México y el Gobierno de facto en Bolivia protagonizan una tensión diplomática sin precedentes, luego de que fuerzas armadas del país andino habilitaran un cerco a la Embajada mexicana en La Paz, con el fin de impedir que cuatro refugiados políticos abandonaran el país sudamericano.
El roce se ha agudizado desde el respaldo que dio el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, para que pudiera salir de su país, en noviembre pasado.
Bolivia acusa injerencia
La ministra de Exteriores del Gobierno de facto en Bolivia, Karen Longaric, rechazó las acusaciones por el asedio a la Embajada mexicana y señaló a México de supuesta injerencia en sus asuntos internos.
La canciller incluso amenazó con la salida de La Paz de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que este año preside México.
"Las relaciones bilaterales con el gobierno de México se deterioraron desde el momento en el que el gobierno mexicano ayudó al expresidente Evo Morales a tergiversar la realidad sobre la lucha y voluntad del pueblo boliviano", dijo Longaric en un comunicado difundido este jueves.
La cancillería boliviana indicó que el 26 de noviembre de 2019, mediante nota verbal, pidió a la embajada de México que los asilados que fueran entregados a las autoridades.
"Sin embargo, la Subsecretaría mexicana para Latinoamérica y el Caribe objetó de manera desafiante las decisiones del Ministerio Público de Bolivia, incluso haciendo disquisiciones que no correspondían y que pueden considerarse injerencia en los asuntos internos de otros Estados", sostuvo el Ministerio de Exteriores boliviano.
El Gobierno mexicano "rechazó categóricamente la entrega de esas personas y ratificó la decisión de otorgarles asilo en tono de franco desafío a la jurisdicción boliviana", agrega el documento oficial.
La cancillería de facto en Bolivia también reiteró su "preocupación" por la "injerencia" de México en asuntos bolivianos.
México: "hostigamiento sin precedentes"
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó "el hostigamiento y la intimidación" del Gobierno de facto boliviano.
Sobre la entrega de asilados políticos, México aclaró que las órdenes de aprehensión contra los cuatro exfuncionarios fueron notificadas 10 días después de darles refugio en la Embajada mexicana en La Paz, Bolivia.
Asimismo, la cancillería mexicana explicó que, de acuerdo con el régimen jurídico del asilo diplomático —construido sobre las Convenciones de La Habana (1928), Montevideo (1933) y las dos de Caracas (1954)—, "corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución", y que "será respetada la determinación del Estado asilante de continuar con el asilo y exigir el salvoconducto para el perseguido".
Por lo cual, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recalcó que "el asilo no es una injerencia, sino un principio de derecho internacional", por lo que desestimó las acusaciones del Gobierno boliviano.
Ebrard dijo que esas mismas acusaciones de injerencia fueron usadas por los regímenes dictatoriales en América Latina durante la década de 1970, y remató: "eso mismo se pudo haber argumentado cuando fue la Guerra civil española o cuando se recibió a la comunidad judía en los años 30, cuando eran perseguidos por el nazismo".
El doble discurso de Bolivia
Por su parte, Efraín Guadarrama, director de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la SRE, evidenció las incongruencias del Gobierno de facto en Bolivia, que en un primer momento aseguró que el despliegue policíaco a las afueras de la Embajada mexicana era para "proteger" la sede diplomática ante las protestas sociales, tal como lo señaló en un documento emitido ante la Organziación de Estados Americanos (OEA).
Pero posteriormente, el mismo Gobierno de facto, a través de Wilson Santamaría, viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, reconoció que el cerco policial a las afueras de la Embajada era para impedir que se fugaran cuatro asilados políticos.
"Hemos tomado las previsiones necesarias para que los dispositivos de seguridad rastreen y detecten inmediatamente cualquier ayuda, complicidad, para coadyuvar a que los fugitivos abandonen el país. Eso no lo vamos a permitir", sostuvo Santamaría en entrevista con W Radio.
Los cuatro refugiados bolivianos que son perseguidos por el Gobierno de facto son: el exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana; el exministro de Justicia, Héctor Arce; el exministro de Gobierno Hugo Moldiz y el exdirector de la Agencia de Tecnología, Nicolás Laguna.
Ante el acoso, México denunció al actual Gobierno boliviano ante la Corte de Justicia Internacional, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, por violentar sus obligaciones diplomáticas.
Apoyo internacional
Mientras tanto, México asegura que al menos 29 países, incluidas naciones de la Unión Europea y "casi todos" los países de América Latina, han manifestado su respaldo al Gobierno mexicano ante la crisis diplomática en Bolivia.
En un sentido similar, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conformada por Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresaron "su profunda condena al asedio" que sufren la Residencia y Embajada de México en Bolivia, "por parte de los servicios de inteligencia y seguridad bolivianos". Esto, a través de un comunicado difundido por el canciller venezolano Jorge Arreaza.
Cronología del desencuentro
10 de noviembre: Se produce el golpe de Estado en Bolivia, luego de que el presidente Evo Morales se viera forzado a renunciar por presión del Ejército.
11 de noviembre: Morales acepta el asilo político ofrecido por México.
12 de noviembre: Tras una complicada operación, Evo Morales y parte de su gabinete llegan a México tras ser rescatados en una aeronave del Gobierno de López Obrador. El mismo día, la senadora Jeanine Áñez es proclamada e investida como presidenta de Bolivia, con respaldo de las cúpulas militares.
15 de noviembre: México recibe solicitantes de asilo en Bolivia. Al menos 25 exfuncionarios y legisladores bolivianos llegaron a la Embajada de México en La Paz.
En los días posteriores, el Gobierno mexicano solicitó que se ofrecieran salvoconductos para que los refugiados pudieran abandonar el país.
26 de noviembre: El Gobierno de facto en Bolivia notifica a México que existen órdenes de aprehensión contra 4 asilados en su Embajada.
23 de diciembre: Aparecen 90 efectivos de la policía y el Ejército del Gobierno de facto de Bolivia en las afueras de las instalaciones de la Embajada de México y la residencia de la embajadora.
24 de diciembre: México condena el asedio y denuncia que las fuerzas armadas bolivianas pretendieron inspeccionar el automóvil de la embajadora María Teresa Mercado, violando su inmunidad diplomática. El Gobierno de facto en Bolivia acusa a México de "injerencia en asuntos internos".
26 de diciembre. México anuncia que denunciará a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, máximo órgano judicial de Naciones Unidas, por violar obligaciones diplomáticas según lo establecido en la Convención de Viena. El Gobierno mexicano informa que permanecen nueve bolivianos refugiados en la Embajada mexicana, de los cuales, cuatro cuentan con órdenes de aprehensión.
Manuel Hernández Borbolla
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