El domingo 24 de noviembre un récord de casi tres millones de ciudadanos escogieron en las urnas a los representantes de los 18 distritos, cuya tarea es enlazar al público con el Gobierno para exponer los problemas surgidos en las comunidades.
Candidatos opositores ganaron 344 de los 452 escaños en un sufragio organizado en medio de desafíos sin precedentes, la intromisión extranjera como telón de fondo y temor por el estallido de actos violentos precisamente protagonizados por individuos de esa tendencia política.
Ese triunfo suscitó múltiples reflexiones y, entre ellas, si los concejales del denominado bloque pro-demócrata priorizarán el retorno a la tranquilidad o alimentarán las manifestaciones que destruyeron en casi seis meses, años de prosperidad.
Al abordar los resultados de la votación, la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, llamó a los recién electos regidores a abrir el diálogo con las masas para analizar las causas de la actual agitación, revisar los problemas desde la raíz y buscarle soluciones.
Según reconoció, el proceso evidenció la insatisfacción ciudadana con la extensión de una crisis con tinte violento que perjudica la estabilidad del territorio y, por tanto, en lo adelante reflexionará sobre opiniones diversas como el deseo a poner fin a la actual situación y el descontento con la manera en que el Gobierno la maneja.
Pero tanto ella como analistas y medios de prensa coinciden en que a los regidores pro-demócratas les corresponde cooperar con el Gobierno y la policía para restaurar de una vez el orden en la llamada Perla del Oriente.
También los alertan de no usar los cargos como una plataforma para amenazar e ir en contra del Ejecutivo local, pues de lo contrario perderían el respaldo popular.
Esta acotación surge porque ahora los opositores pueden asegurar una amplia presencia en el comité de mil 200 miembros que elegirá en 2020 al próximo jefe ejecutivo de Hong Kong.
Dicha comisión la integran representantes de diferentes sectores sociales y del total 117 son concejales de distrito.
En coincidencia con el desenlace electoral el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió en ley un proyecto sobre derechos humanos y democracia de Hong Kong, paso calificado aquí de injerencia y un retroceso en los nexos bilaterales.
La decisión conllevó a que el viceministro de Relaciones Exteriores Le Yucheng llamara a consultas al embajador norteamericano, Terry Branstad, para presentar una protesta y exigirle revocar la norma porque está en juego los vínculos entre ambas potencias.
Autoridades de Hong Kong, la oficina de enlace entre ese territorio, Macao y el gobierno central de China y la Cancillería, entre otros departamentos del Estado, también hicieron pronunciamientos de rechazo y anunciaron que se tomarán contramedidas ante la insistencia de Washington de entrometerse en asuntos internos.
Frente a ese panorama, el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, advirtió que independientemente de cómo evolucionen los hechos Hong Kong es parte de China y cualquier intento por alterar o socavar su prosperidad y estabilidad está condenado al fracaso.
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