos "y para que haya un acompañamiento humanitario en dichas comunidades".
La organización también solicitó a los actores armados legales e ilegales que respeten la vida de las comunidades y sus territorios, y al Ministerio Público "activar la atención humanitaria de emergencia" para las poblaciones que permanecen confinadas, "evitando un desplazamiento forzado masivo a las cabeceras municipales".
Por último, pidió a los gobiernos central, regional y local liderar una misión humanitaria que permita verificar y atender de manera urgente la situación de protección, salud, educación y alimentación de dichas comunidades.
El Gobierno, entre tanto, no se ha pronunciado sobre la situación.
Sputnik
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