En su conferencia matutina en el Palacio Nacional, el mandatario presentó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien explicó detalles de lo ocurrido en el complicado proceso judicial de la desaparición de 43 normalistas de Iguala, en Ayotzinapa, en el que después de casi cinco años no hay ningún sentenciado.
Encinas explicó que ese juez dictó una sentencia absolutoria de López Astudillo aun cuando se sabía que encabezaba el grupo criminal Guerreros Unidos en el momento de la desaparición de los 43 alumnos.
Ese individuo había declarado que nunca encontrarían a los estudiantes porque los habían convertido en polvo, pero el juez desestimó la mayoría de las piezas acusatorias y lo liberó con lo cual cerró el expediente de acusaciones contra 'El Gil', ya libre desde el sábado pasado.
Ventura Ramos estimó que no existían elementos acusatorios convincentes, desestimó 44 pruebas que incriminaban a López Astudillo, y analizó solamente 192 de los más de 700 tomos del caso, además de que argumentó que las admisiones del acusado fueron porque se le aplicó tortura a pesar de que peritos forenses y otros especialistas decretaron lo contrario.
Es algo muy grave porque es una decisión absolutoria de uno de los principales autores de la desaparición de los jóvenes lo cual se une a otros casos de liberados y puede hacerse igual con los demás implicados, advirtió Encinas quien exhortó a la Fiscalía General de la República a reencauzar el proceso judicial.
Dijo que el 26 de septiembre de 2014 fueron detenidas 142 personas vinculadas al hecho, incluidos policías militares de Iguala, pero de ellos solamente están siendo procesados 70, y al día de hoy solo subsisten 104 pruebas de las más de 600 que fueron presentadas pues han desestimado la inmensa mayoría por lo cual pueden liberar a muchos más.
Denunció que hay una indebida investigación por parte de las autoridades judiciales violatorias de la ley en beneficio de los perpetradores del crimen, pues había pruebas suficientes para sancionarlos. Se trata, dijo, de impartir justicia, no de violarla.
Anunció que el gobierno iniciará ante la Fiscalía federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de fiscales y jueces involucrados para llegar al fondo de lo que ocurre y garantizar el derecho de la víctimas y sus familiares y no como aparentemente sucede de que parece haber un pacto de jueces con los victimarios.
Insistió en que después de casi cinco años de la desaparición de los normalistas y de las miles de pruebas presentadas es insólito que no haya ninguna persona sentenciada.
En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso fue reabierto y se ha establecido una Comisión Especial para sanear ese proceso.
Las pruebas en poder de la antigua Procuraduría General apuntan a que Gildardo López Astudillo fue quien ordenó el levantamiento y asesinato de los 43 normalistas, pero aun así el juez de Tamaulipas Ventura Ramos lo absolvió.
De acuerdo con la sentencia dictada el pasado 30 de agosto por ese letrado, otros de los absueltos fueron Joaquín Lagunas Franco, El Omega; Juan de la Puente Medina y Óscar Veleros Segura, quienes estaban acusados de los delitos de delincuencia organizada. Ese mismo juez ya había liberado en septiembre de 2018 a otros ocho implicados.
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