Tales iniciativas, con el respaldo unánime de los legisladores, pretenden mitigar lo que Washington considera amenaza ruso-venezolana, limitar el acceso de Caracas a armas no letales, y aumentar la supuesta ayuda humanitaria al país suramericano.
Cada una de las propuestas, encaminadas ya hacia el Senado, fue promovida en ese orden por Debbie Wasserman Schultz, Donna Shalala y Debbie Mucarsel-Powell, representantes demócratas del sureño estado de Florida.
El primer proyecto mencionado insta al Departamento de Estado a estudiar y presentar al Congreso norteamericano medidas con el fin de limitar la cooperación militar entre Venezuela y Rusia.
Por su lado, la segunda norma prohíbe la venta a la nación suramericana de gases lacrimógenos, pelotas de goma u otro material contra disturbios, y amplía el impedimento de comerciar armas en vigencia desde 2006.
Finalmente, la última legislación dispone de 150 millones de dólares para la supuesta ayuda en 2020 y 2021.
Reiteradas veces, el Gobierno venezolano ha denunciado las acciones desestabilizadoras norteamericanas para promover el desconocimiento de las instituciones legítimas y democráticas del país latinoamericano en un intento de golpe de Estado.
Como parte de su actitud injerencista, entre varios pasos, el mandatario estadounidense, Donald Trump, reconoció el pasado 23 de enero como presidente encargado de Venezuela al titular de la Asamblea Nacional, parlamento en desacato, Juan Guaidó. Este lunes, el ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, explicó que se consumó un nuevo ataque al Sistema Eléctrico Nacional, en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa El Guri, estado de Bolívar.
Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, el titular precisó que en la mayor parte del territorio nacional ya se restableció la generación energética, y trabajan para recuperar el ciento por ciento del sistema de distribución de carga, principal área dañada.
Subrayó que la intención de la derecha es agredir, atacar y generar zozobra en la población para llegar al poder por la vía de la violencia, y así robarse todos los recursos que pertenecen a los venezolanos.
A juicio de las autoridades, este sabotaje se suma a las acciones de la oposición con el apoyo del Gobierno estadounidense para afectar los servicios básicos de la ciudadanía y crear un caos interno que justifique una intervención militar.
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