Lima, 5 mar (PL) El procurador anticorrupción peruano, Amado Enco, desestimó hoy las críticas del primer ministro, Fernando Zavala, a su decisión de pedir al Ministerio Público que investigue al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, por el posible delito de colusión.
En declaraciones a una televisora, Enco dijo que no le intimidan las declaraciones de Zavala en el sentido de que la denuncia carece de fundamento y los procuradores a cargo han actuado en forma improvisada y carentes de seriedad.
'No me intimidan las declaraciones que ha vertido el presidente del Consejo de Ministros. Si el gobierno quiere tener un procurador a su medida, que lo haga, yo no me aferro a este cargo', añadió.
Según Enco, los procuradores 'no son abogados del gobierno' y defendió la acción sobre Vizcarra con el argumento de que el Estado se perjudica con una adenda anunciada y defendida por el ministro, a un contrato para la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad surandina de Cusco, con el consorcio Kuntur Wasi.
'La adenda ha resultado altamente lesiva a los intereses del Estado y, por eso, hemos pedido la ampliación de las investigaciones', declaró el abogado.
Negó que el pedido de investigar a Vizcarra se base solo en dos fotografías comprometedoras, una del presidente de Kuntur Wasi en una reunión del partido de gobierno en la que participó el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski; y otra de la viceministra de Transportes Fiorella Mollineli, con el expresidente neoliberal chileno Sebastián Piñera, que tiene intereses empresariales en Kuntur Wasi.
Enco señaló que los fundamentos ocupan 20 páginas y que como procurado seguirá actuando con 'absoluta autonomía, sin importar quienes sean los que se vean involucrados en hechos que ameriten ser investigados por temas de corrupción'.
'Si a alguien no le parece, nuestro cargo siempre está a disposición, nosotros no tenemos ningún problema. Si quieren hacer cambio de procuradores que lo hagan, pero nosotros vamos a trabajar bajo esa línea hasta último día que estemos en el cargo', añadió.
Agregó que el perjuicio al Estado se da en la adenda porque el gobierno benefició al consorcio disponiendo el aporte de 265 millones de dólares para financiar la obra en más de 80 por ciento, echándole un salvavidas a Kuntur Wasi, que no había cumplido la obligación contractual de conseguir el financiamiento.
De otro lado, el presidente Kuczynski, en declaraciones al diario La República señaló que él tomó la decisión de aportar fondos al proyecto, tras su elección como jefe de Estado.
'Me pareció que no había suficiente capital y por eso es que la factura de intereses era tan alta y dije hay que poner más capital, y eso se ha hecho', dijo.
El problema motivó la convocatoria a Vizcarra a una interpelación en el parlamento, unicameral que puede censurarlo (equivalente a destitución) si sus respuestas no son satisfactorias.
De otro lado, otra procuradora anticorrupción pidió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que investigue depósitos de la empresa brasileña Odebrecht -que ha admitido el pago de sobornos en Perú- a una empresa vinculada a Kuczynski.
El gobernante negó de otro lado haber recibido soborno alguno por el contrato con Odebrecht para la construcción de una carretera a Brasil cuando era ministro de Economía del gobierno del neoliberal Alejandro Toledo (2001-06), quien fue sobornado por esa obra, según ha reconocido la empresa y tiene aquí orden de captura y se encuentra en Estados Unidos.
mgt/mrs
'No me intimidan las declaraciones que ha vertido el presidente del Consejo de Ministros. Si el gobierno quiere tener un procurador a su medida, que lo haga, yo no me aferro a este cargo', añadió.
Según Enco, los procuradores 'no son abogados del gobierno' y defendió la acción sobre Vizcarra con el argumento de que el Estado se perjudica con una adenda anunciada y defendida por el ministro, a un contrato para la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad surandina de Cusco, con el consorcio Kuntur Wasi.
'La adenda ha resultado altamente lesiva a los intereses del Estado y, por eso, hemos pedido la ampliación de las investigaciones', declaró el abogado.
Negó que el pedido de investigar a Vizcarra se base solo en dos fotografías comprometedoras, una del presidente de Kuntur Wasi en una reunión del partido de gobierno en la que participó el jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski; y otra de la viceministra de Transportes Fiorella Mollineli, con el expresidente neoliberal chileno Sebastián Piñera, que tiene intereses empresariales en Kuntur Wasi.
Enco señaló que los fundamentos ocupan 20 páginas y que como procurado seguirá actuando con 'absoluta autonomía, sin importar quienes sean los que se vean involucrados en hechos que ameriten ser investigados por temas de corrupción'.
'Si a alguien no le parece, nuestro cargo siempre está a disposición, nosotros no tenemos ningún problema. Si quieren hacer cambio de procuradores que lo hagan, pero nosotros vamos a trabajar bajo esa línea hasta último día que estemos en el cargo', añadió.
Agregó que el perjuicio al Estado se da en la adenda porque el gobierno benefició al consorcio disponiendo el aporte de 265 millones de dólares para financiar la obra en más de 80 por ciento, echándole un salvavidas a Kuntur Wasi, que no había cumplido la obligación contractual de conseguir el financiamiento.
De otro lado, el presidente Kuczynski, en declaraciones al diario La República señaló que él tomó la decisión de aportar fondos al proyecto, tras su elección como jefe de Estado.
'Me pareció que no había suficiente capital y por eso es que la factura de intereses era tan alta y dije hay que poner más capital, y eso se ha hecho', dijo.
El problema motivó la convocatoria a Vizcarra a una interpelación en el parlamento, unicameral que puede censurarlo (equivalente a destitución) si sus respuestas no son satisfactorias.
De otro lado, otra procuradora anticorrupción pidió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que investigue depósitos de la empresa brasileña Odebrecht -que ha admitido el pago de sobornos en Perú- a una empresa vinculada a Kuczynski.
El gobernante negó de otro lado haber recibido soborno alguno por el contrato con Odebrecht para la construcción de una carretera a Brasil cuando era ministro de Economía del gobierno del neoliberal Alejandro Toledo (2001-06), quien fue sobornado por esa obra, según ha reconocido la empresa y tiene aquí orden de captura y se encuentra en Estados Unidos.
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