Uno de los elementos que gravitó sobre esa acción judicial fue la polémica generada por las expresiones de apoyo del gobierno a Uribe mientras que diferentes voces llamaron a respetar la independencia de la CSJ, instancia que tendrá varios días para pronunciarse tras la indagatoria que tuvo lugar el 8 de octubre último.
Por su parte, varios congresistas expresaron que la necesidad de mantener la división e independencia de los poderes debe primar en la posición del gobierno nacional.
León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, afirmó que suceda lo que suceda después de la indagatoria, se habrá sentado un precedente.
Si la CSJ decide que las pruebas son suficientes para continuar el proceso y finalmente llamarlo a juicio por soborno y fraude procesal, se abrirán de par en par las puertas para que las acusaciones de fondo, las que lo implican en la conformación de grupos paramilitares y en delitos que van desde homicidios hasta masacres, comiencen a prosperar, precisó.
Aún si decide archivar el proceso porque según sus valoraciones Uribe no participó de la manipulación de testigos, la controversia continuará y las víctimas y los testigos de las acciones del expresidente seguirán apareciendo motivados por este primer llamado a indagatoria, apuntó.
Asimismo, puntualizó que el exmandatario fue el principal protagonista del periodo más oscuro de la última violencia.
Según el Registro Único de Víctimas, entre 1995 y 2005 se produjo el 67 por ciento de las ocho millones doscientas mil víctimas contabilizadas a lo largo de todo el conflicto.
En ese tiempo, detalló, Uribe fue gobernador de Antioquia -quizás el departamento más afectado por la guerra- y Presidente de la República.
Desde el 16 de agosto pasado, cuando se conoció que la Sala de Instrucción de la CSJ programó la acción para el 8 de octubre, diferentes voces instaron a contrarrestar lo que califican de calumnias y ataques desencadenados en contra del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en ese proceso judicial.
El 16 de febrero de 2018 la Sala desestimó una acusación de Uribe contra Cepeda por supuestamente acudir a las cárceles del país para buscar testigos contra él.
La Corte estudió el expediente presentado contra Cepeda y concluyó que la denuncia del exmandatario contra el congresista era improcedente.
Paralelamente dictaminó que, por el contrario, era el también senador y jefe del partido Centro Democrático, quien presuntamente había manipulado testigos para deslegitimar la labor de Cepeda.
El 24 de julio de 2018 el máximo tribunal informó de la apertura de la investigación contra Uribe por supuestamente presionar a personas con el fin de que cambiaran declaraciones en su contra.
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