En el futuro próximo los servicios especiales de EE.UU. tendrán derecho a 'hackear' cualquier computadora en cualquier lugar del mundo.
Si el Congreso no lo impide, el próximo 1 de diciembre la legislación estadounidense podría incrementar la capacidad de las agencias de Inteligencia del país para intervenir computadoras de todo el mundo, informa la Fundación Fronteras Electrónicas (EFF por sus siglas en inglés). Este aumento de competencias sería posible mediante una modificación de la llamada Regla 41 del Reglamento Federal de Procedimientos Criminales, que autoriza a los jueces federales a emitir órdenes sobre inspecciones e incautaciones.
Actualmente existen ciertas limitaciones, la más importante de las cuales es que las autoridades de EE.UU. deben obtener una orden de un juez en la jurisdicción donde quieren llevar a cabo una inspección, excepto en circunstancias especiales. Sin embargo, las adendas a la Regla 41 permitirían al Gobierno solicitar órdenes judiciales para realizar inspecciones de ordenadores localizados en otras jurisdicciones.
La ley afectará especialmente a los usuarios de tecnologías de protección de la privacidad como VPN y el navegador Tor. También a los 'botnets', redes de computadores que pueden estar ubicadas en varias regiones al mismo tiempo.
Si el Congreso no actúa para evitar que las modificaciones entren en vigor, los agentes del Gobierno estadounidense ampliarán sus posibilidades de acceder a información confidencial en cualquier computadora. Si un usuario oculta su ubicación, el tribunal autorizará el 'hackeo' de su ordenador.
En muchos casos los jueces podrían firmar órdenes judiciales para computadoras ubicadas fuera de EE.UU., independientemente de si están protegidas por la legislación local o no. La Regla 41 otorga la oportunidad de inspeccionar miles de ordenadores con una sola orden, lo que viola no solo la Constitución de EE.UU. sino también la legislación internacional de Derechos Humanos.
La decisión del Congreso avalaría el derecho de Washington a intervenir en los asuntos internos de otros Estados. No obstante, según las normas existentes, la información obtenida de esta manera no puede servir de prueba ante un tribunal. Pero si los legisladores estadounidenses tienen ganas de cambiar esto, ¿quién va a detenerlos?, preguntan los activistas.
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