Fue la reacción del Gobierno nacional ante la renovación del Decreto Obama que declara a Venezuela como una supuesta "amenaza inusual y extraordinaria"
«La República Bolivariana de Venezuela exhorta al Gobierno de los Estados Unidos para que asuma un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales, abandone enfoques unilaterales y avance hacia una etapa de respeto recíproco, diálogo franco basado en la soberanía, la no injerencia y el beneficio compartido de nuestras naciones».
El exhorto lo realizó este sábado 21 de febrero el Gobierno nacional, luego que el régimen de Estados Unidos, EEUU, prorrogara por otro año las sanciones impuestas el 8 de marzo de 2015, por el entonces mandatario, Barack Obama, en la Orden Ejecutiva 13692, en donde declara a Venezuela como una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria”.
A través de un comunicado emitido por la cancillería, el Gobierno nacional, denuncia que: «La persistencia de esta medida, nacida bajo premisas políticas que no se corresponden con la realidad, solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los verdaderos vínculos históricos, culturales y humanos que deben prevalecer entre el pueblo venezolano y el estadounidense».
Venezuela recuerda en el texto, que la Orden Ejecutiva 13.692, desde su origen, «fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional, calificando de manera insólita a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria”.
«Once años después, la realidad confirma lo que la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo», agrega el texto.
Vale destacar que informes públicos de Inteligencia gringa demuestran que Venezuela nunca ha sido amenaza para EEUU.
Por el contrario, EEUU si resultó ser una amenaza para Venezuela; pues la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, violando el Derecho Internacional y normas internacionales, tropas estadounidenses bombardearon zonas pobladas de Caracas, Miranda, La Guaira y Aragua, asesinando a su paso a más de 100 personas. Los invasores yanquis ejecutaron además el secuestro del mandatario constitucional Nicolás Maduro, y de su esposa y diputada a la Asamblea Nacional, AN, Cilia Flores.
En sus bombardeos contra la nación, los invasores yanquis además usaron en sus ataques un arma sin precedente, tipo sónica, al que el mandatario Donald Trump denominó el 24 de enero, como el “The Discombobulator” (El Desconcertante).
Después de atacar militarmente a Venezuela y de secuestrar al presidente constitucional y legítimo, Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump ha emitido una serie de licencias levantando una serie de las restricciones que ellos mismos de manera unilateral impusieron durante más de 10 años contra el sector de hidrocarburo venezolano, en su afán de destruir la economía venezolana y derrocar al Gobierno nacional.
Vale destacar que la mayoría de estas «licencias» contemplan autorizaciones para industrias estadounidenses; pero contemplan restricciones a países que EEUU considera como sus enemigos: China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.
Tras el ataque imperial, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha destacado la vía diplomática como el camino para superar las diferencias entre ambas naciones. En ese sentido, ha mantenido encuentros con funcionarios yanqui, entre ellos el 02 de febrero con la Encargada de Negocios estadounidense de la Unidad de Asuntos para Venezuela, Laura Dogu, con quien conversó sobre energía, política, economía y comercio. Nueve días después se reunió con el secretario de Energía estadounidense, Christopher Wright, con quien acordaron «el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo, que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea efectiva, productiva, beneficiosa para ambos países y complementaria».
El 18 de febrero, Venezuela y Estados Unidos (EEUU) «acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, migración, entre otros». La información la dio a conocer ese día el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela, en su cuenta X. De esta manera los gringos acogían el plan de trabajo anunciado a finales de diciembre de 2025 por Maduro en la lucha contra el flagelo del narcotráfico.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes 13 de febrero, que planea visitar Venezuela, aunque no tiene fecha definida. Ese día se refirió a sus relaciones con Delcy Rodríguez, quien ejerce como mandataria encargada desde el sábado 3 de enero por instrucción de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras el secuestro del presidente Maduro, y aseguró que «tenemos una buena relación con la presidenta de Venezuela. Estamos trabajando muy de cerca».
A continuación texto íntegro
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la renovación de la denominada “emergencia nacional” con respecto a nuestro país, prorrogada el 18 de febrero de 2026 por el Gobierno de los Estados Unidos, en continuidad de la Orden Ejecutiva 13692, firmada el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Hussein Obama.
Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional, calificando de manera insólita a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria”. Once años después,
la realidad confirma lo que la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo.
La persistencia de esta medida, nacida bajo premisas políticas que no se corresponden con la realidad, solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los verdaderos vínculos históricos, culturales y humanos que deben prevalecer entre el
pueblo venezolano y el estadounidense.
La República Bolivariana de Venezuela exhorta al Gobierno de los Estados Unidos para que asuma un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales, abandone enfoques unilaterales y avance hacia una etapa de respeto
recíproco, diálogo franco basado en la soberanía, la no injerencia y el beneficio compartido de nuestras naciones.
Caracas, 21 de febrero de 2026.
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