"En una curiosa vuelta del destino y mientras todavía hay sectores que no aceptan el interinato de Áñez, resulta que Bolivia puede estar sin más opción que vivir bajo un Gobierno de facto que pasaría por alto la fecha de cambio de Gobierno dictada por la Constitución", sostuvo el docente e investigador del instituto privado Comunidad Cívica.
El 22 de enero debería instalarse un nuevo Gobierno, al completarse el último quinquenio de mandato de Evo Morales, pero para esa fecha apenas se habrán iniciado los trabajos logísticos y la campaña proselitista hacia nuevas elecciones generales que se realizarían en marzo o abril, según los planes preliminares.
El Tribunal Supremo Electoral que organizará esos comicios inició funciones el 19 de diciembre y prevé lanzar el 2 de enero la convocatoria a la nueva votación general.
La renuncia del presidente indígena y la autoproclamación presidencial de Áñez durante la crisis surgida tras las elecciones del 20 de octubre provocaron un desajuste de calendario por primera vez en 37 años de democracia ininterrumpida en Bolivia.
Guardia dijo que todo apunta a que la presidenta de facto permanezca al mando hasta devolver el poder a un Gobierno electo en junio o inclusive el 6 de agosto, Día de la Independencia Nacional.
Según la Constitución, Áñez solo debería completar el período de mandato de Morales y entregar el Gobierno el 22 de enero de 2020.
Guardia dijo que la ampliación del mandato de Áñez es "el desenlace de una posibilidad tal vez impensada por quienes impulsaron las protestas que derribaron a Morales, que aparece ahora vestida de necesidad".
En la misma línea, el analista Carlos Bohrt dijo la semana pasada a medios locales que la ampliación de mandatos era la única opción "viable y de consenso" para evitar un vacío de poder después del 22 de enero.
La posible ampliación de los mandatos de la presidenta Áñez y de los legisladores fue considerada formalmente el 19 de diciembre por el Senado, que resolvió enviar a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un proyecto de ley interpretativa de la Constitución.
"El país no puede quedarse con vacío de poder desde el 22 de enero, los plazos van a correr de acuerdo con el calendario electoral, tenemos que estar acorde a ellos pues no nos podemos ni extender ni estar menos tiempo de lo que dure la transición", dijo a los periodistas la presidenta del Senado, Eva Copa.
La líder parlamentaria, del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales que controla con amplias mayorías las dos Cámaras legislativas, aseguró que ese partido no pondría obstáculos a la ampliación de mandatos, que alcanzaría también a los gobiernos departamentales y municipales que deberían renovarse en abril.
Morales ganó con holgura la votación en octubre, según el cómputo oficial luego anulado por presunto fraude, pero sucumbió ante las protestas contra su tercera reelección consecutiva.
El presidente derrocado ha dicho en la última semana, desde el exilio, que se considera aún presidente constitucional de Bolivia hasta el 22 de enero.
Según Guardia, los líderes opositores que alentaron la insurrección poselectoral "aparentemente, a juzgar por la forma en que sucedieron las cosas, no tenían un plan para el día siguiente a la caída de Morales".
El 12 de noviembre, dos días después la renuncia de Morales, la senadora Áñez, entonces segunda vicepresidenta de la Cámara Alta en representación del minúsculo partido derechista Demócratas, se autoproclamó presidenta interina sin aval del Parlamento y avalada solo por una "opinión favorable" del TCP.
El TCP "debería entender la urgencia de la situación y pronunciarse sobre las ampliaciones de mandatos antes de fin de año, es decir antes de que se emita la convocatoria a las nuevas elecciones", dijo el senador Omar Aguilar, también de la mayoría masista.
Por ahora, solo el expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y el líder cívico de Santa Cruz, Luis Camacho, han confirmado sus candidaturas, mientras los demás partidos, incluido el MAS que ya no podrá presentar a Morales, realizan consultas internas.
Sputnik
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